En teoría, según recriminan enérgicamente el PP y Vox, el Gobierno de España, especialmente Pedro Sánchez, está buscado hacer una supuesta "ingeniería electoral" con la que recabar un mayor número de votos a través de la conocida como ley de nietos. Esta se trata de una normativa que otorga la nacionalidad a los descendientes de españoles que salieron al exilio o emigraron, una vez validada la documentación presentada para demostrar el vínculo, y que busca volver a tender puentes con aquellas familias que se vieron obligadas a abandonar España fruto de la opresión del franquismo.
A pesar de que esta norma fue aprobada en junio de 2022, tanto en el PP como en Vox las críticas han comenzado a aparecer ahora y mostrarse especialmente intensas, habiendo pasado casi tres años y saliendo a la luz en un contexto electoral ante la cercanía en el calendario de las próximas elecciones generales. Los de Feijóo y los de Abascal están cargando duramente contra el Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez, al que acusan de "fabricar nuevos votantes". Sus críticas a esta norma se basan solo en ello, sin atender a la posibilidad de que las personas que se nacionalizan no quieran participar en los comicios electorales españoles y entendiendo que, obligatoriamente, todos los que se quieren amparar a la ley de nietos poseen una ideología socialista con intención de votar únicamente al actual presidente del Gobierno español.
No obstante, esta supuesta "ingeniería electoral" que vienen remarcando en sus discursos esta última semana puede que no sea tal y como exponen. Según han apuntado diferentes fuentes a El País, la mayoría de las personas que quieren acceder a este proceso de nacionalización no contarán con cita en sus consulados hasta verano de 2027, después de las elecciones generales. No solo eso, sino que, además, sus expedientes, muy probablemente, no se resolverán, tanto si es para concederles la nacionalidad como para comunicarles que no reúnen los requisitos, hasta bien entrada la próxima década en el mejor de los casos. Una saturación de la red consular, por los diferentes procedimientos a los que ha de atender, que hará que el proceso avance con notable lentitud.
En el recuerdo está un proceso similar, el que se dio con la Ley de Memoria Histórica, el cual, por ejemplo, tardó 13 años en resolver, solo en Buenos Aires, un total de 60.000 solicitudes. La cantidad de personas que buscan ampararse a ley de nietos es notablemente mayor.
La lentitud con la que se prevé que avance el proceso tiene una razón de ser, la cual radica que el personal consular es el encargado de evaluar la documentación aportada, solicitar la que falte cuando sea incompleta y verificar su autenticidad con las autoridades que la expiden. De esta manera, y siguiendo con el ejemplo de Buenos Aires, del centenar de empleados del consulado solo una quincena se ocupan del Registro Civil, lo que incluye no solo la aplicación de la ley de nietos sino también otras tantas inscripciones como podrían ser las de nacimiento, defunción o matrimonio, entre otras.
Este proceso de nacionalización, una vez se han recogido todos los documentos necesarios, cumplimenta unos pasos de verificación y evaluación antes de dictar la correspondiente resolución. Según indica El País, a día de hoy se están resolviendo unos 1.800 expedientes al mes. No obstante, no solo se está haciendo mención ahí a quienes quieren ampararse a la ley de nietos sino también a los españoles residentes en la capital argentina, continuando con el ejemplo de Buenos Aires, que quieren inscribir a sus hijos en el Registro Civil. Se estima que algo más de la mitad de estas resoluciones, en torno a un millar, corresponden a descendientes de exiliados y emigrantes.
¿Qué supone esto? Atendiendo al ritmo de trabajo y la cantidad de solicitudes a abordar, se deduce que en los meses que restan como máximo hasta las generales podrían obtener la nacionalidad hasta 10.000 españoles en la demarcación consular de Buenos Aires. Ahora bien, de ellos no todos dispondrían del derecho al voto, pues de esa cifra hay que restar a los menores de edad, además de ser importante tener en cuenta que el censo electoral se cierra entre dos y tres meses antes de la cita con las urnas, por lo que la cantidad será notablemente menor a la mencionada.
En los diferentes momentos en los que el discurso político, por parte de la derecha, ha cargado en los últimos días contra el Gobierno de España y esta normativa aprobada en el 2022, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido uno de los agentes más incisivos en las críticas, remarcando que un puñado de electores pueden ser decisivos si el Gobierno los asigna a provincias donde hay escaños dudosos. Este es uno de los asuntos a los que mayor atención se ha dado en e tema de la ley de nietos, dónde votará los nuevos nacionalizados. No obstante, cabe destacar aquí que no es el consulado el que decide en qué circunscripción vota el nuevo elector, sino que lo solicita él mismo, mediante un formulario dirigido a la oficina del censo electoral en el que debe justificar el motivo de su elección y aportar la documentación que lo acredite.
Una serie de críticas que, como se mencionaba lejos de prestar atención en sus críticas a cualquier otro asunto por el que la ley de nietos pueda ser perjudicial para el país, se ha centrado en el ámbito electoral. Todo ello, como se indicaba también al principio, obviando la posibilidad la derecha de que el nuevo nacionalizado pueda sentirse no motivado a votar en España o que los que sí participen en los comicios vayan a votar obligatoriamente a Sánchez, algo que, incluso, resulta complicado de creer atendiendo a que la mayoría de solicitudes se están dando en Argentina, donde en los últimos años se está mostrando poco afecto a la izquierda.
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