El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, telefoneó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una "reconsideración" de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial. Una llamada que puso de manifiesto una fórmula de la que lleva haciendo uso durante años el magnate: cuestionar la legitimidad de las reglas cuando le resultan incómodas, utilizar el peso de su influencia política para favorecer intereses concretos y convertir prácticas propias de la corrupción en algo asumido públicamente, incluso desde la Casa Blanca. La presión dio resultado y, en una decisión que sigue abriendo debate y que no dejará de hacerlo en largo tiempo, la FIFA anuló la sanción de un partido al atacante estadounidense. No fue suficiente para que los futbolistas norteamericanos se hicieran con la victoria, ya que cayeron ante Bélgica por cuatro goles a uno, pero la acción del presidente estadounidense cumplió el efecto que éste buscaba.
"Si Bélgica gana, diré que el partido estaba amañado, igual que amañaron las elecciones de 2020", comentó el presidente entre bromas desde la Casa Blanca. Con esa frase, más allá del tono irónico, volvió a recordar la estrategia que ha definido buena parte de su trayectoria política: antes de perder las elecciones frente a Joe Biden, Trump desacreditó de forma reiterada el proceso electoral, difundiendo sospechas sobre el voto por correo y alimentando teorías conspirativas acerca de un supuesto plan demócrata para impedir que volviera a ganar las elecciones. Después de la derrota protagonizó otra llamada ya célebre: pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que "encontrara" exactamente 11.780 votos, la cifra necesaria para revertir el resultado. Lo que en cualquier lugar se conocería como corrupción. Raffensperger no cedió a las presiones y los sucesivos recuentos y las resoluciones judiciales confirmaron la victoria de Biden y, pese al intento de Trump de mantenerse en el poder alentando el asalto al Capitolio, el Congreso certificó finalmente el resultado electoral. Igual que en esta ocasión con el fútbol y la FIFA como telón de fondo, el objetivo estaba sembrado pese a no haberse salido con la suya: sembrar una profunda desconfianza sobre el sistema electoral. Cuatro años más tarde, tras regresar a la Casa Blanca, el efecto seguía siendo evidente a vista de que la confianza de los votantes republicanos en la limpieza de las elecciones pasó del 44% en 2020 al 28% en 2024. Efecto similar surtió en los demócratas, al descender del 55% al 45%.
El reflejo de una costumbre
La conversación que Trump mantuvo con Infantino ilustra una forma de ejercer el poder marcada por la ausencia de límites y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas sobre la figura del tycoon. Del mismo modo que presumió de haber influido sobre el máximo dirigente de la FIFA, Trump también exhibe como un hecho consumado haberse convertido en el presidente estadounidense que más ha incrementado su patrimonio durante su paso por la Casa Blanca. Cuando dejó el cargo en 2021, su fortuna había aumentado en al menos 2.400 millones de dólares. Sin embargo, la declaración financiera presentada en 2025 muestra un salto todavía mayor: solo en el primer año de su segundo mandato declaró ingresos superiores a 2.200 millones de dólares, una cifra cercana a la obtenida durante toda su primera presidencia. De ese total, unos 1.400 millones procedían del negocio de las criptomonedas y otra buena parte de los activos en bolsa, un sector en el que él mismo ha reconocido tener información privilegiada y la capacidad de manipular el mercado a su antojo a través de diferentes mecanismos a los que tiene acceso por ser el presidente de la primera potencia occidental.
Una parte significativa de esos beneficios tiene su origen en los países del Golfo Pérsico, destino del primer viaje internacional de Trump durante su segundo mandato. Allí estuvo acompañado por sus hijos, quienes aprovecharon la visita para impulsar nuevos proyectos vinculados a la empresa familiar, desde complejos turísticos y hoteles hasta campos de golf, torres de lujo y negocios relacionados con activos digitales. Uno de los movimientos más lucrativos se produjo cuando una empresa vinculada al fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos adquirió cerca de la mitad de World Liberty Financial, la compañía de criptomonedas impulsada por la familia Trump junto a Steve Witkoff, amigo personal del presidente y su enviado especial para conflictos como los de Ucrania, Gaza, Irán o Rusia.
Indultos y favores
Pero el aprovechamiento del poder presidencial en beneficio propio no termina ahí. Otro punto sobre el que es interesante detenerse es la lista de indultos concedidos durante este segundo mandato, que también refleja esa forma de entender y ejercer el poder. Aunque la Constitución concede al presidente amplias competencias para otorgar clemencia, Trump ha utilizado esa prerrogativa como una herramienta política, configurando un sistema en el que la cercanía personal, la lealtad y las aportaciones económicas parecen influir en quién evita responder ante la justicia.
Nada más asumir el cargo, concedió el perdón a todos los condenados por el asalto al Capitolio, incluidos integrantes de grupos ultraderechistas como los Oath Keepers y los Proud Boys. Posteriormente extendió esa medida a figuras como Rudy Giuliani, Sidney Powell o Tina Peters, todos ellos implicados en los esfuerzos para impugnar el resultado electoral de 2020. Con el paso de los meses, la lista siguió creciendo con decenas de personas que, de una u otra forma, habían contribuido económicamente a su entorno político o familiar. Entre esos casos figura también Trevor Milton, empresario del sector tecnológico condenado por fraude a inversores, que recibió el indulto después de donar cerca de dos millones de dólares a comités de acción política favorables a Trump durante la campaña de 2024. También Paul Walczak, ejecutivo de residencias para mayores condenado por apropiarse de diez millones de dólares retenidos de los salarios de sus empleados, obtuvo el perdón presidencial pocas semanas después de que su madre entregara un millón de dólares a uno de esos comités. Otro ejemplo es Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien admitió su responsabilidad en un caso de blanqueo de capitales y aceptó el pago de una sanción de 4.000 millones de dólares antes de ser indultado, después de que su empresa impulsara operaciones que reportaron miles de millones de dólares a los negocios de la familia Trump.
Todos estos episodios ilustran cómo las prácticas asociadas a la corrupción se han convertido en un elemento habitual dentro de la Administración Trump. Lejos de ocultarlas, el presidente las ha tratado como actuaciones legítimas, favorecido por un sistema institucional que, con el paso del tiempo, ha reforzado el poder del Ejecutivo frente al Congreso y los tribunales. Un fortalecimiento que, además, quedó patente en 2024, cuando un Tribunal Supremo muy de su lado determinó que los presidentes disfrutan de inmunidad penal por los actos realizados en el ejercicio "oficial" de sus funciones. Esa decisión, muy controvertida, podría convertirse en un importante escudo jurídico para Trump si la justicia llegara a acreditar conductas corruptas. Mientras tanto, los demócratas ya han anunciado que, si recuperan el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre, impulsarán comisiones de investigación sobre las actividades del presidente. Esas pesquisas podrían desembocar en un nuevo proceso de juicio político (impeachment), el único procedimiento previsto por la Constitución para destituir a un presidente antes de que concluya su mandato.
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