La presencia creciente de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe ha reavivado los temores de una intervención extranjera en Venezuela. Con más de 4.500 efectivos, entre ellos 2.200 marines, desplegados en siete embarcaciones y un submarino de ataque nuclear, la administración de Donald Trump ha justificado la operación como parte de su ofensiva contra los cárteles de la droga. Sin embargo, en Caracas, el dictador Nicolás Maduro denuncia un plan de invasión al estilo Irak y moviliza a su milicia bolivariana para reforzar la defensa del territorio.
El pulso recuerda a episodios de la Guerra Fría, cuando la región fue escenario de tensiones geopolíticas entre Washington y gobiernos aliados de Moscú. Hoy, Maduro acusa a Estados Unidos de manipular el discurso antidroga para justificar lo que califica de “acción cinética” contra un país soberano. Venezuela, que presentó una queja formal ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insiste en que la concentración naval viola la carta fundacional del organismo y representa un intento propagandístico para allanar el terreno a una intervención militar.
El discurso de Caracas, no obstante, se enfrenta al escepticismo de expertos internacionales. Analistas como Christopher Sabatini, de Chatham House, sostienen que con 4.500 efectivos sería imposible ocupar un país con geografía accidentada, selvas densas y múltiples centros urbanos. A su juicio, se trata más de una operación de presión psicológica que de una estrategia real de invasión. El antecedente de 2019, cuando Washington respaldó un fallido levantamiento militar contra Maduro, alimenta la hipótesis de que Trump busca sembrar dudas en el círculo cercano del mandatario para fomentar deserciones.
La Casa Blanca, en cambio, se aferra a su narrativa de guerra contra el narcotráfico. La administración Trump sostiene que Maduro encabeza el llamado Cartel de los Soles, una organización a la que responsabiliza de inundar de cocaína el mercado estadounidense. En marzo, el Departamento de Justicia ofreció 50 millones de dólares por la captura del líder venezolano, una cifra que duplica la recompensa que en su momento se puso por Osama bin Laden. En este contexto, Trump firmó una directiva secreta que autoriza el uso de la fuerza militar contra cárteles considerados organizaciones terroristas, incluyendo a los venezolanos.
El lenguaje de Washington ha sido acompañado de un tono cada vez más agresivo por parte de figuras cercanas al expresidente. Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional, advirtió a Maduro que sus días “están seriamente contados”, mientras que el congresista Carlos Giménez celebró la “mayor presencia militar frente a las costas de Venezuela” y pidió al mandatario aceptar que su tiempo “se ha acabado”. Estas declaraciones alimentan la percepción de que, más allá del combate al narcotráfico, el verdadero objetivo es la salida forzosa de Maduro.
La respuesta venezolana ha sido inmediata y desafiante. Maduro, en un discurso a las tropas, afirmó que “no hay forma” de que las fuerzas estadounidenses entren en su territorio y aseguró que Venezuela está “más fuerte y preparada que nunca” para defender su soberanía. El gobierno ha desplegado buques de guerra y drones para patrullar la costa, mientras impulsa una campaña de reclutamiento de miles de milicianos que engrosen la defensa nacional. Con ello busca transmitir la imagen de un país dispuesto a resistir cualquier intento de intervención.
El clima de confrontación también ha alcanzado a los aliados regionales. El ministro de Exteriores de Cuba acusó a Estados Unidos de querer convertir el Caribe en “una zona de guerra”, evocando la histórica resistencia de La Habana frente a las presiones norteamericanas. Al mismo tiempo, la Casa Blanca insiste en que varios países del área han respaldado la operación naval y los esfuerzos de Trump contra las drogas, aunque no se han revelado compromisos concretos de apoyo.
El despliegue, sin embargo, no deja de ser ambiguo. Evan Ellis, especialista del US Army War College, señaló al Financial Times que la maniobra otorga a Washington capacidad de desplegar tropas rápidamente en caso de una decisión política, y su “misión lógica” podría incluir una operación de captura de Maduro para llevarlo ante la justicia. No obstante, Ellis duda de que Trump esté dispuesto a cruzar esa línea, consciente de que una acción de ese tipo podría desencadenar un conflicto regional de dimensiones imprevisibles.
Mientras tanto, la tensión alimenta el fantasma de una intervención extranjera que la región no ha visto desde la invasión de Panamá en 1989. La comparación no es menor: en aquella ocasión, el derrocamiento de Manuel Noriega se justificó también bajo el paraguas de la lucha contra el narcotráfico. Hoy, con la figura de Maduro en la mira, el paralelismo despierta recelos tanto en los gobiernos latinoamericanos como en la opinión pública internacional.
En este tablero complejo, cada movimiento parece calculado para reforzar narrativas más que para ejecutar acciones inmediatas. Para Washington, el despliegue muestra músculo militar y reafirma la imagen de Trump como un presidente que combate a las “amenazas externas” que supuestamente ponen en riesgo la seguridad interna de Estados Unidos. Para Caracas, las maniobras son la prueba de que el “imperialismo” acecha y justifican la movilización patriótica en defensa de la revolución bolivariana.
La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿es este preludio de una intervención real o apenas una partida de ajedrez geopolítico? Los expertos parece que se inclinan por lo segundo, aunque la volatilidad del escenario y la imprevisibilidad de las decisiones políticas en Washington mantienen viva la incertidumbre. Lo que sí parece claro es que la confrontación ha abierto un nuevo capítulo en la larga y conflictiva relación entre Estados Unidos y Venezuela, un pulso en el que las fronteras entre propaganda, estrategia militar y cálculo político se difuminan peligrosamente.