Esta semana marca un punto de inflexión inquietante para la política climática europea. En pocos días, la Unión Europea ha dado dos pasos atrás que debilitan seriamente su acción frente al cambio climático. Por un lado, ha reducido la ambición del Reglamento sobre productos libres de deforestación. Por otro lado, ha propuesto rebajar los estándares de emisiones de CO₂ para coches y furgonetas. Dos decisiones que afectan directamente a pilares esenciales de la estrategia climática como son la protección de los sumideros naturales de carbono y la reducción de emisiones en el transporte por carretera, principal fuente de emisiones dentro del sector del transporte.
Este doble retroceso no es casual ni técnico. Responde a una elección política consciente, impulsada por una mayoría conservadora y de extrema derecha que ha decidido rebajar la ambición climática europea y sustituir la regulación ambiental por concesiones a corto plazo. Una decisión que tendrá consecuencias negativas no solo para el clima y la biodiversidad, sino también para la industria, la credibilidad institucional y el modelo de futuro que Europa dice defender.
Durante el primer mandato de Ursula von der Leyen, el Pacto Verde Europeo supuso un cambio histórico. La política climática pasó a ocupar el centro del proyecto europeo, integrando la reducción de emisiones, la protección de la naturaleza, la transformación industrial y la mejora de la salud pública en una misma visión. Esa apuesta convirtió a la Unión Europea en referente internacional y ofreció a empresas, trabajadores e inversores un marco claro, estable y previsible.
Hoy, ese marco empieza a resquebrajarse. La revisión del reglamento que fija los estándares de CO₂ para coches y furgonetas, con la flexibilización del objetivo de electrificación total en 2035 y del fin del motor de combustión, no puede presentarse como un simple ajuste técnico. Es un mensaje político que introduce incertidumbre donde antes había certezas. En nombre de la competitividad, se reabre una legislación aprobada hace apenas dos años, se multiplican las excepciones y se debilita la señal que debía impulsar la inversión en electromovilidad. La idea de que rebajar estándares hará más fuerte a la industria europea es tan seductora como errónea. La experiencia reciente demuestra exactamente lo contrario.
La competitividad no se construye bajando el listón ambiental, sino liderando la innovación. Mientras China acelera su apuesta por el vehículo eléctrico, las baterías y las cadenas de valor del futuro, Europa empieza a dudar. Introducir flexibilidades como los supercréditos o mantener abiertas las puertas a combustibles sintéticos y biocombustibles para el transporte ligero no es una estrategia industrial coherente, sino una forma de aplazar decisiones inevitables. Estas tecnologías son tecnologías caras, limitadas y con un impacto climático reducido, que deberían reservarse para sectores donde no existen alternativas reales, no para prolongar artificialmente el motor de combustión.
A este retroceso se suma además el debilitamiento del Reglamento Euro 7, que regula la homologación de los vehículos. No ha pasado tanto tiempo desde el escándalo del Dieselgate, cuando se demostró que millones de coches contaminaban muy por encima de los límites legales mientras las pruebas de laboratorio ocultaban la realidad. Aquella crisis dejó como lección que la protección de la salud pública y del medio ambiente no puede basarse en la autorregulación ni en la buena voluntad de la industria. Las normas estrictas existen por una razón, y relajarlas implica aceptar más contaminación y menos confianza ciudadana.
Un viraje que va más allá de los coches
Este cambio de rumbo no se limita al sector del automóvil. La reciente aprobación en el Pleno de la reforma del Reglamento sobre productos libres de deforestación confirma que estamos ante un giro más amplio. Una normativa concebida para garantizar que lo que consumimos no contribuye a la destrucción de los bosques se ve ahora debilitada en nombre de la simplificación, con más excepciones, menos controles y nuevos retrasos. En plena emergencia climática y con una pérdida acelerada de biodiversidad, reducir la ambición en la protección de los sumideros naturales resulta profundamente irresponsable.
La Comisión Europea parece haber pasado de regular para proteger la salud y el medio ambiente a priorizar la reducción de cargas para determinados sectores, incluso a costa de reabrir legislación recién aprobada. Este enfoque sienta un precedente peligroso. Si la simplificación se convierte en la coartada para rebajar la ambición ambiental, ninguna política estará a salvo. En apenas año y medio de legislatura, la Comisión ya ha presentado nueve paquetes ómnibus que alcanzan ámbitos tan diversos como la diligencia debida, la PAC, los productos químicos, el medio ambiente, el clima o la seguridad alimentaria.
Nada de esto ocurre en el vacío. Responde a una nueva mayoría política en Europa, dominada por fuerzas conservadoras y de extrema derecha que han decidido que la lucha contra el cambio climático es prescindible cuando entra en conflicto con intereses inmediatos. Esta mayoría elige aceptar más calentamiento global, menos liderazgo industrial y mayor dependencia tecnológica. Eligen renunciar, en definitiva, a que Europa sea protagonista del siglo XXI.
El coste de este camino no se mide solo en toneladas de CO₂. Se mide en oportunidades perdidas, en inversiones que no llegarán y en empleos de calidad que se crearán en otros lugares. Se mide también en la frustración de una ciudadanía que espera coherencia entre los discursos y las decisiones. Las señales importan, y la que se envía hoy es profundamente equivocada.
La transición ecológica nunca fue un obstáculo para la prosperidad europea. Era la condición para garantizarla. Debilitarla no protege a la industria ni a los trabajadores, sino que protege el inmovilismo y retrasa lo inevitable. Esta semana, Europa ha optado por mirar atrás. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero cada paso atrás nos aleja un poco más del futuro sostenible que prometimos.