El expresidente de Estados Unidos Donald Trump deberá pagar 354,9 millones de dólares en multas por haber exagerado fraudulentamente su patrimonio para engañar a los prestamistas, según ha dictaminado este viernes un juez de Nueva York.
La demanda interpuesta por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusaba a Trump y a las empresas de su familia de sobrevalorar su patrimonio neto hasta en 3.600 millones de dólares al año durante una década para engañar a los banqueros y que le concedieran mejores condiciones de préstamo.
Trump, que ha negado las acusaciones y las ha tachado de "venganza política" de James, una demócrata electa, tiene previsto apelar la sentencia del juez estatal Arthur Engoron.
El caso de fraude civil podría golpear duramente al imperio inmobiliario de Trump, justo cuando el exmandatario lidera la carrera por la nominación republicana para enfrentarse al presidente demócrata, Joe Biden, en las elecciones del 5 de noviembre.
Engoron ya había fallado en septiembre que Trump había cometido fraude y había ordenado la disolución parcial de su conglomerado empresarial, una decisión que también ha sido recurrida por el expresidente.
En su testimonio de noviembre, Trump reconoció que algunos de los valores de sus propiedades eran «inexactos», pero alegó que los bancos debían hacer su propia investigación.
El juez ha decidido además que Trump no podrá solicitar préstamos durante tres años en el estado, mientras que ha nombrado a un cargo independiente para vigilar los resultados financieros de la empresa, según ha recogido la cadena CNN.
Dos de los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, tendrán que pagar cuatro millones de dólares (3,7 millones de euros) por ser responsables de una serie de cargos de fraude civil, entre ellos la emisión de estados financieros irregulares o la falsificación de registros comerciales.
Tanto Donald Trump Jr. como Eric Trump tampoco podrán ocupar cargos como funcionarios o directores de empresas durante dos años. De la misma forma, el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, tendrá que abonar un millón de dólares.
Tras el veredicto, la abogada del magnate, Alina Habba, ha subrayado en un comunicado que apelarán la decisión ante una "manifiesta injusticia" y ha defendido que se trata de una "caza de brujas" que empezó "mucho antes" de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, "pusiera un pie" en su oficina.
James solicitó tanto a Trump como a su empresa abonar un total de 370 millones de dólares (unos 337 millones de euros) por "enriquecimiento ilegal" y por inflar el valor de sus bienes en documentos financieros durante más de una década.
El origen del caso se remonta a 2019, cuando el antiguo abogado de la empresa, Michael Cohen --quien fue además el encargado de realizar los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels-- planteó preguntas sobre su estado financiero ante el Congreso.
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