El candidato izquierdista Roberto Sánchez ha presentado un recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones de Perú para solicitar la anulación del voto exterior en la segunda vuelta presidencial. La petición llega en la recta final del escrutinio, cuando Keiko Fujimori mantiene una ventaja mínima que podría bastarle para volver al poder y devolver a la presidencia un apellido que sigue marcando una de las heridas políticas más profundas del país.
Con el recuento prácticamente cerrado, Fujimori se sitúa por delante con el 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% de Sánchez. La diferencia entre ambos ronda los 40.600 sufragios. Sin embargo, el dato clave está fuera de las fronteras peruanas: si se excluyen los votos emitidos en el exterior, los porcentajes se invierten y Sánchez pasaría a imponerse con una ventaja ligeramente superior, de unos 40.793 votos.
Esa es la base política y numérica del recurso. Sánchez no cuestiona únicamente una parte simbólica del proceso, sino el bloque de sufragios que ha resultado determinante para que Fujimori acaricie la victoria. El voto de la diáspora peruana, tradicionalmente relevante pero no siempre decisivo, se ha convertido esta vez en el factor capaz de inclinar una elección extremadamente ajustada.
El voto exterior, en el centro de la disputa
A través de un mensaje publicado en X, Sánchez ha explicado que su equipo ha acudido al JNE al considerar que el proceso electoral en el extranjero quedó “gravemente afectado” por modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo, concretamente de la Cancillería, durante la segunda vuelta presidencial.
El candidato, que concurrió en representación del espacio político vinculado al expresidente Pedro Castillo, sostiene que uno de los cambios más relevantes fue la suspensión de la transmisión digital de resultados desde 119 oficinas consulares. Según su denuncia, esa modificación obligó a esperar a que las actas físicas llegaran a Lima para ser procesadas, lo que habría alterado la dinámica habitual del escrutinio exterior.
Sánchez considera que ese cambio no fue menor. Para su candidatura, la imposibilidad de transmitir digitalmente los resultados desde los consulados generó una demora innecesaria y abrió dudas sobre la trazabilidad de las actas. El dirigente izquierdista también cuestiona la cadena de custodia durante el traslado del material electoral y apunta directamente al canciller, Carlos Pareja.
Su partido, Juntos por el Perú, ha denunciado a Pareja por presuntos delitos de fraude electoral, perturbación o impedimento de actos electorales y omisión de actos funcionales. La formación acusa al ministro de haber desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y diplomático que garantizaba el procesamiento de los votos de los peruanos residentes en el extranjero.
La Cancillería rechaza las acusaciones
El canciller peruano ha rechazado de plano las acusaciones. Pareja ha negado cualquier interferencia, manipulación o favorecimiento político en relación con el voto exterior y ha defendido la limpieza del proceso celebrado fuera del país.
Según el ministro, ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los representantes del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos han detectado irregularidades que permitan sostener una acusación de fraude en el sufragio emitido desde el extranjero.
La respuesta de Pareja busca desactivar la denuncia de Sánchez y presentar el recurso como una impugnación sin respaldo suficiente. Además, desde sectores próximos al proceso electoral se recuerda que ni Sánchez ni su partido manifestaron oposición a los cambios en el procesamiento de las actas cuando fueron anunciados.
Ese punto será previsiblemente uno de los elementos que deberá valorar la autoridad electoral. El JNE tendrá que determinar si las modificaciones denunciadas afectaron realmente a las garantías del proceso o si, por el contrario, se trató de ajustes administrativos sin impacto en la validez de los sufragios.
Fujimori y el peso de un apellido
Más allá del recorrido jurídico del recurso, la controversia tiene una dimensión política evidente. El voto exterior ha sido fundamental para que Keiko Fujimori quede a las puertas de la presidencia. Y en Perú, el apellido Fujimori nunca es neutro.
Para sus partidarios, el fujimorismo representa orden, seguridad y capacidad de Gobierno. Para sus detractores, evoca autoritarismo, corrupción, violaciones de derechos humanos y una etapa de deterioro institucional que sigue muy presente en la memoria democrática del país.
El posible regreso de Fujimori al poder reabre así una fractura que Perú nunca terminó de cerrar. No se trata solo de una alternancia política, sino de la vuelta al primer plano de una familia que ha condicionado durante décadas la vida pública peruana.
Por eso el recurso de Sánchez encuentra eco en un clima de enorme tensión. El país no discute únicamente sobre actas, valijas diplomáticas o transmisión digital de resultados. Discute también sobre qué significa que el voto exterior haya sido decisivo para permitir el regreso de una opción política que una parte de la ciudadanía identifica con estabilidad, pero otra asocia a una etapa oscura de la democracia peruana.
Keiko Fujimori ha criticado la demora en el cómputo final y ha advertido de que cada día sin resultados definitivos retrasa el inicio de una eventual transición. La candidata derechista sostiene que la incertidumbre impide avanzar en cuestiones clave como la formación de equipos de Gobierno y la preparación de las primeras medidas.
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