El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado este martes al embajador de Irán en España, Reza Zabib, para trasladarle la “enérgica repulsa y condena” del Gobierno español ante la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos en el país persa. Según las autoridades, la represión de las protestas contra el régimen iraní ha causado ya más de 600 muertes.
La convocatoria diplomática se produce después de que el departamento dirigido por José Manuel Albares hiciera pública su posición a través de un comunicado oficial. En él, el Gobierno de España condenó la violencia contra los manifestantes y exigió a las autoridades iraníes que respeten y garanticen el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación pacífica.
En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, Albares detalló los mensajes que España trasladará al representante iraní. “Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión. Tienen que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet”, afirmó el ministro. Albares subrayó además que la comunicación libre es un derecho fundamental y reclamó el fin de las detenciones arbitrarias que se han producido durante las protestas.
El jefe de la diplomacia española insistió también en la necesidad de que Irán retome las vías diplomáticas. “Irán tiene que volver a las mesas de diálogo y a las mesas de negociación”, señaló, en referencia tanto a la situación interna como a las relaciones internacionales del país.
Crece la presión internacional sobre Teherán
A la gravedad diplomática del gesto del Gobierno español se suma una situación interna en Irán marcada por una oleada de protestas sostenidas y una represión cada vez más intensa. Las movilizaciones, que se iniciaron como una expresión de descontento social y político contra el régimen, se han extendido por numerosas ciudades del país y han implicado a amplios sectores de la población, desde jóvenes y estudiantes hasta trabajadores y mujeres. Las consignas, cada vez más explícitas, no solo denuncian la situación económica y la falta de libertades, sino que cuestionan directamente la estructura del poder político y religioso.
La respuesta de las autoridades iraníes ha sido contundente y violenta. Las fuerzas de seguridad han recurrido al uso de munición real, detenciones masivas y juicios sumarísimos para tratar de sofocar las protestas. Organizaciones internacionales de derechos humanos cifran en más de 600 las personas fallecidas desde el inicio de las movilizaciones, aunque advierten de que el número real podría ser mayor debido a la falta de transparencia informativa. Miles de manifestantes han sido arrestados, en muchos casos sin garantías legales ni acceso a defensa jurídica.
Uno de los elementos centrales de la estrategia represiva del régimen ha sido el aislamiento informativo. Las autoridades han impuesto cortes generalizados de internet y restricciones severas a las comunicaciones con el exterior, dificultando tanto la organización de las protestas como la difusión internacional de lo que ocurre sobre el terreno. Este apagón digital ha sido denunciado por gobiernos y organismos internacionales como una vulneración directa del derecho a la información y a la libertad de expresión.
En el plano internacional, la represión ha intensificado la presión diplomática sobre Teherán. Países europeos, entre ellos España, han elevado el tono de sus condenas y reclaman el cese inmediato de la violencia, la liberación de los detenidos y la reapertura de espacios de diálogo. El Ejecutivo español, al convocar al embajador iraní, busca trasladar este mensaje de forma directa y alinearse con una creciente exigencia internacional para que Irán respete los derechos fundamentales de su población y ponga fin a una crisis que amenaza con cronificarse.
