La libertad de prensa atraviesa uno de sus momentos más delicados en Argentina desde la recuperación de la democracia, en 1983. Bajo la presidencia del ultraderechista Javier Milei, la confrontación con los medios de comunicación ha dejado de ser una simple disputa política para convertirse en una dinámica de hostigamiento público, descalificaciones personales y restricciones al trabajo periodístico. Una práctica deleznable que, al estar dirigida por máximo mandatario, ha abierto la puerta a que sectores extremistas y empresariales afines ataquen frontalmente a informadores críticos con el Gobierno argentino.
Este proceder no es nuevo, lo personifica en su máxima expresión Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y quien lo ha extendido por el resto del mundo. Milei es precisamente uno de sus adoradores y, como el inquilino de la Casa Blanca, no soporta que nadie ponga en cuestión su mandato ni le traslade preguntas incómodas. Es más, hace apenas tres semanas califico de “corta intelectual” a una periodista española y consideró que otro periodista tenía “corto IQ” por preguntarle por la creciente pobreza de su país.
Unos ataques que los profesionales de la información argentinos sufren desde su llegada al poder. Milei ha utilizado reiteradamente las redes sociales para insultar, desacreditar y señalar a periodistas que cuestionan sus decisiones económicas, sus políticas sociales o las actuaciones de su Gobierno. Palabras como “ensobrados”, “mentirosos”, “delincuentes”, “sicarios con micrófono” o “basuras” han salido de la boca de un presidente que ha enchufado a su familia en altos cargos y que habla con sus perros muertos. Ni qué decir de sus medida de pagar a trabajadores con “leche o carne”.
El mismo gestor que apoyó una estafa de criptomonedas y ha obligado a su país a volver a comer carne de burro cuestiona la capacidad intelectual del resto, especialmente de los periodistas que cuestionan su modelo. Cuanto mayor es la decadencia en la que sume a Argentina, mayor es la reiteración de estos ataques desde la máxima institución del Estado y su capacidad para alimentar campañas de hostigamiento digital contra quienes ejercen el periodismo crítico.
Señalamiento desde la Presidencia
La guerra abierta por Milei contra los medios de comunicación, que abre la puerta a que los ultras siguen el mismo camino, puede cuantificarse. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) cifra los ataques a periodistas en 2025, último año del que se dispone de información, en 278. En su informe, publicado en abril de este año, responsabiliza al presidente de Argentina de 119 de estos ataques, lo que representa un 55% de total. Otro estudio de FOPEA analizó 113.649 publicaciones de la cuenta presidencial en Twitter, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, e identificó un patrón recurrente de expresiones despectivas y estigmatizantes contra profesionales de los medios.
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Esta actuación evidencia que Milei ha transformado la crítica legítima en una estrategia sistemática de deslegitimación profesional y personal, especialmente cuando procede de una figura con millones de seguidores y una enorme capacidad de influencia pública. Es más, hasta el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) también ha advertido del deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina y ha reclamado al Gobierno que ponga fin a los ataques contra la prensa.
La Casa Rosada cierra sus puertas a los periodistas
Uno de los episodios más preocupantes de la ofensiva de Milei contra la prensa se produjo en abril de 2026, cuando el Gobierno decidió impedir el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, misma medida replicada por Trump. La decisión llegó después de la controversia por las grabaciones realizadas por periodistas de TN Noticias dentro del edificio presidencial y el Ejecutivo justificó el cierre por motivos de seguridad y presentó una denuncia por supuesto espionaje ilegal.
La decisión afectó al conjunto de la prensa acreditada, no solamente a los periodistas implicados en el incidente. Organizaciones profesionales denunciaron la gravedad institucional de una medida que limita el seguimiento cotidiano de la actividad gubernamental. A esta situación se suma la desaparición de la publicidad institucional como fuente de financiación para numerosos medios, los recortes en los medios públicos y el debilitamiento de estructuras informativas estatales, entre ellas la agencia Télam, cuya actividad periodística quedó profundamente afectada por las decisiones del Gobierno.
El Ejecutivo defiende estas medidas como parte de su programa de reducción del gasto público y de transformación del Estado. Sin embargo, sus consecuencias sobre el pluralismo informativo merecen un análisis que no puede limitarse a una discusión presupuestaria. Así es el proceder de Milei, igual que lo es de Trump, o lo fueron Orban y Bolsonaro, y el principal riesgo es su expansión a cada vez más países en los que triunfan los ultraderechistas.
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