La CUP quiere llevar al gobierno de Quim Torra al pasado, concretamente a la pantalla de finales de 2016, cuando tras negarse a negociar los presupuestos para aquel ejercicio, los anti sistema abrieron la puerta a Carles Puigdemont para dar luz verde a los presupuestos de 2017 si estos contemplaban la celebración  del referéndum sin pedir permiso a nadie. La CUP, que se pasó a la oposición con la investidura de Torra, quiere volver a ser la mano que mece el proceso, por eso ha anunciado su predisposición a apoyar los presupuestos para 2020 siempre y cuando el gobierno de la Generalitat recupere la vía unilateral, el rumbo de colisión con el Estado.

Los presupuestos de 2017 fueron los últimos que consiguió aprobar el gobierno de la Generalitat, fueron los presupuestos de la partida económica para el referéndum, consignada bajo referencia generalista sobre consultas sobre el futuro de Cataluña, tras ser advertido el Parlament por el Consejo de Garantías Estatutarias de la inconstitucionalidad de dicho propósito. La CUP le prestó a JxSí dos votos, a pesar de criticar las cuentas por no ser sociales, pero satisfechos por el compromiso de Puigdemont de convocar un referéndum, advirtiendo, de paso, que no aceptaría ninguna prolongación presupuestaria autonómica más allá del 2017, aunque ahora parecen estar dispuestos a rectificar esta actitud.

También Oriol Junqueras, cuando ejercía la doble figura de socio del gobierno Mas y de jefe de la oposición, había advertido con ocasión de la aprobación de los presupuestos de 2015 que aquellos debían ser los últimos presupuestos autonómicos de la Generalitat. Al año siguiente, en su primer intento por aprobar unos presupuestos como responsable de Economía del gobierno de Puigdemont, fracasó porque los anticapitalistas se negaron a apoyarlos alegando que no eran “unos presupuestos para la desobediencia”, sino todo lo contrario, dado que respetaban el objetivo de déficit impuesto por el gobierno del PP. Luego Puigdemont cedió a las presiones de la CUP y Junqueras pudo ver aprobadas las cuentas de 2017.

La CUP pretende repetir la jugada, tras dos ejercicios de prórroga presupuestaria y cuando se ha hecho evidente por parte de Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, que el gobierno catalán no puede seguir como si tal cosa con unos presupuestos de hace dos años. Sin presupuestos habría que pensar en elecciones. “Si acordamos el rumbo hacia la autodeterminación, no tendremos problemas para acordar los presupuestos de 2020”, ha dicho el portavoz de la CUP, Carles Riera. La maniobra desde la perspectiva de los antisistema es la misma: reconducir a la senda de tensión a un gobierno timorato, a su juicio.

Sin embargo, la situación en 2019 no es exactamente la misma que en primavera de 2017. A estas alturas, el desenlace de los hechos de aquel otoño son asumidos como un desastre, implícitamente por la mayoría, aun a falta de una declaración formal que difícilmente llegará por iniciativa de Torra o Puigdemont, muy fieles a la retórica de la república encantada. El plan de la CUP (proceso de acumulación de fuerzas para reencontrar el camino de la unilateralidad, tensando y reescalando el conflicto) solo obtiene un cierto apoyo de la ANC y de una parte de JxCat. ERC y PDeCat vienen manifestando su intención de avanzar por otra vía, la de la negociación institucional que solo entienden posible con un gobierno de izquierdas en la Moncloa.

También en 2017, en el seno de JxSi existía cierta resistencia a aceptar las condiciones de la CUP para aprobar los presupuestos; sobre todo entre los diputados (pocos) procedentes de la antigua CDC que habían visto como los anticapitalistas mandaban a la papelera de la historia a Artur Mas para encumbrar a Carles Puigdemont. Nada comparable a las actuales diferencias manifiestas entre ERC y el sector más irredento del independentismo formado hoy por hoy por el legitimismo de Puigdemont, los intelectuales decepcionados con la gestión post 1-O, la ANC, la CUP y los CDR, los encargados de señalar por carreteras y plazas a los tibios republicanos y ex convergentes como “traidores al pueblo”.

En este escenario de planes y expectativas contradictorias, la negociación del presupuesto se vislumbra muy compleja, incluso se puede dudar de la capacidad de Torra de aceptar la presión de la CUP contrariando abiertamente y substancialmente el discurso de ERC. Para complicar todavía más la situación, el PSC se ofreció hace unos días a estudiar el borrador de presupuesto que está preparando el republicano Aragonés, suponiendo que en el documento no se contemplen actuaciones que incumplan el Estatuto y la Constitución. Y finalmente siempre habrá una oferta de los Comunes para intentar sacar adelante unos presupuestos, aunque tampoco el partido de Ada Colau va a dar alas al cambio de rumbo pretendido por la CUP.

Todos estos movimientos veraniegos quedan condicionados, como siempre, al desarrollo de la manifestación del 11 de septiembre y este curso además, a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo. El portavoz de la CUP ha hecho público su deseo para el día después de la sentencia: una oleada de protestas superior a las vividas el 1 y el 3 de octubre de 2017 para arrastrar a los partidos e instituciones a la vía unilateral. Casi lo mismo que pretende la ANC, aunque su presidenta, Elisenda Paluzie, ha matizado tanto las críticas a ERC (que dice no compartir) como su concepción de la unilateralidad; ésta vía solo será transitable después de una mayoría electoral absoluta en número de votos, eso afirmó en la SER Cataluña..