La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha aterrizado este lunes a La Haya para pelear por la soberanía de su país sobre el Esequibo. La mandataria, que asumió el mando tras el secuestro de Estados Unidos a Nicolás Maduro el 3 de enero, ha conseguido un salvoconducto legal para llegar a Europa, a pesar de la prohibición de Bruselas. Esto abre la puerta a que Rodríguez acepte la invitación del Gobierno de España a la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, a pesar de las mentiras que tratan de defender el Partido Popular y Vox.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció el 28 de abril que la presidenta venezolana estará invitada a la cumbre, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de este año en la capital. El anuncio llevó inevitablemente a recordar la sanción europea a Rodríguez por participar en el régimen chavista, a lo que el ministro aclaró: "Siempre se invita a quienes tienen la representación internacional. Esta cumbre no va a ser diferente a otras".
Esto activó la respuesta de PP y Vox, que tratan de defender desde entonces una tesis que ha quedado invalidada este lunes, con la llegada de Rodríguez a Países Bajos. La Unión Europea prohibió en 2018 que cualquier persona vinculada al Gobierno de Maduro pudiera pisar territorio comunitario, justificándose en las "acciones persistentes que socavan la democracia y el Estado de derecho".
La sanción de Bruselas permite excepciones
La sanción, que está en vigor hasta el 10 de enero de 2027, permite excepciones para foros multilaterales, como es la vista que comienza este lunes en La Haya para abordar la cuestión del Esequibo. España anunció que trabajará para conseguir una exención similar para que la presidenta venezolana pueda participar en la Cumbre, aunque el Gobierno aún no ha movido ficha en ese sentido. El Ejecutivo recuerda que Delcy Rodríguez estuvo en Bruselas en 2023, para participar en la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), entonces aún como vicepresidenta de Maduro.
Aún así, el PP lleva desde abril impulsando fórmulas para evitar que Rodríguez llegue a España. Primero lo hicieron desde Bruselas, cuando dos días después del anuncio de Albares, el Parlamento Europeo aprobó una moción para pedir al Consejo de la Unión que no levante las sanciones al Gobierno venezolano hasta que no haya avances democráticos en el país. Además de esta resolución, aprobada por la derecha europea, los de Alberto Núñez Feijóo elevaron la misma petición a la Comisión Europea.
Al día siguiente -este sábado-, el líder de la oposición pidió cerrar "las puertas" a que uno de los países de la Cumbre participe en ella. "España, como parte de Europa, debe cerrarle las puertas" a Delcy Rodríguez, y no "ponerle una alfombra roja", fueron sus palabras. El del PP aseguró que la presidenta representa "la dictadura que ha asesinado, torturado, robado y forzado al exilio a un millón de venezolanos".
Y luego está Vox, que siempre acostumbra a ir un paso más allá. Los de Santiago Abascal han mezclado todo el asunto con la corrupción, acusando a Pedro Sánchez de recibir a una supuesta colaboradora de sus tramas y a la Unión Europea de connivencia: "Úrsula von der Leyen no debe compartir otra vez alfombra roja con Delcy y deben desoír al Gobierno de Pedro Sánchez porque es parte implicada en la trama corrupta", dijo su eurodiputado Jorge Martín Frías. En redes insistió en su mensaje de que el presidente del Gobierno "forma parte de la internacional del crimen", y condenó la invitación a Rodríguez a la Cumbre con los argumentos que han quedado desmentidos este lunes.
La disputa de la Guayana Esequiba
La presidenta encargada ha aterrizado en La Haya para ser parte de un proceso muy relevante en su país. La Guayana Esequiba es un territorio de unos 160.000 kilómetros situado en el nordeste del continente sudamericano. Guyana lo administra como parte de su territorio, pero Venezuela lo reclama como propia desde hace más de un siglo, interesada en el petróleo y otros recursos naturales que abundan allí. Ambos países arrastran el conflicto desde 1899, cuando Reino Unido, que entonces controlaba la Guayana como su colonia, junto a Estados Unidos y Rusia, fijaron el territorio en su lado de la frontera.
Caracas declaró formalmente nulo ese acuerdo en 1962, tras lo que mantiene viva una reclamación que ha enarbolado el régimen chavista. En 1966, Venezuela, Reino Unido y la colonia firmaron el Acuerdo de Ginebra, que dejaba sin efecto el dictamen fronterizo del siglo XIX. Sin embargo el Esequibo siguió administrado por Guyana, que se independizó poco después de los británicos.
En 2018, el Gobierno de la Republica Cooperativa acudió al Tribunal Internacional de Justicia para dar validez al laudo arbitral de 1899 y confirmar su soberanía sobre el territorio, argumentando que Venezuela estaba reabriendo una cuestión ya resuelta hace más de un siglo. El Gobierno de Rodríguez, que anunció que se personaría en la causa, reclama que se ponga en práctica el acuerdo de 1966, y que la negociación adjudique la región a su Guayana Esequiba, que desde hace años ya dibujan como suya en los mapas.
Tras años de disputa, la primera vista en La Haya comienza este lunes. Allí va a estar la presidenta venezolana, que defenderá la reivindicación histórica de su país y tratará de reclamar su soberanía, aunque no está previsto que el Tribunal resuelva el caso hasta dentro de varios meses. La riqueza en recursos como el petróleo, los diamantes o el oro, pone el conflicto en riesgo de acabar por la vía militar. Guyana ha denunciado varias amenazas de Venezuela a su soberanía, que desde Caracas han defendido. De hecho el Acuerdo de Ginebra fue una solución a la ocupación militar del Esequibo por parte del régimen anterior al de Hugo Chávez.
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