El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado por pertenencia a organización terrorista a los trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) vinculados a la Operación Judas, desarrollada en septiembre de 2019, y a nueve de ellos, además, por un delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.
En su auto, el juez García Castellón considera que este grupo formaba el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por individuos de diferentes CDR, entre los que se encuentran los procesados, que “evidencian una gran radicalidad” y a la que se les habían encargado acciones más sensibles, por su mayor predisposición y fidelidad "a la causa" independentista.
Según el juez, los procesados comparten principios ideológicos favorables a la independencia de Cataluña y el activismo radical para conseguirla. Los procesados por pertenencia a organización terrorista son Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero. Los que suman a ese delito el de tenencia, depósito así como fabricación de sustancias o apartaros explosivos e inflamables o de sus componentes, de carácter terrorista, son Eduardo Garzón, Esther Garcia Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva Rocabruna, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina Barberan, Jordi Ros sola, Guillem Xavier Duch Palau y Rafael Joaquín Delgado López.
El juez de la Audiencia Nacional explica que los miembros del grupo tuvieron una participación activa en las acciones de los CDR en los cortes de carretera, vertido de aceite la calzada de la C-55, en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners o el levantamiento de las barreras de los peajes.
A las órdenes de un "CNI catalán"
Los procesados participaron también en el desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, asumiendo el encargo recibido de un denominado "CNI catalán” para que aportasen infraestructura logística para ocupar el Parlament, cuando se dictase la sentencia del 'procés', y defenderlo posteriormente.
El auto judicial explica que la ocupación del Parlament se realizaría por la puerta principal porque, supuestamente, se les facilitaría el acceso desde el interior. Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el grupo denominado “CNI”, y se encargarían del alquiler de inmuebles y locales para dar seguridad y establecer bases de "intendencia". La idea era permanecer en el interior del edificio al menos una semana, con la instalación de antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, con presupuesto de unos 6.000 euros.
Atentar contra instituciones del Estado
El magistrado señala que los investigados, como miembros del ERT, “habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra la Comandancia Naval, el Gobierno Militar, la Delegación de Gobierno y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil. Además, miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión, instalaciones en autopistas, peajes y el propio Parlament.
