El Ministerio de Exteriores ha trasladado a los consulados españoles de todo el mundo las instrucciones para identificar de forma diferenciada a los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática y que acreditaron durante el procedimiento que descendían de españoles exiliados. El objetivo es aplicar la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, que suspendió cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por la conocida como ‘ley de nietos’ en aquellos casos en los que no se acreditó específicamente la condición de exiliado del antepasado.
Según ha dado a conocer El País, la instrucción, elaborada por la Oficina del Censo Electoral y firmada el pasado 18 de septiembre por la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Elena Manzanera, establece que los consulados deberán remitir información tanto de quienes ya están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como de aquellos nacionalizados que todavía no figuran en él. La orden fue enviada a principios de esta semana mediante telegrama a la red consular.
El documento establece además que deberán diferenciarse los casos en los que exista una certificación que acredite la condición de exiliado del antepasado sin que se hubiera aplicado la presunción establecida por una instrucción del Ministerio de Justicia de 2022. Esta norma considera acreditada la condición de exiliado de los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
La distinción resulta relevante porque la suspensión cautelar acordada por el Supremo afecta precisamente a la inscripción en el CERA de los nacionalizados en aplicación de la interpretación de la norma que permitió extender el procedimiento más allá de quienes pudieran acreditar individualmente la condición de exiliado. El tribunal justificó su decisión por el riesgo que, a su juicio, podía generar el incremento del censo en la objetividad y transparencia de futuros procesos electorales.
La aplicación práctica de la nueva instrucción, sin embargo, todavía tendrá que esperar. Tal y como ha apuntado El País, Exteriores señala que en un plazo de entre dos y cinco semanas se comunicará cuál será la plataforma informática habilitada para llevar a cabo el procedimiento. Hasta entonces, los consulados no podrán comenzar formalmente el cribado de los expedientes.
La tarea preocupa especialmente a la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE). Su presidente, Alberto Virella, ha declarado al mencionado periódico que hay una necesidad de incrementar de manera “urgente” de los recursos humanos y materiales para afrontar una carga de trabajo adicional que llega en un momento en el que, según denuncia, las oficinas consulares ya acumulan retrasos y presentan dificultades de medios. Virella advierte además de que las elecciones municipales y algunas autonómicas previstas para mayo de 2027 convierten el proceso en una “carrera contrarreloj” para los españoles afectados.
La dimensión del trabajo aparece también reflejada en el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión del Supremo. El escrito calcula que el análisis de cada expediente puede requerir una media de 20 minutos y señala que la red consular está integrada por 172 oficinas. De las 168.896 inscripciones contabilizadas hasta el 31 de agosto, 142.739, el 84,5%, se concentran en solo 16 consulados. La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Mendoza figuran entre los que afrontarían una mayor carga.
La Abogacía sostiene que, dadas las circunstancias estructurales y coyunturales de estas oficinas, no parece factible completar el análisis antes del 1 de enero de 2027, fecha de cierre del censo para las elecciones autonómicas. El Gobierno también rebate la cifra utilizada por el Supremo para justificar el supuesto riesgo electoral: frente a los 375.027 electores que el auto atribuye a la ‘ley de nietos’ a 1 de julio, la Abogacía cifra en 168.896 las nacionalizaciones realizadas bajo el artículo de la Ley de Memoria Democrática objeto del litigio a 31 de agosto.
Mientras se desarrolla este proceso, el recurso de la Abogacía del Estado mantiene abierta la vía judicial. El Ejecutivo sostiene que la suspensión del voto afecta a un derecho fundamental y cuestiona que pueda impedirse la inscripción en el censo sin revisar previamente la adquisición de la nacionalidad.
La situación añade además presión sobre los funcionarios consulares. Virella denuncia que algunos trabajadores han comenzado a recibir insultos y amenazas en redes sociales por su intervención en el procedimiento. Según el presidente de la ADE, los empleados están limitándose a aplicar las instrucciones recibidas y el aumento de la tensión está dificultando aún más una tarea que los consulados deberán afrontar en un calendario especialmente ajustado.
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