En la frontera de Ceuta hay estos días más policías marroquíes que nunca, pero ninguno pertenece a la Unión Europea. Patrullan los montes próximos a la ciudad española, vigilan las carreteras que conducen hacia Fnideq, la localidad marroquí situada al otro lado, controlan las playas y detienen a grupos que intentan aproximarse a la frontera. Marruecos asegura que dedica diariamente más de 20.000 agentes al dispositivo de vigilancia en torno a Ceuta y que mantener ese esfuerzo le cuesta cientos de millones de euros, según declaró un alto diplomático del país a Associated Press.
Dos semanas antes, esa arquitectura de contención había quedado en evidencia. Más de 72.000 personas llegaron a Ceuta durante la crisis de finales de julio, en una entrada sin precedentes que dejó decenas de muertos y desbordó durante días una ciudad de poco más de 80.000 habitantes. La mayoría regresó después a Marruecos, aunque entre 5.000 y 8.000 permanecían todavía este domingo en territorio español, según Reuters.
El episodio ha vuelto a situar el foco sobre la valla española, pero una parte esencial de la frontera europea se encuentra en realidad antes de llegar a ella.
Durante más de una década, la Unión Europea ha tejido con Marruecos una cooperación destinada a reducir las salidas irregulares, combatir las redes de tráfico y reforzar la vigilancia fronteriza. El mecanismo no es exclusivamente marroquí. Bruselas lo ha extendido progresivamente a Mauritania, Túnez, Egipto y otros países de tránsito, mediante acuerdos que mezclan migración con inversiones, cooperación económica, energía, ayuda al desarrollo y relaciones diplomáticas. No se trata simplemente de pagar a otros Estados para que hagan de policías de Europa: los programas son más amplios y los intereses son recíprocos. Pero el resultado es cada vez más visible. Una parte creciente del control de las fronteras europeas se ejerce fuera de Europa.
La crisis de Ceuta ha mostrado el punto débil de ese sistema: funciona mientras funciona también la cooperación con el país situado al otro lado.
Y esa vulnerabilidad ya no es únicamente una advertencia de organizaciones humanitarias o especialistas en migraciones. La ha reconocido la propia Comisión Europea. Después de los acontecimientos de julio, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, advirtió de que la UE queda expuesta cuando el control de una frontera depende demasiado de la colaboración y la “buena voluntad” de un país vecino, según Reuters.
Una frontera que empieza antes de la valla
La relación entre Marruecos y la UE permite medir la dimensión del modelo. Bruselas anunció para el periodo 2021-2027 un paquete indicativo de 500 millones de euros destinado a cooperación migratoria con Rabat. Antes, entre 2015 y 2021, el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África había comprometido 234 millones para actuaciones relacionadas con migración en Marruecos, buena parte destinadas a gestión integrada de fronteras, lucha contra el tráfico de personas, protección de migrantes y retornos voluntarios.
Las cifras necesitan contexto. En 2023, por ejemplo, la Comisión anunció un paquete global de 624 millones de euros para Marruecos que incluía, además de migración, protección social, transición ecológica y reformas administrativas. Reducir toda esa relación al intercambio de dinero por vigilancia fronteriza sería inexacto. Marruecos es además un socio económico, comercial y diplomático fundamental para la UE.
Pero la migración se ha convertido en una de las piezas centrales de esa relación.
España conoce bien las consecuencias de esa interdependencia. En mayo de 2021, durante una grave crisis diplomática entre Madrid y Rabat, miles de personas cruzaron hacia Ceuta después de una relajación de los controles del lado marroquí. El episodio coincidió con el enfrentamiento por la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, y convirtió la migración en el elemento más visible de una disputa que originalmente nada tenía que ver con las fronteras.
La crisis actual es diferente y no existen pruebas concluyentes de que Marruecos haya provocado deliberadamente la entrada masiva de julio. De hecho, Rabat ha desplegado ahora miles de agentes para impedir que vuelva a producirse y ha detenido a cientos de personas ante nuevas convocatorias difundidas a través de las redes sociales.
Pero la experiencia de 2021 dejó una lección que vuelve a resultar incómoda: cuando la cooperación marroquí disminuye, España tiene una capacidad limitada para contener por sí sola la presión antes de que alcance Ceuta.
