El juez Ruz la imputó por usar de forma irregular a una empresa pantalla, MR & Asociados, administrada por ella y dedicada al negocio de la comunicación y organización de eventos. Su empresa actuó como pantalla en la celebración del Congreso de Parques y Jardines Públicos, celebrado en 2004 en Pozuelo de Alarcón (Madrid), para ocultar que el verdadero adjudicatario de la organización del evento era Francisco Correa. Además, emitió facturas falsas y cobró comisiones. La Fiscalía pedía para ella dos años y nueve meses de cárcel por prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.