Las demandas judiciales no siempre buscan ganar un juicio. En ocasiones, el objetivo es desgastar y atacar a la persona demandada, independientemente de cómo se resuelva el procedimiento. Periodistas, organizaciones sociales, activistas y defensores de los derechos humanos suelen ser el principal objetivo de estos litigios, impulsados por empresas, cargos públicos, asociaciones instrumentales, pseudosindicatos o personas con importantes recursos económicos, cuyo coste económico, psicológico y reputacional pretende desincentivar su participación en asuntos de interés público. Estas prácticas reciben el nombre de SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation).
Estas demandas estratégicas contra la participación pública ponen en riesgo las democracias, razón por la que la Unión Europea (UE) aprobó la Directiva 2024/1069, conocida como directiva anti-SLAPP, una norma que busca impedir que los tribunales se conviertan en instrumentos de intimidación. La cuestión tiene una dimensión democrática evidente: si investigar, denunciar o informar puede desencadenar procesos judiciales económicamente inasumibles, el efecto disuasorio no afecta únicamente a quien recibe la demanda, sino también al conjunto de la sociedad, que pierde información y capacidad de fiscalización del poder.
¿Qué establece la directiva anti-SLAPP?
La norma, aprobada el 11 de abril de 2024 y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de abril, establece garantías procesales mínimas frente a demandas manifiestamente infundadas y procedimientos judiciales abusivos relacionados con la participación pública. Entre sus principales mecanismos destaca la posibilidad de que los jueces desestimen anticipadamente las demandas manifiestamente infundadas. Un apartado clave, pues la Justicia es el escenario de la pugna; aunque puede llegar a ser estéril, pues los togados son también, en alguna ocasión, parte activa de esta estrategia.
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En España se conoce sobradamente el comportamiento de determinados magistrados, quienes acepta a trámite denuncias con fallos de forma o sin sustento jurídico que, casualmente, afectan a personalidades relevantes o a figuras críticas. Ante estos jueces, dotar de una herramienta para tumbar SLAPP de forma anticipada es estéril, pues las identifican, pero las dejan seguir su curso a sabiendas de su verdadera intención. Más allá de estos, la Directiva contempla más preceptos.
La normativa anti-SLAPP establece que se puedan exigir al demandante garantías económicas para cubrir las costas del procedimiento y, cuando corresponda, los daños ocasionados. Además, si se acredita el carácter abusivo del litigio, los tribunales pueden imponer al demandante el pago de las costas, incluidas las de representación jurídica, y aplicar sanciones u otras medidas igualmente eficaces. La directiva permite asimismo la intervención de asociaciones, organizaciones y sindicatos para apoyar a las personas demandadas.
Otro elemento importante es su dimensión internacional es el establecimiento de garantías frente a sentencias dictadas en terceros países cuando procedan de procedimientos abusivos, así como mecanismos para impedir su reconocimiento y ejecución en la Unión Europea. No obstante, existe una limitación fundamental, dado que su ámbito obligatorio se circunscribe a asuntos civiles y mercantiles con repercusiones transfronterizas. Es decir, no incluye, entre otras materias, los procedimientos penales ni los administrativos. Además, establece mínimos que los Estados pueden ampliar mediante legislaciones nacionales más protectora
Transposición de la directiva en España
La votación en el Parlamento Europeo evidencia un consenso transversal poco habitual en un Parlamento Europeo, caracterizado por la fragmentación política. La protección frente a los litigios abusivos consiguió reunir a buena parte de las principales familias políticas. El Partido Popular Europeo (PPE), los Socialistas y Demócratas (S&D), Renovar Europa (Renew), los Verdes y la Izquierda respaldaron prácticamente de forma unánime el texto definitivo, pese a que algunos de sus partidos adscritos aplican la estrategia SLAPP en sus países, y las familias de extrema derecha se fragmentaron, descolgándose algunos de sus miembros.
Una vez aprobada, la directiva establecía el 7 de mayo de 2026 como fecha límite para su incorporación a los ordenamientos nacionales. España llegó a ese plazo sin haber culminado el proceso legislativo. El Gobierno incorporó la transposición al Plan de Acción por la Democracia, aprobado en septiembre de 2024, y el Ministerio de Justicia comenzó a preparar las reformas necesarias. Sin embargo, no fue hasta el 14 de abril de 2026 cuando el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta los dos anteproyectos destinados a adaptar la legislación española.
Su aplicación en España se vertebra en un anteproyecto de ley ordinaria, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, y en un anteproyecto de ley orgánica, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer la competencia de los tribunales españoles en determinadas reclamaciones relacionadas con demandas abusivas promovidas en terceros países. Ambas reformas incluyen el groso de la Directiva Europea, si bien no han sido finalmente aprobada por el Congreso de los Diputados, disuelto anticipadamente por la convocatoria electoral adelantada.
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