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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha decidido responder a los disturbios registrados en varias ciudades del país con un nuevo endurecimiento de la legislación penal. El Consejo de Ministros aprobó este martes, 20 de octubre, un decreto de seguridad que amplía las facultades policiales para retener preventivamente a menores, modifica las condiciones para exigirles responsabilidad penal desde los 14 años e introduce nuevas sanciones contra la violencia en las manifestaciones. Una batería de medidas con la que el Ejecutivo italiano vuelve a situar la seguridad y el castigo en el centro de su respuesta al malestar social.
La decisión llega después de un fin de semana marcado por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Milán, donde las concentraciones juveniles terminaron en saqueos, destrozos de establecimientos comerciales y agentes heridos. Los incidentes se producen en un contexto de creciente contestación social por el encarecimiento de la vida y las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores de la población italiana.
Detenciones preventivas y responsabilidad penal desde los 14 años
Una de las principales novedades del decreto es la extensión a los menores de entre 14 y 17 años de la posibilidad de ser retenidos preventivamente por la policía ante el riesgo de incidentes violentos. Hasta ahora, este mecanismo estaba reservado a los adultos. La medida permite intervenir antes de que se cometa un delito, siempre que concurran los supuestos establecidos por la normativa.
El Ejecutivo también ha acelerado una reforma de la responsabilidad penal juvenil que ya había impulsado durante el verano. Aunque en Italia los adolescentes podían responder penalmente desde los 14 años, hasta ahora era necesario acreditar que comprendían el alcance de sus actos. La nueva disposición invierte ese principio: se presume que los menores tienen capacidad para entender lo que hacen, salvo que se demuestre lo contrario.
La modificación, que estaba pendiente de tramitación parlamentaria, entra ahora en vigor mediante el nuevo decreto. Meloni defendió la decisión en un vídeo difundido tras la reunión del Consejo de Ministros, insistiendo en que los menores también deben asumir las consecuencias de sus acciones.
Hasta cinco años de prisión por violencia en las manifestaciones
El paquete legislativo incorpora además un nuevo delito de participación violenta en manifestaciones, castigado con penas que pueden alcanzar los cinco años de cárcel y multas de hasta 20.000 euros. Las sanciones se agravan cuando se producen lesiones o concurren determinadas circunstancias, como la ocultación del rostro.
La responsabilidad también se extiende al ámbito familiar. Los padres de menores implicados en vandalismo y saqueos podrán responder económicamente por los daños ocasionados por sus hijos. Paralelamente, el Gobierno prevé reforzar los recursos judiciales especializados en menores y ampliar la capacidad de los centros de internamiento juvenil.
Estas medidas se suman a una política de endurecimiento penal impulsada por Meloni desde su llegada al poder en 2022. Entre sus antecedentes figuran el decreto Caivano de 2023, dirigido contra la delincuencia juvenil, y las reformas de seguridad de 2025, que incrementaron las sanciones por determinadas conductas relacionadas con las protestas. Según Reuters, la población penitenciaria italiana ha aumentado más de un 17% durante los últimos cuatro años.
La respuesta policial frente a un malestar que crece en las calles
El endurecimiento legislativo coincide con el refuerzo de la presencia de las fuerzas de seguridad en Milán, donde el Gobierno ha anunciado el envío de 500 militares adicionales. La respuesta institucional llega tras unas movilizaciones que han evidenciado el descontento de parte de la juventud italiana, especialmente ante las dificultades para acceder a una vivienda y afrontar el coste de la vida.
La oposición de centroizquierda cuestiona que el Ejecutivo concentre su respuesta en el ámbito policial sin abordar suficientemente las causas económicas y sociales de las protestas. El Movimiento Cinco Estrellas, encabezado por Giuseppe Conte, ha criticado esta orientación, mientras el Gobierno insiste en que ninguna reivindicación puede justificar los ataques contra agentes o la destrucción de establecimientos.
El decreto deberá superar todavía el trámite parlamentario para convertirse definitivamente en ley, dentro del plazo de 60 días previsto por el sistema italiano. Entretanto, la decisión de Meloni abre un nuevo debate sobre los límites de la intervención policial, la protección jurídica de los menores y el equilibrio entre seguridad ciudadana y derecho de manifestación.
Con una nueva convocatoria de protestas prevista para el próximo sábado, Italia afronta una creciente tensión entre el Gobierno y una parte de la juventud movilizada. Meloni ha optado por ampliar la respuesta penal y policial, mientras las reivindicaciones sociales que alimentan el descontento continúan presentes en las calles.
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