El Gobierno de EEUU se reabre tras 41 días

Durante más de seis semanas, Estados Unidos ha vivido una crisis política que ha paralizado el país y llevado a que numerosas personas vivan una díficil situación al no percibir sus sueldos. Familias que dependían de ayudas alimentarias vieron sus despensas vaciarse; controladores aéreos extenuados forzaron cancelaciones masivas de vuelos; y cientos de miles de trabajadores federales esperaron sin salario la resolución del pulso que se mantenía en el Senado. Con la reapertura del Gobierno de Estados Unidos concluye el cierre gubernamental más largo en la historia del país, 41 días, si bien deja importantes heridas a millones de ciudadanos y dividen a un Partido Demócrata que enfrenta su propia prueba de liderazgo.

El acuerdo, que desbloquea la financiación de buena parte del aparato federal, llega tras semanas de incertidumbre y negociaciones que desgastaron tanto a republicanos como a demócratas. Sin embargo, la votación que permitió el fin del cierre ha dejado una marca profunda en la bancada demócrata del Senado: ocho de sus miembros votaron junto a los republicanos para aprobar el paquete de medidas, desatando una tormenta interna que amenaza con redefinir el equilibrio del partido en un año preelectoral.

Un país paralizado

El costo del cierre ha sido devastador. Según el Consejo Económico Nacional, la interrupción de las actividades gubernamentales amenaza con contraer el Producto Interior Bruto del cuarto trimestre de 2025, mientras que el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen más de 40 millones de estadounidenses, estuvo a punto de quedarse sin fondos. Los aeropuertos del país vivieron jornadas de caos ante la falta de personal, y más de 4.000 empleados federales fueron suspendidos de sus funciones.

En ciudades como Atlanta o Chicago, los bancos de alimentos reportaron un incremento inédito de familias que acudían en busca de ayuda. La reapertura, aunque bienvenida, llega tarde para muchos: facturas impagadas, retrasos en hipotecas y los préstamos personales marcan un impacto que difícilmente se revertirá en el corto plazo.

El voto que abrió la grieta

El paquete de financiación aprobado por el Senado incluye fondos para la edificación militar, proyectos para veteranos, el Departamento de Defensa, el de Agricultura y el poder legislativo hasta septiembre de 2026, además de una medida provisional que asegura la operación del resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año. Lo que no incluye, y que constituye el epicentro del malestar demócrata, es la extensión de los subsidios para la atención médica, una condición que el partido había defendido durante más de un mes como esencial para proteger a millones de familias trabajadoras. Lo único relativo a esto en el acuerdo alcanzado es que se compromete una futura votación en relación a este asunto.

Aun así, ocho senadores demócratas decidieron romper la disciplina del partido y apoyar el acuerdo impulsado por los republicanos. Bernie Sanders, defensor de la cobertura sanitaria universal, no dudó en calificar el voto como una “muy, muy mala decisión” que “incrementará las primas de los seguros médicos para más de 20 millones de estadounidenses”.

Las palabras del senador por Vermont reflejan más que una discrepancia puntual: condensan la tensión entre dos almas del Partido Demócrata. De un lado, los pragmáticos que ven en la reapertura una necesidad urgente para restablecer el funcionamiento del país; del otro, los progresistas que consideran que ceder ante los republicanos sin asegurar concesiones sociales equivale a abandonar los principios del partido.

El liderazgo cuestionado

En el centro de esa fractura se encuentra Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, a quien critican en su partido por una desconexión con las bases. Ro Khanna, representante por California y una de las voces más visibles de la izquierda demócrata, fue contundente: “Schumer ya no es eficaz y debería ser reemplazado. No está a la altura de las circunstancias”. 

La crítica, sin embargo, no es unánime. Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, salió en defensa de su compañero, elogiando su “valiente resistencia” ante las propuestas republicanas durante las siete semanas de cierre. “La inmensa mayoría de los demócratas del Senado, liderados por Chuck Schumer, han librado una batalla digna, rechazando un proyecto de ley de gastos partidista una y otra vez”, declaró Jeffries, subrayando que la aprobación del paquete de medidas no significa un abandono de las prioridades demócratas.

El costo humano detrás del cálculo político

Mientras los senadores debatían, fuera del Capitolio la desesperación crecía. Los retrasos en los pagos del SNAP dejaron a millones de familias en situación de vulnerabilidad. En estados del sur, los hospitales públicos reportaron dificultades para mantener servicios de atención primaria. Y en las carreteras, inspectores del Departamento de Transporte suspendidos por el cierre no pudieron supervisar el mantenimiento de infraestructuras críticas.

Para Jeanne Shaheen, una de las senadoras demócratas que votó a favor del acuerdo, las críticas internas son injustas. “Mantener el cierre no nos llevaba a ninguna parte”, dijo a CNN. “Debemos dirigir nuestras críticas a quien es responsable: el presidente Trump”. Pero incluso dentro de su propio entorno familiar la defensa del acuerdo no ha sido unánime. Su hija, Stefany Shaheen, candidata demócrata al Congreso, expresó su desacuerdo: “No puedo apoyar un pacto que no extiende los subsidios de los seguros médicos”.

Una reapertura que no cierra heridas

El texto aprobado en el Senado sustituye al proyecto que recibió el visto bueno en la Cámara de Representantes, que deberá ahora votar la nueva versión. Se espera que lo haga en las próximas horas, en un gesto que muchos consideran una formalidad más que una negociación real. La reapertura, sin embargo, no implica reconciliación. Los republicanos celebran el acuerdo como una victoria fiscal; los demócratas moderados lo defienden como un mal menor; y los progresistas lo denuncian como una renuncia.

En la práctica, el acuerdo permitirá que más de 4.000 empleados federales regresen a sus puestos y que los servicios públicos recuperen un mínimo de normalidad. Pero la percepción entre amplios sectores ciudadanos es que el Gobierno ha perdido credibilidad. Los trabajadores federales que pasaron más de un mes sin salario no olvidarán fácilmente las semanas de incertidumbre. Tampoco lo harán los beneficiarios de programas sociales que se sintieron abandonados por un sistema político más ocupado en disputas partidistas que en su bienestar.