La discusión ha adquirido además una dimensión política después de la última crisis. El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, volvió a plantear públicamente la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla, obligando al Gobierno español a responder que la soberanía de ambas ciudades no está en discusión.
Mauritania y Túnez, los otros socios
El modelo no termina en Ceuta. Cuando la ruta hacia las islas Canarias cobró fuerza, Bruselas dirigió parte de su atención hacia Mauritania, una extensa nación del Sahel convertida en punto de salida y tránsito hacia el Atlántico. En marzo de 2024, la Comisión Europea lanzó una asociación migratoria con Nuakchot y anunció la movilización de 210 millones de euros para un paquete que incluía gestión migratoria, ayuda a refugiados, creación de empleo e inversiones.
La lógica era semejante: actuar antes de que las embarcaciones alcanzaran aguas europeas.
En Túnez, la UE había dado otro paso un año antes. El memorando firmado en julio de 2023 estableció una asociación estratégica con cinco grandes pilares: estabilidad macroeconómica, economía y comercio, transición energética, contactos entre ciudadanos y migración y movilidad. Bruselas anunció entonces otros 105 millones de euros específicamente para cooperación migratoria, incluyendo el refuerzo de la gestión fronteriza, los retornos y la lucha contra los traficantes.
El objetivo europeo no es difícil de entender. Detener una embarcación antes de que zarpe desde Túnez o impedir que un grupo alcance la frontera de Ceuta evita que el migrante llegue a una jurisdicción donde puede solicitar protección y donde la administración europea debe hacerse cargo de su procedimiento. Para los Estados miembros, además, la reducción de las llegadas se ha convertido en una prioridad política en un continente donde la inmigración condiciona elecciones y alimenta a partidos de extrema derecha. Pero trasladar el control hacia el exterior también traslada parte del poder.
Marruecos, Mauritania o Túnez dejan de ser únicamente países de origen o tránsito para convertirse en socios imprescindibles de la política interior europea. Cuanto mayor es esa necesidad, mayor es también su capacidad negociadora frente a Bruselas. Ese es precisamente el problema que Ceuta ha vuelto tangible.
La dependencia tiene un precio político
El debate no es solo presupuestario. También afecta a la capacidad de la UE para condicionar el comportamiento de sus socios.
Organizaciones como Human Rights Watch han cuestionado durante años la externalización del control migratorio hacia gobiernos acusados de abusos contra migrantes y solicitantes de asilo. Un informe publicado este año sobre Ceuta y Melilla denunciaba además las dificultades para acceder de forma efectiva a la protección internacional y cuestionaba el creciente apoyo material y financiero a Marruecos y Mauritania para gestionar los flujos migratorios, según recogió El País.
La contradicción es difícil de eliminar. Bruselas necesita que sus socios frenen las salidas y, al mismo tiempo, pretende que esas actuaciones respeten los estándares de derechos humanos europeos. Necesita que sean gobiernos suficientemente fuertes para controlar su territorio, pero no quiere que esa capacidad de control termine convertida en una herramienta de presión política.
La reciente crisis ha mostrado además que levantar la frontera cada vez más lejos no garantiza que desaparezca. Basta con que se altere uno de los eslabones para que el problema reaparezca varios kilómetros al norte. La respuesta europea inmediata ha sido reforzar todavía más el dispositivo. España instaló tras la crisis una barrera flotante de unos 500 metros en la zona marítima de la frontera y desplegó nuevos efectivos; Marruecos multiplicó a su vez sus controles ante las convocatorias de nuevas entradas.
El resultado ofrece una imagen paradójica. A ambos lados de Ceuta hay hoy más vigilancia que antes de la crisis. Sin embargo, el episodio ha dejado más dudas sobre quién controla realmente esa frontera.
Europa puede financiar radares, vehículos, agentes, centros de acogida o programas de cooperación. Puede firmar acuerdos con los países donde comienzan las rutas y conseguir que disminuyan las llegadas. Y puede convertir la anticipación —detener la migración antes de que alcance suelo comunitario— en uno de los pilares de su política fronteriza. Lo que no puede hacer es eliminar la dependencia que esa estrategia genera.
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