La tasa anunciada por Donald Trump para atravesar el estrecho de Ormuz apenas ha durado 24 horas. El presidente de Estados Unidos ha abandonado su propuesta de cobrar un 20% sobre el valor de las mercancías transportadas por la ruta marítima, pero no ha renunciado al argumento que utilizó para justificarla: Washington debe ser compensado por garantizar la seguridad de una de las principales arterias energéticas del planeta.
La fórmula elegida ya no será un gravamen directo sobre los buques. Trump asegura que el coste de la protección estadounidense quedará cubierto mediante acuerdos comerciales y de inversión con los países del Golfo. El cambio evita la aplicación de un peaje frontalmente rechazado por la industria naviera y por la Organización Marítima Internacional, pero mantiene abierta la negociación económica con unos aliados que dependen de Ormuz para exportar buena parte de su petróleo y gas.
“Tras conversaciones muy productivas con los líderes de Oriente Próximo, he decidido reemplazar la tasa de reembolso del 20% por acuerdos comerciales y de inversión”, anunció Trump en su red social. El presidente afirmó que las inversiones serían “masivas”, aunque no identificó los países implicados ni detalló cantidades, sectores, calendarios o condiciones. Tampoco aclaró si se trata de compromisos nuevos o de ampliaciones de los acuerdos anunciados anteriormente por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
Una tasa que sobrevivió un solo día
La propuesta original había sido presentada el lunes como una medida de aplicación inmediata. Trump anunció entonces que Estados Unidos retomaría el bloqueo naval de los puertos iraníes y cobraría un 20% sobre toda la carga transportada a través del estrecho. La recaudación, según explicó, serviría para cubrir los costes militares necesarios para mantener abierta y protegida la ruta.
El republicano llegó a sostener que Estados Unidos asumiría el control operativo del paso marítimo y se convertiría en una suerte de “ángel guardián” de Ormuz. Su planteamiento partía de una idea recurrente en su política exterior: los países beneficiados por el despliegue militar estadounidense deben contribuir económicamente a financiarlo. “No podemos hacer esto gratis”, afirmó al señalar que varias de las naciones dependientes del estrecho disponen de enormes recursos financieros.
Un día después, el propio Trump descartó el principio sobre el que había construido la medida. “No creo que nadie deba poder cobrar una tasa”, declaró ante los periodistas. Acto seguido, volvió a insistir en que tampoco consideraba justo que Estados Unidos asumiese por sí solo la protección de una ruta utilizada por gran parte de la economía mundial.
La retirada del peaje no supone, por tanto, el abandono de la pretensión de obtener una compensación. Modifica el mecanismo. En lugar de cobrar directamente a cada barco o a cada cargamento, la Administración estadounidense pretende trasladar la factura a los gobiernos aliados mediante inversiones en Estados Unidos, compras a empresas norteamericanas o nuevos acuerdos comerciales.
Un pago sin cifra, calendario ni firmantes
La principal incógnita afecta al contenido real de esos acuerdos. Trump no mencionó ningún compromiso concreto de las monarquías del Golfo ni presentó un documento conjunto que acreditase las inversiones. Su anuncio tampoco permite determinar si las conversaciones de las últimas horas han producido nuevos acuerdos o si la Casa Blanca incorporará a esta operación paquetes económicos negociados con anterioridad.
Esa distinción es relevante porque la Administración Trump ya atribuyó a los países de la región compromisos por billones de dólares durante 2025. La Casa Blanca anunció entonces una inversión saudí de 600.000 millones de dólares, con operaciones vinculadas a la defensa, la inteligencia artificial, la energía y las infraestructuras. Entre los acuerdos figuraba una venta de equipamiento militar estadounidense valorada en cerca de 142.000 millones.
En el caso de Qatar, Washington presentó un marco de intercambio económico valorado en al menos 1,2 billones de dólares, aunque los acuerdos comerciales concretos anunciados en aquel momento sumaban alrededor de 243.500 millones. Con Emiratos Árabes Unidos, la Casa Blanca comunicó operaciones por 200.000 millones y vinculó esa cifra a un compromiso inversor previo de 1,4 billones. La propia Administración aseguraba haber obtenido más de dos billones de dólares en acuerdos con los países de Oriente Próximo.
La nueva compensación por Ormuz se incorpora así a una relación económica ya caracterizada por grandes cifras, contratos armamentísticos, proyectos tecnológicos y compromisos de inversión a largo plazo. Sin información adicional, no es posible saber qué parte del dinero anunciado por Trump corresponderá específicamente a la seguridad del estrecho.
Ormuz no es un canal de peaje
El gravamen también planteaba un problema jurídico. A diferencia de los canales de Suez o Panamá, que son infraestructuras construidas y administradas por Estados concretos, Ormuz es un estrecho natural utilizado para la navegación internacional. La Organización Marítima Internacional sostiene que su tránsito debe mantenerse libre de tasas y que no existe una base legal para imponer un peaje obligatorio a los buques que simplemente lo atraviesan.
Tras el anuncio de Trump, el organismo de Naciones Unidas reiteró que el derecho de paso no puede ser suspendido, obstaculizado o discriminado. Su Consejo reclamó además que cualquier acuerdo regional garantice el tránsito libre de todas las embarcaciones y recordó expresamente que la navegación por el estrecho debe permanecer exenta de peajes y cargos.
La oposición no procedió únicamente de las instituciones internacionales. La naviera alemana Hapag-Lloyd, una de las mayores compañías de transporte marítimo del mundo, calificó el proyecto de “fundamentalmente equivocado”. La empresa sostuvo que las tasas pueden tener sentido en canales artificiales, pero no en aguas internacionales, y alertó de que la medida podía sentar un precedente para otras rutas estratégicas.
Una arteria energética bajo negociación
El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Por él circularon durante el primer semestre de 2025 una media de 20,9 millones de barriles diarios de petróleo y derivados, una cantidad equivalente aproximadamente al 20% del consumo mundial de combustibles líquidos. El paso también es esencial para las exportaciones de gas natural licuado de Qatar.
Su funcionamiento afecta directamente a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Irak y Bahréin. Aunque Arabia Saudí y Emiratos cuentan con algunos oleoductos capaces de evitar parcialmente el estrecho, la capacidad alternativa es insuficiente para reemplazar todo el tráfico marítimo. La interrupción de Ormuz limita las exportaciones regionales, reduce la producción y presiona al alza los precios internacionales de la energía.
Trump ha retirado el cobro directo a los buques mientras mantiene el bloqueo contra los cargamentos iraníes. Para el resto del tráfico, la protección estadounidense pasa ahora a formar parte de una negociación bilateral con los gobiernos del Golfo. La tasa del 20% desaparece antes de llegar a aplicarse, pero la Casa Blanca conserva la reclamación económica y la desvincula de un peaje jurídicamente cuestionado.
El resultado concreto dependerá de los acuerdos que Washington presente en los próximos días: qué Estados participarán, qué inversiones serán realmente nuevas, qué sectores estadounidenses recibirán el capital y qué relación contractual se establecerá entre esas operaciones y el despliegue militar en Ormuz.
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