La manera en la que se debe gestionar la presencia de los menores en las redes sociales sigue siendo un debate activo que no termina de encontrar respuestas concretas que hallen un consenso. Limitar o no su acceso sigue siendo, entre otras, una conversación que se continúa teniendo y que encuentra bandos enfrentados, los cuales tienen ideas contrarias que van desde los que piensan en velar por la seguridad de estos jóvenes y garantizar que accedan a un contenido adecuado a los que abogan por no limitar su libertad de expresión.
España no es el único país que está abordando este debate, sino que está siendo un asunto que también se está tratando en otros países de Europa. Ejemplo de ello es Francia, donde el Consejo Constitucional, el organismo encargado de velar por que las leyes que se aprueban sean conformes a la Carta Magna, ha censurado la ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años.
La decisión supone un revés para una de las medidas que el presidente francés había situado entre sus prioridades para la recta final de su mandato. Macron llevaba tiempo defendiendo la necesidad de restringir el acceso de los menores a las plataformas digitales y había impulsado esta iniciativa tanto en Francia como en el ámbito europeo. Sin embargo, el Consejo Constitucional ha considerado que la prohibición planteada supone una “vulneración desproporcionada de la libertad de expresión” de los menores.
La norma había sido aprobada por la Asamblea Nacional y el Senado en la última sesión parlamentaria antes de la pausa estival y estaba previsto que entrase en vigor en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. De haber salido adelante, Francia se habría convertido en el primer país europeo en establecer una prohibición de este tipo para los menores de 15 años.
El texto llegó al Consejo Constitucional después de que el Partido Socialista y La Francia Insumisa, liderada por Jean-Luc Mélenchon, recurriesen la norma al considerar que podía vulnerar la Constitución. Los magistrados, aunque reconocen la “exigencia constitucional” de proteger a los menores, entienden que la medida es “desproporcionada” y “no está adaptada” para alcanzar ese objetivo.
La respuesta de Macron no se ha hecho esperar, ya que ha pedido al primer ministro, Sébastien Lecornu, que trabaje en una redacción “jurídicamente robusta” que permita mantener la protección de los menores. El Gobierno francés insiste en que el objetivo es preservar su salud y protegerlos de los efectos perjudiciales de las pantallas.
España apuesta por elevar a 16 años la edad mínima para acceder a las redes
Mientras Francia trata ahora de reformular su prohibición tras el revés del Consejo Constitucional, España mantiene en tramitación una norma que pretende impedir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido esta medida en una de sus principales apuestas para reforzar la protección de los menores en el entorno digital.
La propuesta supone elevar de 14 a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en una red social y contempla que sean las propias plataformas las que tengan que establecer sistemas eficaces de verificación de edad, más allá de las actuales casillas en las que el usuario declara cuántos años tiene. El Ejecutivo sostiene que estas barreras deben ser capaces de impedir realmente el acceso de los menores.
La iniciativa se encuentra todavía en tramitación parlamentaria, por lo que el debate no está cerrado y el texto puede experimentar modificaciones antes de su aprobación definitiva. El Gobierno también plantea reforzar la responsabilidad de las plataformas ante determinados contenidos y conductas perjudiciales para los menores, en paralelo a las restricciones de edad.
De esta manera, España se encuentra ante un debate similar al que atraviesan otros países europeos, buscando cómo encontrar el equilibrio entre la protección de los menores y sus derechos fundamentales.
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