La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga las circunstancias de salud pública en las que se celebró la manifestación del 8-M en Madrid, ha emitido un escrito al Ministerio del Interior en el que respalda la actuación del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el destituido Diego Pérez de los Cobos, por no informar a la Dirección General de este Cuerpo y al ministro de las pesquisas encargadas por la magistrada.

Curiosamente, Carmen Rodríguez-Medel fue en su momento una de las apuestas del ministro Grande-Marlaska para dirigir la Guardia Civil, un puesto que finalmente ocupó la socialista María Gámez.

La orden de la jueza fue que sólo se le informara a ella

En su escrito, la instructora del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid señala que dio “orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas”, e insiste en que dio orden para que “sólo se informara a esta magistrada-juez”.

La destitución de Pérez de los Cobos

El escrito de la jueza llega después de conocerse la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Pérez de los Cobos, máximo responsable de la investigación sobre las actuaciones de miembros del Gobierno en torno a la celebración del Día de la Mujer, cuando ya tenía constancia del brote de coronavirus. La propuesta salió de la directora general del Instituto Armado, María Gámez.

La Ley que ampara la decisión de la jueza

La jueza ampara su exigencia de reserva con la información en la Ley 769, de 1987, sobre la regulación de la Policía Judicial, que establece las formas en las que se debe realizar las investigaciones encomendadas por autoridades de la Justicia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Es cierto que en el Real Decreto se establece, en su Artículo 12, que los “referidos funcionarios policiales informarán de la evolución de sus investigaciones y rendirán cumplida cuenta del resultado final de su actuación” al juez o fiscal “que las hubiere ordenado, en los términos y forma que la misma haya dispuesto”. Esto sustenta “la orden” que dio Carmen Rodríguez-Medel a los investigadores para que “sólo se informara a esta magistrada-juez”.

La Ley fija que la Policía Judicial “desarrollará bajo la dependencia funcional directa de los Jueces y Tribunales y del Ministerio Fiscal, funciones de averiguación del delito”, incluso (según dice el Artículo 11) aunque “las instrucciones de carácter técnico que obtuvieren de sus superiores policiales inmediatos puedan contradecir las primeras”, es decir las órdenes de jueces y fiscales.

“Lo habitual es que se informe”

A pesar del sustento legal de las razones de la jueza, su orden ha sorprendido a agentes en diferentes estamentos de la Guardia Civil consultados por El Plural, que coinciden en señalar que “lo habitual” es que se informe a la cúpula de las investigaciones.

Una orden del DAO dice que se comuniquen todas las pesquisas

Según apuntan esas fuentes, desde la Dirección Adjunta Operación (DAO), el departamento que hasta ahora ha dirigido precisamente Diego Pérez de los Cobos, existe una instrucción, que viene de tiempos de Mariano Rajoy y que se sigue aplicando, en la que se ordena “remitir antes de las 11:00 horas de cada miércoles” una “breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente indicando”: nombre de la operación y unidades participante, concepto, fecha e “implicaciones de cargos públicos, personas y de registros de sedes oficiales”.

Orden de la DAO para que se informe de todas las investigaciones

La ley también prevée la comunicación interna

La información de las investigaciones con carácter judicial que se lleven a cabo dentro de la Guardia Civil a la cúpula también está prevista en la mencionada Ley sobre la regulación de la Policía Judicial, en su Artículo 15.

En el mismo, se dice que “los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas”, pero “la obligación de reserva no impedirá, salvo prohibición expresa del Juez o Fiscal competentes, el intercambio interno de información dentro de la Unidad Orgánica para la mejor coordinación y eficacia de los servicios”.

En el caso que nos ocupa, la jueza dio “la orden” de comunicar los resultados de la investigación “sólo” a ella.