Rita Barberá dimitió el pasado viernes como alcaldesa de Valencia para evitar entregar el bastón de mando a Joan Ribó, de Compromís. Las malas formas de su adiós han sido muy comentadas, pero de lo que no se ha hablado es del regalo envenenado que dejó pocos días antes de abandonar el cargo con una resolución conocida pero que había pasado desapercibida con la vorágine electoral y que representa un nuevo ataque a los hijos ancianos de Teófilo Alcorisa, represaliado del franquismo y enterrado en una fosa común del cementerio General de Valencia. Tras seis años bloqueando su exhumación, lo que hizo a sus hijos perder la subvención concedida por el Gobierno de Zapatero para dicha actuación, el Ayuntamiento ordenó el 29 de abril que se abra la fosa y se saquen los restos de Alcorisa, pero también que se cobre a la familia, sí o sí, los gastos de la exhumación, que rondarían los 45.000 euros. Una cantidad de la que no disponen.

Teófilo Alcorisa fue detenido por la Guardia Civil en 1947, cuando fueron a casa a buscar a su hijo, guerrillero republicano. Al no encontrarle, se llevaron al padre, que una semana después moría víctima de las torturas y palizas, aunque los agentes alegaron que le habían encontrado ahorcado en su celda, con los cordones de sus albarcas. El paradero de sus restos fue un misterio hasta 2006, cuando la asociación La Gavilla Verde y el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH), Matías Alonso, localizaron sus restos en una fosa común, tras dos años de investigación.

Pérdida de la subvención
A finales de 2009, el Ministerio de Presidencia concedió a Pilar Alcorisa, hija de Teófilo, una subvención para recuperar los restos, en el marco de la Ley de Memoria Histórica, pero el Ayuntamiento de Rita Barberá comenzó a poner todo tipo de obstáculos legales, como la “complejidad técnica” de la exhumación. El bloqueo provocó que los hijos de Alcorisa tuvieran que devolver al Gobierno la subvención, algo que hizo intervenir al Síndic de Greuges (defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana), José Cholbi, que calificó de “injusta” la pérdida de la ayuda "debido a la demora en la resolución del expediente administrativo" por parte del Ayuntamiento.

Pagarán los hijos
Además de esta actuación del Síndic, el Comité de desapariciones forzadas de la ONU abrió una investigación, y la familia denunció al Ayuntamiento al juzgado, con la ayuda legal gratuita de Baltasar Garzón. Acciones que hicieron cambiar la estrategia de Rita Barberá: ahora sí permitiría la exhumación, pero serían los hijos de Alcorisa, en concreto Pilar, quienes tendrían que pagarla. Los pocos hijos que quedan, porque de cinco ya han fallecido dos y los restantes rondan los ochenta años de edad.

“Tasas administrativas incluidas”
Sin embargo, la familia siguió recurriendo las decisiones del Ayuntamiento para reclamar su derecho a recuperar con la ayuda de la Administración unos restos que fueron enterrados por el Estado. Pero la última decisión de Barberá, poco antes de celebrarse las elecciones, parece definitiva: les conmina a pedir al Instituto de Medicina Legal que inicie los trabajos. Si lo hacen, se procederá a la exhumación. Y si no quieren hacerlo o el Instituto se niega, la Contrata Municipal de Cementerios se encargará de las labores. “En ambos casos, los costos económicos devengados, tasas administrativas incluidas, serán en su totalidad a cargo de los interesados”, señala el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. Unos gastos que, según el GRMH y como aceptó el Síndic, ascienden  a 44.322,27 euros.

Un rayo de esperanza
“¿Qué van a hacer? ¿Embargarle la casa a Pilar, que con su pensión no puede pagar esa cantidad?”, se pregunta Alonso, en conversación con ELPLURAL.COM, quien espera que aún se pueda solucionar “lo que Rita lleva seis años bloqueando”.