Meta ha alcanzado un acuerdo multimillonario con decenas de estados de Estados Unidos para poner fin a uno de los procesos judiciales más relevantes abiertos contra la compañía por el impacto de Facebook e Instagram entre niños y adolescentes. El pacto contempla pagos que podrían alcanzar los 18.000 millones de dólares durante la próxima década y obliga al gigante tecnológico a introducir nuevas restricciones destinadas a reducir el uso compulsivo de sus plataformas entre los menores.
El acuerdo interrumpe un juicio federal que había comenzado el 18 de agosto de 2026 en Oakland, California. En el procedimiento, varios estados sostenían que Meta había desarrollado deliberadamente determinadas funciones de Instagram y Facebook para aumentar el tiempo que los jóvenes permanecían conectados, pese a conocer los posibles efectos negativos derivados de un uso intensivo. Las acusaciones también incluían supuestas prácticas engañosas sobre la seguridad de las plataformas y la recopilación de datos personales de menores sin el consentimiento adecuado de sus padres. Meta ha aceptado el pacto sin admitir haber cometido irregularidades.
Dos horas al día y menos notificaciones
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo no está, sin embargo, en la factura económica, sino en los cambios que deberán aplicarse al funcionamiento de las redes sociales. Meta se ha comprometido a limitar por defecto a dos horas diarias el uso de Facebook e Instagram por parte de los adolescentes, salvo que exista autorización parental para modificar esa restricción.
Además, el acceso quedará bloqueado entre la medianoche y las seis de la mañana y la mayoría de las notificaciones estarán desactivadas durante el horario escolar, aproximadamente entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde.
La compañía también deberá reforzar los mecanismos para determinar la edad de los usuarios y dificultar que los menores accedan a contenidos reservados para adultos. El objetivo de estas medidas es intervenir directamente sobre algunos de los elementos que, según los demandantes, favorecen que los jóvenes permanezcan conectados durante largos periodos.
El pacto tiene además una particularidad: una parte del dinero que Meta deberá desembolsar estará relacionada con las decisiones que adopten otras grandes plataformas. De los aproximadamente 17.700 millones de dólares en pagos garantizados y condicionados, unos 5.000 millones dependerán de que servicios competidores como Snapchat, TikTok y YouTube adopten protecciones similares para sus usuarios más jóvenes.
La mayor parte del acuerdo supone pagos máximos cercanos a los 16.700 millones de dólares a 47 estados, Washington D. C. y varios territorios estadounidenses. Texas ha alcanzado, además, un acuerdo separado por más de 1.000 millones. A ello se suman 459 millones destinados a resolver reclamaciones relacionadas con privacidad y el escándalo de Cambridge Analytica.
El desenlace evita a Meta un juicio especialmente comprometido. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey aspiraban a reclamar cerca de 200.000 millones de dólares en sanciones civiles. El máximo responsable de Meta, Mark Zuckerberg, estaba previsto entre los testigos que podían declarar durante el proceso, mientras que el director de Instagram, Adam Mosseri, ya había comenzado a prestar testimonio cuando se conoció el acuerdo.
Un precedente que puede cambiar las reglas de las redes sociales
El pacto, no obstante, no transforma por completo el modelo de negocio de Facebook e Instagram. Meta podrá seguir utilizando recomendaciones personalizadas y publicidad dirigida, dos de las herramientas fundamentales para mantener el interés de los usuarios y monetizar su actividad. Tampoco desaparecen automáticamente todos los contenidos considerados problemáticos para los adolescentes.
La trascendencia del caso supera por tanto la indemnización. Por primera vez, un gran acuerdo judicial obliga a Meta a introducir límites concretos sobre cuánto tiempo y en qué momentos pueden utilizar sus plataformas los menores estadounidenses. El precedente podría influir en los miles de demandas que todavía afrontan las grandes compañías de redes sociales por su posible responsabilidad en problemas relacionados con la salud mental juvenil.
Aunque el acuerdo cierra este frente judicial para Meta en buena parte de Estados Unidos, la batalla sobre los efectos de las redes sociales está lejos de terminar. Florida, por ejemplo, ha decidido continuar litigando, mientras distintas administraciones, familias y centros educativos mantienen procedimientos contra Meta y otras plataformas. Paralelamente, gobiernos y reguladores de diferentes países estudian fórmulas para restringir el acceso de los menores a las redes y exigir mayores responsabilidades a las tecnológicas.
El pacto alcanzado en Estados Unidos marca así un cambio significativo: el debate sobre la adicción digital deja de centrarse exclusivamente en recomendaciones para padres y adolescentes y comienza a trasladarse al propio diseño de las plataformas. La cuestión que queda abierta es si las restricciones acordadas con Meta terminarán convirtiéndose en una excepción estadounidense o en el punto de partida de una transformación más amplia de las redes sociales.
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