Los informes que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acaba de entregar al juez Pablo Ruz, instructor tanto del caso Gürtel como de la causa separada por la contabilidad B en el PP, constatan cómo operaba la trama en connivencia con cargos del partido. Una estructura en toda regla de facturas infladas y falseadas, contratos a dedo saltándose la ley, regalos, comisiones… La mayor parte de los tejemanejes ya habían visto la luz en algún momento de la investigación policial y judicial, y ahora en parte la noticia está en sonoras exclusiones.

Un acto muy revelador…
Pero otros detalles que aparecen en los informes no se conocían hasta ahora y aunque supongan cantidades más modestas que las que las que manejaba habitualmente la trama, tienen un carácter revelador: tanto del modus operandi de la organización corrupta como de ciertas paradojas del destino que se hacen visibles cuando se sobrepasan todos los límites éticos. Es el caso de la investigación que ha llevado a cabo la Policía en torno a un curioso acto que tuvo lugar el 26 de enero de 2005 en Móstoles (Madrid).

… para hablar de persecuciones sin descanso a los delincuentes
Aquel día, la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre presentó el primer helicóptero de apoyo de las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid (BESCAM) como una pieza esencial en la prevención de delitos y en la intervención rápida ante ellos. Aquel aparato representaba “un paso firme y decidido a favor de la protección integral de los ciudadanos de Móstoles para que no puedan escapar los delincuentes cuando la policía les esté persiguiendo”, proclamó Aguirre. A su lado, el entonces consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, aquel que se pasó a las filas del marianismo antes de que estallara la guerra del PP por el control de Caja Madrid y el consiguiente escándalo del espionaje interno.

Presentación fraudulenta con contratos fraccionados
La presentación de aquel helicóptero a bombo y platillo contó con la fanfarria habitual de estas ocasiones en cuanto a tarimas, carpas, escenarios, iluminación… todo ello organizado por empresas vinculadas a Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel. El informe de la UDEF advierte de que el montaje del acto se fraccionó con encargos a dos empresas diferentes de la trama (Good & Better y Down Town Consulting) y dos organismos públicos distintos como pagadores para saltarse la ley y que el Gobierno del PP de Madrid pudiera así adjudicarlo a dedo.

Así, primero la trama de Correa hizo una evaluación de costes que cifró en 10.217 euros, aunque facturó 16.525 euros, es decir, con un beneficio para ellos del 38,17% -fuentes empresariales consultadas apuntan a que el beneficio industrial habitual en estos casos está en el entorno del 20%, por lo que se estaban moviendo en un margen de casi el doble-.

El puzle de las facturas
El informe de la UDEF subraya que el “coste previsto” por la trama de 16.525,12 euros fue facturado en dos pagos fraccionados: el primero por valor de 7.895 euros a través de Good & Better (el pago lo asumió la consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid) y el segundo, que ascendía a 8.660 euros para cuadrar así la cuenta, la emitió la sociedad Down Town Consulting a cargo de otro organismo regional, el Instituto Superior de Estudios de Seguridad. La conclusión del informe de la UDEF es contundente a la hora de explicar por qué se actuó así: “[facturas] por importes inferiores a 12.020 euros al objeto de eludir el correspondiente procedimiento de contratación y presentando las mismas términos similares en su concepto ‘Colocación y enmoquetado de un escenario de tarima. Trasporte, montar y desmontar’ por ‘Tarima enmoquetada. Montaje y desmontaje’.

El informe advierte de que en la factura que pagó Instituto Superior de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Madrid “se omite en su concepto el acto en sí al cual está destinado”. Es decir, en ningún momento se alude a la presentación del helicóptero sino que el concepto es un genérico disfraz llamado “alquiler de carpa”. La Policía ha tenido que encajar todas estas piezas como si de un puzle se tratara. Fuentes jurídicas consultadas por el ELPLURAL.COM apuntan que estas irregularidades constatadas por la UDEF podrían suponer delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos que no habrían prescrito –lo hacen a los diez años y han pasado nueve-.

El sonoro batacazo de aquel vehículo
No acaba ahí el periplo de ese helicóptero. Poco después de su fraudulenta presentación, concretamente el 1 de diciembre de aquel 2005, el aparato llamado a perseguir delincuentes desde el cielo emprendía vuelo de nuevo en otro acto con fuerte cobertura mediática, con Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre en su interior. Nada más despegar, aquel modelo biturbina Bell 206 Twin Ranger de fabricación estadounidense se venía abajo. El susto, el aparatoso rescate de los ocupantes del vehículo siniestrado, la fractura en un dedo de Rajoy, la aparente salida indemne de Aguirre… todos esos detalles hicieron correr ríos de tinta en los medios. Ahora, gracias a la labor de la Policía y no precisamente desde las alturas sino en tierra con horas y horas de investigación, sabemos que el vuelo torcido de aquel helicóptero había empezado unos meses antes.