Si uno de los retos de este Siglo XXI es la defensa de las víctimas, es posible que los días 9 y 10 de este mes de septiembre diéramos un paso más para procurarles justicia en situaciones de extrema vulnerabilidad frente a los más graves crímenes internacionales contra los Derechos Humanos fundamentales. Fue durante esos días cuando se celebró en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires el Congreso Internacional de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI.
Se cerraba así el círculo iniciado en Madrid hace mas de un año, y en el que tras reuniones regionales celebradas en varios continentes –Alfas de Pi (Alicante), La Haya (Holanda), Johannesburgo (Sudáfrica), Asunción (Paraguay) y San Juan de Puerto Rico- y el trabajo de mas de 70 expertos internacionales en la materia- pertenecientes a la academia, la práctica judicial, abogados y ONG litigantes defensoras de los Derechos Humanos en todo el mundo- se presentaron públicamente las conclusiones obtenidas en forma de un nuevo catálogo de Principios de Jurisdicción Universal.
Esta iniciativa surgió promovida y auspiciada por Baltasar Garzón y la Fundación que lleva su nombre, que ha organizado el Congreso. Fue este juez, acompañado por la justicia española, quien a finales de la década de los 90 puso sobre el tapete las asombrosas posibilidades de la jurisdicción universal en los procedimientos que se iniciaron contra los máximos responsables de las dictaduras chilenas y argentinas en la Audiencia Nacional.
La orden internacional de detención del juez Garzón contra Augusto Pinochet marcó un antes y un después en el combate contra la impunidad de los crímenes internacionales y consiguió que el expresidente chileno fuera detenido en el Reino Unido, aunque finalmente no fuera extraditado a España por su avanzada edad.
Otro hito lo representa la condena por la Audiencia Nacional del militar argentino Adolfo Scilingo, por crímenes contra la humanidad, por su participación en varios de los tristemente conocidos “vuelos de la muerte”, en los que se arrojaron al Mar de Plata a miles de desaparecidos durante la dictadura argentina. Esta sentencia española abrió definitivamente las puertas a todos los juicios posteriormente celebrados en Argentina, en los que han sido condenados los máximos responsables de la dictadura, enfrentándose este país modélicamente con su pasado, aunque sea ahora una jueza argentina la que devuelva esperanzas de justicia a las víctimas españolas frente a la impunidad por los crimines franquistas.
Pero la pregunta es por qué ahora estos principios. Su oportunidad es clara: han pasado quince años después de que la irrupción de la justicia universal significara un cambio de paradigma que se vio completado con la instauración del Tribunal Penal Internacional. Sin olvidar los logros alcanzados en el combate jurídico contra la barbarie y la impunidad de los genocidios y crímenes contra la humanidad cometidos en el último cuarto del siglo XX en diversos lugares del mundo.
Es ahora no obstante cuando resulta más que nunca imprescindible proclamar la absoluta vigencia de la persecución de estos crímenes atroces por cualquier jurisdicción ante la falta de justicia en el lugar en que se cometieron.
El Tribunal Penal Internacional ha sido sin duda un gran avance, pero tiene de origen una capacidad limitada. Por esa razón, debe convivir con otras formas de hacer justicia. Los Estados, especialmente los más poderosos, han emprendido cruzadas para protegerse entre sí frente a la justicia, que les resulta incómoda y se les representa como una amenaza inasumible. La alta política parece incompatible con la defensa de los Derechos Humanos, pero hay que recordar que los crímenes internacionales implican a toda la humanidad y su protección frente a las situaciones más graves no es una cuestión que pueda ni deba dejarse a la mera buena voluntad de los gobernantes.
La finalidad de los nuevos Principios de Jurisdicción Universal aprobados en este foro internacional, es sobre todo la de actualizar los crímenes perseguibles internacionalmente y abrir nuevas vías para su persecución efectiva.
La realidad de los últimos tiempos nos ha mostrado que la violencia no se limita a luchas armadas más o menos declaradas, y que existen otras formas de violencia estructural mucho mas sutil, pero igualmente mortífera y dañina, que afecta a la vida de miles de personas, especialmente a los niños y a los más vulnerables. Son las víctimas del hambre, de la insalubridad y la especulación de los alimentos básicos que no pueden alcanzar, o los sometidos a las peores condiciones de vida. Hablo también de personas que se ven en muchas ocasiones en situaciones próximas a la esclavitud sin que su situación preocupe a quienes les someten a esta infravida y cuyo objetivo es obtener materias primas estratégicas. Para alcanzar esta finalidad nada importa aunque sea a costa de la destrucción irreversible del medio ambiente o de los espacios naturales que han servido de inmemoriales moradas a comunidades humanas.
A estos crímenes también debe alcanzar la jurisdicción universal y debe ser posible que las grandes corporaciones económicas internacionales y las empresas que están detrás de la destrucción se sienten en el banquillo a rendir cuentas ante la justicia, allí donde sea posible hacerlo, exigiendo su responsabilidad criminal, pero también la civil, para que cesen en su actividad y restauren todo lo que han destruido.
Los Principios deben servir para que estos poderosos responsables, personas físicas o corporaciones, perciban que la Jurisdicción Universal no entiende de frenos ni fronteras para exigir su responsabilidad por sus actos ilegales contra la humanidad. Es preciso que sientan que ya no tendrán impunidad ni inmunidad indefinida procurada por los estados conniventes y permisivos que no protegen ni a los ciudadanos ni sus espacios naturales frente a la depredación del dinero. Tienen que saber que ni les servirá ocultarse en otros lugares de conveniencia ni tratar de esconder sus actividades detrás del secreto bancario o corporativo o mudándose de un lugar a otro. Ni tampoco podrán beneficiarse de amnistías u otros privilegios semejantes, que no deben ser nunca más un obstáculo para responder ante la justicia por los crímenes internacionales cometidos.
En Buenos Aires hemos buscado consolidar mucha de la experiencia acumulada, pero también introducir nuevas fórmulas que apuestan por la potencialidad de la justicia, haciéndola posible y efectiva, para conseguir una humanidad más respetuosa con los derechos humanos. Una justicia sobre todo firme y comprometida frente a sus violaciones más graves y rechazables y que se dirija a reparar y restituir los derechos de las víctimas. En defensa de todos y de la dignidad humana.
Jose Ricardo de Prada Solaesa es Magistrado