Nuevo varapalo judicial contra las medidas de Javier Milei. Una jueza de Argentina ha suspendido este lunes el decreto del presidente argentino que limita el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas esenciales, tras la solicitud de una medida cautelar planteada por el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) sobre su "invalidez constitucional".
La magistrada de la Justicia Nacional del Trabajo, Moira Fullana, ha ordenado suspender provisionalmente los artículos segundo y tercero del decreto hasta que se dicte sentencia definitiva, según reza el fallo judicial, en el que ha admitido la "viabilidad formal de la acción de amparo interpuesta".
Fullana ha reafirmado la competencia de la justicia laboral para resolver el amparo, a pesar de los intentos del Ejecutivo de moverla al fuero contencioso administrativo, señalando que es su ámbito el que "debe entender en una contienda en la que resulta inobjetable el contenido de derecho social".
El CGT había señalado que no se había cumplido el debido proceso legislativo, alegando que "viola el principio republicano de división de poderes y violación al derecho y principio de libertad sindical".
Milei limitó a mediados de mayo el derecho a huelga, obligando a garantizar servicios mínimos del 77% en el sector sanitario, el educativo, el transporte aéreo y marítimo, o las telecomunicaciones, entre otros. Sin embargo, la legislación del país latinoamericano considera esenciales actualmente aquellas actividades cuya interrupción pueda poner en peligro la vida o la seguridad de la población.
Milei y su hermana, bajo lupa judicial por la estafa de las criptomonedas
A este frente con la justicia que tumba una de sus medidas estrella de su Gobierno de la Casa Rosada, lo cierto es que no es la única causa abierta que enfrenta Milei en los tribunales. La Justicia argentina mantiene activa la investigación sobre la implicación del presidente Milei y de su hermana Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia, en el escándalo de la criptomoneda $Libra, una operación que provocó pérdidas millonarias para numerosos afectados. A tres meses de haberse destapado el caso, ni el mandatario ni su equipo han ofrecido explicaciones sobre su presunta participación en la estafa, mientras la jueza María Servini continúa con las diligencias y ha requerido al Banco Central información sobre las entidades que intervinieron en nombre de los sospechosos.
El caso, que estalló a mediados de febrero, reproduce un patrón conocido en el mundo de las criptomonedas: se lanza un nuevo activo digital, su valor crece rápidamente gracias a la promoción y al aumento de compradores, y luego los impulsores venden sus participaciones, provocando el desplome del valor y dejando a los pequeños inversores con las pérdidas.
El 14 de febrero de este año, el presidente utilizó su perfil en X -antigua Twitter- para promocionar $Libra, incluyendo un enlace directo a la página donde podía adquirirse. La publicación disparó el valor del activo digital, que poco después colapsó. Se estima que los responsables del proyecto habrían obtenido hasta 100 millones de dólares, en detrimento de los inversores afectados. Varios de ellos han denunciado formalmente al mandatario; entre ellos, un grupo que reclama 4,5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios contra Milei y su hermana.
La jueza Servini baraja dos hipótesis: negligencia o participación activa en un esquema fraudulento. Para avanzar en la investigación, ha solicitado datos sobre la evolución patrimonial de los hermanos Milei desde 2023 hasta la actualidad. También están bajo la lupa otros allegados al presidente, como Mauricio Novelli y Terrones Godoy, quienes habrían actuado como nexos entre Milei y el creador de $Libra, además de empresarios vinculados al proyecto. Otro implicado es Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, que fue apartado del cargo tras el estallido del escándalo.