Los gobiernos europeos han bloqueado nuevamente, este viernes, la petición española de reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. El motivo principal esgrimido por una decena de países —respaldados por los servicios jurídicos del Consejo— son “dudas legales y financieras no resueltas” sobre el impacto de la reforma en el conjunto de la Unión. España, por su parte, insiste en que ya ha responder a todas las preguntas planteadas por sus socios.
El asunto ocupó casi una hora del debate en el Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas, donde la propuesta española, que se viene debatiendo desde 2023, encontró nuevamente el rechazo de varios países, junto a las reservas planteadas por los juristas comunitarios. En la discusión, fuentes europeas han descrito momentos de tensión, especialmente por la postura de Alemania, que coincide con los servicios legales del Consejo al considerar que la reforma, en los términos planteados, podría contravenir los Tratados de la Unión.
España ha defendido que todas las dudas han sido ya atendidas, pero los demás Estados miembros han insistido en que faltan evaluaciones claras, especialmente en lo relativo a los costes derivados de la traducción institucional, el refuerzo de los servicios lingüísticos y el presupuesto comunitario. Ante ello, aunque nuestro país propuso someter la cuestión a votación este mismo viernes, la presidencia rotatoria de turno —Dinamarca, en esta ocasión— descartó esa posibilidad, aduciendo que no existen aún las condiciones para tomar una decisión que requiere unanimidad.
Antes incluso de comenzar la reunión, ya varios ministros expresaron sus reservas en declaraciones a los medios, advirtiendo que era demasiado pronto para adoptar una postura definitiva. Representantes de países como Polonia y Austria llamaron la atención sobre la ausencia de estudios de impacto robustos. Estas mismas preocupaciones fueron reiteradas a puerta cerrada, según fuentes diplomáticas, y sirvieron para reforzar la decisión de posponer la votación.
Desde que en agosto de 2023 el Gobierno español acordó con Junts condicionar la investidura de Pedro Sánchez al reconocimiento oficial del catalán en la UE, la propuesta ha sido abordada hasta en seis ocasiones anteriores en el Consejo de Asuntos Generales: cuatro bajo la presidencia española, una bajo la presidencia de Bélgica y otra durante la presencia de Polonia al frente de la rotación. En todas ellas, la iniciativa se topó con el mismo obstáculo: falta de consenso y reservas legales.
La actual paralización deja, nuevamente, en suspenso la aspiración española. España deberá ahora redoblar sus esfuerzos para presentar análisis de impacto detallados que incluyan costes, financiación, compatibilidad jurídica con los Tratados y repercusiones en la administración comunitaria. Solo así podrá intentar superar las objeciones y conseguir un consenso amplio.
Hasta entonces, el balón queda en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez. En futuras presidencias rotatorias —tanto la danesa como las venideras— dependerá de que España refuerce su argumentación técnica, jurídica y económica para convencer a sus socios. Si no lo consigue, el reconocimiento oficial del catalán, el euskera y el gallego seguirá siendo una aspiración inalcanzable dentro del entramado europeo.