El Gobierno de Italia ha dado un nuevo paso en el endurecimiento de su política migratoria tras aprobar este miércoles un proyecto legislativo que introduce medidas más restrictivas frente a la llegada de personas migrantes por vía marítima. Entre las iniciativas más destacadas figura la posibilidad de aplicar un “bloqueo naval” a embarcaciones con migrantes durante su travesía hacia las costas italianas, así como la aceleración de los procedimientos de expulsión para extranjeros condenados por determinados delitos.
La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció la decisión a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que defendió que el Ejecutivo cumple así uno de los compromisos centrales de su programa de gobierno. Según explicó, la nueva normativa permitiría impedir el cruce de aguas territoriales italianas en situaciones consideradas de grave amenaza para el orden público o la seguridad nacional, incluyendo riesgos vinculados al terrorismo o escenarios de “presión migratoria excepcional”. En esos casos, las personas a bordo de las embarcaciones interceptadas podrían ser trasladadas a terceros países.
El proyecto, que aún debe ser aprobado por ambas cámaras del Parlamento italiano, contempla además procedimientos más rápidos para la expulsión de extranjeros condenados y amplía los supuestos que conllevan la deportación. Entre ellos se incluyen delitos como la agresión a un funcionario público, la esclavitud o la violencia doméstica. Meloni justificó estas medidas señalando que quienes deseen vivir en Italia deben respetar las leyes del Estado y advirtió de que, en caso contrario, serán expulsados.
La jefa del Ejecutivo calificó el paquete legislativo como “muy importante” para reforzar la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas. En ese contexto, aseguró que durante su mandato los desembarcos en territorio italiano han disminuido un 60 %, mientras que las repatriaciones han aumentado un 55 %. A su juicio, estos datos avalan la línea política adoptada por su Gobierno y animan a profundizar en ella mediante nuevas herramientas legales y operativas.
El anuncio se produce en paralelo a movimientos en el ámbito comunitario. Meloni subrayó que la iniciativa es compatible con la normativa europea y llega apenas un día después de que el Parlamento Europeo diera luz verde a la flexibilización de las reglas sobre países seguros, con el objetivo de agilizar deportaciones. La primera ministra reivindicó además el papel de Italia en la definición de este nuevo enfoque migratorio en la Unión Europea, interpretándolo como una señal de que el trabajo diplomático realizado en los últimos años está contribuyendo a una transformación más amplia en la gestión del fenómeno migratorio.
Desde el Gobierno italiano se insiste en que la prioridad es garantizar la seguridad de las fronteras y de la ciudadanía. “Nada es realmente imposible para quienes están decididos a actuar”, afirmó Meloni, quien aseguró que su Ejecutivo utilizará “todas las herramientas a su alcance” para lograr ese objetivo. En la misma línea, hizo un llamamiento a la Eurocámara para que apruebe con rapidez las disposiciones relacionadas con la política migratoria y emplazó a las distintas fuerzas políticas a respaldar las medidas si realmente consideran insuficiente la acción gubernamental en materia de seguridad.
La inmigración, en el centro de la ofensiva política de Meloni
El endurecimiento de la agenda migratoria se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo de derechas, que desde su llegada al poder ha situado el control de los flujos migratorios en el centro de su discurso político y de su acción legislativa. La coalición liderada por Giorgia Meloni ha defendido de forma reiterada la necesidad de reforzar las fronteras exteriores, aumentar las expulsiones y limitar las llegadas irregulares como pilares de su política de seguridad. En este contexto, el nuevo proyecto legislativo no aparece como una medida aislada, sino como un paso más dentro de una hoja de ruta que busca combinar presión diplomática sobre terceros países, reformas legales internas y una mayor coordinación con las instituciones europeas para restringir las rutas migratorias hacia territorio italiano.
Las medidas anunciadas, sin embargo, previsiblemente reavivarán el debate jurídico y humanitario tanto dentro de Italia como en el conjunto de la Unión Europea. La posibilidad de interceptar embarcaciones en alta mar, trasladar a sus ocupantes a terceros países o acelerar deportaciones plantea interrogantes sobre su compatibilidad con el derecho internacional marítimo, la normativa europea de asilo y los convenios de protección de refugiados. Expertos en derecho migratorio han advertido en ocasiones anteriores de que este tipo de iniciativas suelen situarse en una zona de fricción entre las políticas de control fronterizo y las garantías legales que amparan a quienes buscan protección internacional.
Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han alertado también del riesgo de que un enfoque centrado prioritariamente en la seguridad pueda traducirse en vulneraciones de derechos fundamentales, especialmente en el caso de personas solicitantes de asilo, menores no acompañados o víctimas de trata. Estas entidades sostienen que la externalización de la gestión migratoria hacia países terceros —frecuentemente con sistemas de protección más débiles— puede dificultar el acceso efectivo al procedimiento de asilo y aumentar la exposición a situaciones de violencia, detención arbitraria o devolución en cadena. Además, recuerdan que las obligaciones internacionales de salvamento marítimo y de no devolución siguen siendo vinculantes para los Estados miembros de la UE con independencia de los cambios legislativos internos.