Las organizaciones palestinas de derechos humanos alertan del peligro que supone que esta ley siga completando pasos, pues exponen que el objetivo principal de esta medida israelí es "satisfacer un deseo de venganza o represalia, en lugar de disuadir o prevenir futuras acciones”. Así lo subrayan al tiempo que denunciaban que la aplicación retroactiva que plantea no halla precedentes en cualquier proceso legislativo, "especialmente en el derecho penal". Esta normativa, que busca aprobar el Parlamento de Israel y que daría lugar a la aplicación de penas de muerte, se plantea para los señalados como "terroristas", un término que las autoridades israelíes no usan solo para definir a los que perpetran auténticos atentados sino que también lo emplean para referirse palestinos que atacan a sus soldados o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania.

Se trata de un proyecto de ley promovido por Poder Judío, el partido del ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, y que superaba su primera lectura al ser aprobado en el Parlamento a principios de esta semana. Este ha sido el primero de los tres pasos que debe completar la normativa antes de comenzar a ser aplicada. Una iniciativa que no está planteada para ser puesta en marcha solo en el territorio de Israel, sino que también se plantea sea aplicada por los tribunales militares israelíes en el territorio palestino de Cisjordania. Así, la ley establecería poder ejecutar la pena de muerte si en la votación se alcanza "mayoría simple de los jueces del tribunal de primera instancia”, y no por unanimidad, y además “no podrá ser conmutada” por otra pena inferior.

En el pleno en el que se impulsó la primera votación de este proyecto de ley, Ben Gvir subrayó que si termina por completar todos los procesos, será la normativa "más importante en la historia del Estado de Israel”. No solo eso, sino que subía el tono para indicar que “todo terrorista lo sabrá: esta es la ley que disuadirá. Es la ley que infundirá temor”.

Esta no es la primera polémica que genera el ministro de Seguridad israelí, ya que en este tiempo ha promovido un endurecimiento de las condiciones de los presos palestinos, que han venido denunciando haber sufrido abusos e incluso torturas, así como privación del sueño, alimento o la higiene. 

El impulso de este proyecto ley tiene lugar después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, prohibiera en octubre al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizar visitas a "combatientes ilegales" en prisiones del país alegando que supondrían un daño a la "seguridad" del país.

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