La Unión Europea ha abierto margen excepcional en sus reglas presupuestarias para facilitar el aumento del gasto en defensa, en una decisión que responde al cambio del entorno de seguridad europeo, marcado por la guerra de Ucrania, el refuerzo militar de Rusia y la presión para que los países europeos asuman una mayor parte de su defensa que también se viene dando desde la OTAN. No supone suspender el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero sí permitir una desviación temporal y limitada de las sendas fiscales aprobadas por Bruselas, y la herramienta elegida para ella ha sido la cláusula de salvaguardia nacional. El Consejo de la UE la ha activado para 18 Estados miembros, entre ellos España, Alemania, Italia, Polonia, Portugal y los países bálticos.
Este mecanismo permite a los gobiernos superar temporalmente los límites de gasto fijados en sus planes fiscales cuando ese incremento está relacionado con la defensa. La flexibilidad se extiende durante cuatro años, desde 2025 hasta 2028, y permite un exceso anual de hasta el 1,5% del PIB. Ese porcentaje, sin embargo, no equivale a un cheque en blanco: el aumento de gasto que queda cubierto por la cláusula debe estar vinculado a la defensa y las demás reglas presupuestarias continúan vigentes. La Comisión y el Consejo mantienen además la vigilancia sobre la sostenibilidad de la deuda. El objetivo es que los países puedan acelerar sus inversiones militares sin que el esfuerzo adicional implique automáticamente un incumplimiento de las normas europeas.
Para España, la activación de la cláusula llegó el pasado junio. El Consejo aprobó entonces una flexibilidad máxima del 1,5% del PIB durante cuatro años. Madrid ya había elevado su gasto en seguridad y defensa y alcanzó en 2025 el 2% del PIB según la metodología utilizada por el Gobierno. En 2025, además, España acordó con la OTAN un objetivo específico del 2,1% del PIB para cubrir las capacidades que la Alianza considera necesarias para el país. El margen europeo adquiere mayor importancia después del acuerdo alcanzado por los aliados de la OTAN en la cumbre de La Haya de 2025, cuando los países miembros se comprometieron a elevar progresivamente su inversión hasta el 5% del PIB anual en 2035. La cifra se divide en (al menos) un 3,5% destinado a las necesidades militares esenciales y hasta un 1,5% para ámbitos relacionados con la seguridad y derivados. En el caso del Gobierno de España, este mecanismo juega en una zona gris con respecto a lo defendido por el Ejecutivo progresista: Pedro Sánchez dijo en su momento que no quería que el aumento del gasto en defensa supusiera una afección en los presupuestos sociales, pero este incremento estaría avalado por el organismo supranacional en caso de que España tuviera que aplicarlo.
Deudas, déficits e inversiones
La decisión europea trata de resolver una parte del problema que plantea ese aumento, que no es otro que el hecho de que los gobiernos necesitan gastar más en un momento en el que muchos ya arrastran elevados niveles de deuda y déficits que limitan su capacidad presupuestaria. Sin cierta flexibilidad, incrementar rápidamente las partidas militares podría obligar a recortar otros gastos, aumentar impuestos o incumplir las sendas fiscales pactadas con Bruselas. El mecanismo, sin embargo, también introduce un debate sobre el futuro de las cuentas públicas: la propia Comisión Europea advierte de que el incremento del gasto en defensa ejercerá presión sobre la deuda durante los próximos años. Por ello, la flexibilidad permite ganar tiempo para realizar inversiones que requieren varios ejercicios, pero no hace desaparecer el coste de esas decisiones. Una vez termine el periodo de excepción, los Estados tendrán que mantener niveles de gasto militar más elevados dentro de sus presupuestos ordinarios, sin la exención.
Este nuevo marco, a su vez, forma parte de una estrategia europea más amplia. Bruselas ha acompañado la flexibilización nacional con instrumentos destinados a facilitar inversiones conjuntas y reforzar la industria militar europea. Entre ellos figura SAFE, que puede proporcionar hasta 150.000 millones de euros en préstamos para adquisiciones de defensa. La intención es que el aumento del gasto no se limite a comprar más material, sino que contribuya también a ampliar la capacidad industrial y tecnológica europea. La urgencia de aplicar estos nuevos límites procede, en buena medida, de lo que preocupa la evolución de la guerra en Ucrania en las oficinas centrales de Bruselas y de la percepción de que Europa necesita aumentar su capacidad para actuar con mayor autonomía. Los gobiernos europeos han incrementado sus presupuestos de defensa y la OTAN calcula que los aliados europeos y Canadá elevaron conjuntamente su gasto militar básico casi un 20% en términos reales en 2025 respecto al año anterior.
Sometido también a decisiones locales
Pero el aumento del gasto también plantea decisiones políticas dentro de cada país. Los presupuestos deberán determinar cuánto dinero se destina a defensa y de dónde procede. La flexibilidad europea facilita el esfuerzo, pero no decide qué partidas nacionales deben asumir el coste. En Estados con deuda elevada, esa discusión puede ser especialmente relevante, porque un mayor déficit implica también mayores necesidades de financiación y puede aumentar la exposición a cambios en los costes de endeudamiento.
A su vez, la cláusula de salvaguardia ofrece a los gobiernos un margen temporal para afrontar esa tensión. Durante los próximos cuatro años permitirá aumentar el gasto militar sin que todo ese incremento compute de la misma manera en las restricciones fiscales, pero tras el periodo de gracia llegará la parte más compleja: integrar de forma permanente un nivel superior de gasto en defensa dentro de presupuestos que deberán seguir siendo sostenibles.
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