Europa prepara su propio botón rojo: el manual de defensa ante agresiones extranjeras

La guerra de Estados Unidos contra Irán no sólo abre un terreno ignoto en los consensos occidentales proporcionados tras la fractura del mundo en bloques posterior a la II Guerra Mundial. Supone un punto de inflexión intramuros de la Unión Europea, que ahora se presenta ante la diatriba de qué hacer cuando uno de los suyos reclame ayuda militar urgente. Un supuesto que no podría enmarañarse entre la burocracia de Bruselas o, en su defecto, de una OTAN cada vez más entre algodones. La cuestión, hasta hace poco reservada a juristas, diplomáticos o geoestrategas, impacta de lleno en la agenda de los Veintisiete tras el ataque de un dron iraní contra una base británica en territorio de Chipre. Incidente que, el pasado mes de marzo, encendió las alarmas en el territorio Schengen.

Con motivo de la cita informal de los jefes de Estado y de Gobierno en Nicosia – precisamente -, las llamas de la duda se han reavivado y han dejado paso a una conclusión de elevado voltaje político. Los Veintisiete han encargado a la Comisión Europea una suerte de manual sobre cómo debería responder la Unión si un Estado miembro invoca el artículo 42.7. Es decir, la cláusula de defensa recogida en los Tratados y, a la postre, el mecanismo que obliga a los socios comunitarios a prestar ayuda y asistencia a un país de la UE víctima de una agresión armada extranjera. El debate no nace, sin embargo, con vistas a una aplicación inmediata tras el incidente del dron iraní, sino que revela un cambio de clima y un toque de atención para abandonar la improvisación cuando la seguridad llame a la puerta.

Un artículo sin apenas uso

El citado artículo suele definirse como la alternativa europea a la cláusula quinta de la Alianza Atlántica, aunque cabe precisar que ambos mecanismos no son idénticos. De hecho, el de la OTAN descansa sobre la defensa colectiva militar y el clásico paraguas de Estados Unidos. Por el contrario, el de la Unión Europea obliga a los Estados miembros a prestar ayuda, pero deja mayor margen sobre la forma concreta de dicha asistencia, abriendo un abanico de posibilidades que oscila entre la militar, la civil, la logística, la diplomática o, en su defecto, de inteligencia.

Hasta la fecha, tan sólo se ha invocado en una ocasión. Lo hizo Francia en 2015, tras sufrir uno de los atentados yihadistas más cruentos que se recuerdan en París. Entonces, el gesto tuvo una enorme carga simbólica, pero también cristalizó las limitaciones del mecanismo. La activación evidenció la inexistencia de una guía clara, un procedimiento automático o arquitectura común suficientemente rodada para canalizar dicha asistencia. Por lo que, con motivo de las turbulencias en el cada vez más demacrado tablero de juego geopolítico, el debate ha regresado a las altas instancias comunitarias.

Una década después, los líderes de los Veintisiete quieren corregir dicha indefinición. El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, lo resumió a su llegada a la segunda jornada de la cumbre, conjugando el deseo conjunto de reclamar a Bruselas un lugar común sobre “cómo responder” si uno o varios socios activan el artículo, porque – insistía – todavía existen “una serie de preguntas que necesitan respuesta”.

El incidente con Irán

El contexto es crucial en este debate. Chipre ocupa una posición estratégica en el Mediterráneo oriental, a medio camino entre Europa, Oriente Medio y el norte de África. La isla convive con bases británicas y un clima tensionado por los conflictos regionales de sus aledaños, lo que se traduce en una exposición directa a las crisis que se abren constantemente en una zona históricamente hostil.

El ataque del dron iraní a una base británica en tierras chipriotas encendió las primeras alarmas. Nicosia optó por no invocar el artículo, pero agradeció el apoyo recibido de naciones como España o Francia, quienes enviaron ipso facto respaldo marítimo a la ínsula. Aún con todo, el episodio evidenció una incómoda realidad: si un Estado miembro pide ayuda formal, la UE necesita saber lo que puede ofrecer, quién coordina la respuesta y con qué rapidez puede actuar. Esa pregunta cobra mayor relevancia para los socios europeos que, además, no cuentan con la cobertura defensiva de la OTAN, como la propia Chipre, Malta, Irlanda o Austria. Asumen la cláusula 42.7 como la principal garantía de solidaridad europea ante una agresión exterior y no como un jarrón chino incrustado en el Tratado.

El convulso tablero acelera el debate

La reflexión de los Veintisiete nace en un momento de extrema delicadeza geopolítica; con la guerra de Estados Unidos contra Irán en el horizonte y las amenazas constantes de Donald Trump a los aliados europeos por – a su juicio – falta de apoyo en su cruzada imperialista, mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz a la espera de unas conversaciones de paz enquistadas pese a la mediación de Pakistán. En este contexto, Europa sigue enfangada – cinco años después – en la guerra de Ucrania, entremezclada con la constante amenaza rusa que ahora choca con la escasa fiabilidad que ofrece un presunto aliado de la Unión. El paraguas estadounidense, apunto de resquebrajarse.

Así, Bruselas trata de avanzar hacia una autonomía estratégica que lleva años anunciándose pero que no termina de materializarse. El tablero de juego obliga a los Veintisiete a mover ficha para que deje de ser un concepto abstracto y tome cierto cuerpo. No se trata sólo de redoblar las inversiones en seguridad y defensa, sino que implica saber actuar cuando una crisis estalla en pleno vecindario comunitario y afecta directamente a uno de los estados miembros.

En este sentido, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ya anticipó esta semana que Bruselas trabaja en simulaciones para testar las garantías de su artículo 42.7. La idea que maneja la Comisión es preparar una suerte de manual operativo o “caja de herramientas” que reúna los mecanismos disponibles. En otras palabras, un documento práctico que alumbre los pasos a seguir: desde a quién llamar, pasando por la asistencia que pueda solicitarse, hasta el cómo coordinar la respuesta.

De hecho, la clave pasa por este punto: transformar una solidaridad declarativa en capacidad efectiva. Europa sabe expresar apoyo verbal cuando un socio se ve amenazado, pero naufraga a la hora de convertir dicha solidaridad en material defensivo, de inteligencia, apoyo diplomático o incluso de ciberseguridad. Por ello, la reclamación de los líderes a la Comisión no resuelve la carencia, pero supone el primer paso, que es el reconocimiento. Y en política europea, tal asunción, suele ser la primera piedra para llenar el vacío legal. Europa no ha pulsado aún el botón rojo pero, por primera vez en décadas, quiere saber qué ocurriría exactamente si alguien tuviera que hacerlo.