Tras la sentencia de un Juzgado Social en el que queda probado el acoso laboral sufrido en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) por la trabajadora municipal Ana María Garrido, testigo de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel, los grupos de la oposición han exigido responsabilidades políticas ante la gravedad de los hechos.

El PSOE pide el cese del edil acosador
Desde el PSOE han recordado que "todo el equipo de gobierno del Partido Popular ha negado que esta situación fuera real y ha descalificado a la trabajadora y a los que, como el Partido Socialista, hemos creído desde el primer día que el acoso era real, como ha quedado probado". En cuanto al concejal Adolfo Arias que según la sentencia hostigó a la funcionaria, los socialistas le reclaman que renuncie al cargo o que el alcalde, Antonio González Terol, le cese "inmediatamente" porque de lo contrario "uniría su destino político al de este concejal" al que ha arropado desde que estalló el caso, según ha declarado Cristina de Lara, secretaria general del PSOE de Boadilla.

El alcalde mantuvo que todo era mentira
De hecho, en este vídeo de un pleno del 20 de septiembre se puede ver a González Terol insinuando que la de Garrido era una "denuncia falsa" y presentándose como una víctima del caso por "proteger" a alguien, aludiendo así a su propio concejal, condenado ahora por acoso.

https://www.youtube.com/watch?v=8dUAds--N2U&feature=youtu.be

Alternativa por Boadilla ve al alcalde totalmente quemado
Mientras, los cuatro concejales de Alternativa por Boadilla (APB) van más allá al reclamar la dimisión del alcalde por la protección que ha hecho de su concejal en lugar de a la funcionaria municipal. Además, exigen a la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, el cese inmediato de González Terol "de todos sus puestos en el PP de Madrid" y al presidente regional, Ignacio González, que le inste a abandonar su cargo de diputado de la Asamblea de Madrid.

¿Cuánto va a costar al municipio el acoso del PP a Garrido?
"Los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Boadilla son de extrema gravedad desde un punto de vista democrático, suponen otro escándalo intolerable en una de las Administraciones Públicas foco de la corrupción nacional y coloca a este Consistorio una vez más en la crónica negra de sucesos para el Partido Popular", alertan desde APB. También instan a que el concejal Alfonso Arias Javaloyes, "al que la sentencia señala artífice del acoso, y que además es secretario general del PP en el distrito Moncloa-Aravaca", abandone sus cargos. La formación reclama asimismo saber cuánto dinero del Ayuntamiento -que ahora debe pagar casi 100.000 a la trabajadora por el acoso- se ha gastado en el juicio perdido.