La muerte de Noelia Castillo, la joven de 25 años que accedió a la eutanasia en España tras 601 días de espera, ha traspasado ya el debate jurídico, político y social dentro de nuestras fronteras y ha saltado de lleno al terreno diplomático. La Administración de Donald Trump ha pedido investigar las circunstancias que rodearon su fallecimiento y ha ordenado a la Embajada de Estados Unidos en Madrid recabar información sobre cómo se tramitó el caso, según ha publicado el New York Post a partir de un cable diplomático y fuentes estadounidenses.
La información del diario neoyorquino sostiene que el Departamento de Estado quiere conocer con detalle qué decisiones médicas, administrativas y legales permitieron culminar el procedimiento, en un movimiento que introduce un elemento de presión exterior sobre una ley, la de la eutanasia, vigente en España desde 2021. De acuerdo con ese mismo medio, responsables estadounidenses expresan dudas sobre los mecanismos de protección desplegados en situaciones de especial vulnerabilidad y ponen el foco en los supuestos en los que concurren sufrimiento no terminal y patologías psiquiátricas.
La ofensiva de Washington llega apenas unos días después de la muerte de Noelia, cuyo caso se convirtió en uno de los más dolorosos y mediáticos sobre el derecho a morir en España. La joven, parapléjica tras un intento de suicidio en 2022, había solicitado la eutanasia en abril de 2024. Su petición fue avalada por los cauces previstos en la legislación, pero quedó bloqueada durante más de un año y medio por la batalla judicial impulsada por su padre, que trató de frenar el proceso alegando que su hija no estaba en condiciones de decidir libremente.
Ese largo periplo judicial terminó convirtiéndose en el verdadero centro del caso. La oposición paterna, apoyada por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, retrasó durante meses una decisión que Noelia había manifestado reiteradamente. La joven defendió públicamente su voluntad de morir y denunció el sufrimiento añadido que le estaba provocando la judicialización de su situación. Su historia reabrió el debate sobre hasta dónde pueden llegar los familiares para recurrir una decisión personal avalada por equipos médicos y comisiones de garantía. Finalmente, la joven recibió la eutanasia el 26 de marzo de 2026 en Sant Pere de Ribes, en Barcelona.
Del calvario judicial de 601 días a la presión de Washington sobre la ley española del derecho a morir
Ahora, el Gobierno de Trump trata de convertir ese desenlace en objeto de escrutinio internacional. El cable citado por el periódico estadounidense recoge además la supuesta preocupación de funcionarios de ese país por el hecho de que Noelia hubiera mostrado “dudas” antes del procedimiento, una circunstancia que, según esas fuentes, no habría sido atendida adecuadamente. Sobre esa base, Washington desliza sospechas sobre una eventual vulneración de derechos humanos y sobre el modo en que España aplica su legislación en casos complejos.
La irrupción de la Administración estadounidense reabre así una controversia que en España ya había alcanzado una enorme dimensión social y mediática. El caso de Noelia no solo puso a prueba los límites de la ley de eutanasia, sino también las costuras del sistema cuando una decisión íntima queda atrapada en una guerra judicial, ideológica y familiar. De hecho, tras su muerte, el Ministerio de Sanidad ha movido ficha para agilizar los procedimientos urgentes y corregir algunas de las grietas que el caso dejó al descubierto, con la intención de evitar que otras personas atraviesen una espera tan prolongada.