La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido este jueves la gestión del Gobierno frente al terremoto que sacudió el norte del país el pasado 24 de junio y que ha dejado, hasta el momento, al menos 2.595 muertos y 12.400 heridos. Ocho días después de la tragedia, la mandataria comparecía por primera vez ante medios internacionales en una rueda de prensa en la que reivindicaba la rapidez de la respuesta institucional y rechazar las críticas sobre la actuación de las autoridades durante las primeras horas de la emergencia.
Rodríguez aseguraba que la coordinación internacional se activó apenas tres horas después del seísmo y que, a las 2.33 de la madrugada, ordenó movilizar "todos los equipos de rescate disponibles sin ningún tipo de distinción". Asimismo, defendía que el Ejecutivo creó un Estado Mayor de emergencia pocas horas después del desastre y movilizó maquinaria pesada, camas hospitalarias y fondos de contingencia antes del amanecer. "Hicimos todo lo que está en nuestra mano y seguiremos haciendo lo que está en nuestra mano y más", afirmaba.
Sin embargo, la actuación del Gobierno fue cuestionada durante la comparecencia. Preguntada por la aparente lentitud en el despliegue de efectivos, la escasez de funcionarios implicados en los rescates durante las primeras horas y la falta de medios materiales en algunas zonas, Rodríguez insistía en que las órdenes se dieron con rapidez y que el despliegue fue progresivo debido a las dificultades de acceso.
Según detallaba, durante las primeras 24 horas participaron unos 4.000 efectivos civiles y militares, cifra que ascendió a 11.000 a las 48 horas y alcanzó los 19.000 una semana después del terremoto. La presidenta reconocía que algunas brigadas tardaron hasta dos días en llegar a determinados puntos, aunque atribuía esos retrasos a las carreteras bloqueadas por los escombros y no a una falta de respuesta por parte del Estado.
Las críticas también han alcanzado al papel desempeñado por las Fuerzas Armadas, las cuales eran defendidas por Rodríguez afirmando que estaban ampliamente visibles regulando el tráfico o manteniendo el orden público, pero cuya implicación directa en las labores de rescate ha sido puesta en duda por numerosos ciudadanos. La dirigente venezolana rechazaba esa imagen en rueda de prensa y defendía el trabajo de los militares. "No es que están con fusiles, están con palas, con carretillas", aseguraba, al tiempo que reivindicó su participación en los rescates, la distribución de alimentos, la organización de centros de acopio y la instalación de hospitales y cocinas de campaña.
Otro de los ejes de la comparecencia fue la gestión del acceso a La Guaira, epicentro de la catástrofe. Rodríguez sostenía que el colapso registrado durante los primeros días no respondió únicamente a la llegada masiva de voluntarios, sino a una campaña organizada desde lo que denominó "laboratorios mediáticos" con el objetivo de dificultar las labores de rescate. En este sentido, justificaba la decisión de militarizar el estado y restringir el acceso a personas autorizadas para evitar nuevos bloqueos en las carreteras.
Finalmente, la mandataria también respondía a las denuncias sobre supuestas morgues improvisadas, problemas para identificar cadáveres y falta de espacio en los cementerios. Rodríguez remarcaba que todos los fallecidos están siendo sometidos a un proceso de identificación mediante huellas dactilares o pruebas odontológicas forenses, en coordinación con las autoridades competentes, y negaba tajantemente que se estén realizando enterramientos en fosas comunes. "Nadie va a fosa común", concluía.
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