El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha hecho público este jueves un proyecto de decreto autonómico en el que se establece una compensación económica a los expresidentes autonómicos del 80% de sus retribuciones durante un tiempo máximo de dos años. Según los cálculos del Ejecutivo madrileño, el sueldo actual por este cargo situaría en 82.472 euros.
Este anuncio coincide con la declaración de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, en el caso abierto por corrupción en los negocios y el viaje de Ayuso a Ecuador. De esta forma, su Gobierno se asegura desplazar el foco mediático de un lado y Ayuso evita tener que dar declaraciones.
El Ejecutivo regional establece en este proyecto una indemnización de 750 euros por cada pleno al que acudan los expresidentes una vez termine el periodo de dos años y podrán realizar labores consultivas en la Comisión Jurídica Asesora. El gobierno madrileño recupera así una remuneración que fue eliminada en tiempos de Cristina Cifuentes.
La propuesta de los populares para modificar este estatuto incluye además el derecho a contar con “dos personas de apoyo para el desarrollo de sus actividades, medios auxiliares necesarios en las dependencias de la Comunidad de Madrid y un servicio de coche con conductor”, con la posibilidad de extenderse hasta cuatro años si los mandatarios han estado un periodo superior a este tiempo al frente del gobierno autonómico.
La reforma pone fin a una polémica que comenzó hace más de un año y medio, cuando Ayuso llegó a ironizar en la Asamblea de Madrid diciendo que, gracias a esta medida, se asignaría un sueldo vitalicio como expresidenta de “30.000 euros”, en respuesta a las acusaciones de la oposición a finales de 2023, que la señalaron por impulsar un cambio normativo que le permitiría asegurarse un salario vitalicio de 8.500 euros brutos mensuales una vez dejara el cargo. Finalmente, la reforma presentada por el Gobierno no incluye una pensión vitalicia para expresidentes.
Tratamiento preferente en actos
Los expresidentes autonómicos recibirán el tratamiento de “excelentísimo” y, en actos oficiales, ocuparán un lugar en el protocolo inmediatamente posterior al de los miembros del Consejo de Gobierno, en línea con lo que ya recogen las normativas de 15 comunidades autónomas.
Asimismo, con el objetivo de garantizar su función de representación institucional, quienes hayan ostentado la Presidencia regional durante al menos dos años podrán disponer, durante los dos años siguientes a su salida del cargo, de medios personales y materiales de apoyo.
En concreto, se les asignarán dos personas de asistencia para el desarrollo de sus actividades, contarán con medios auxiliares en dependencias de la Comunidad de Madrid y dispondrán de un vehículo con conductor. Si su mandato superó los cuatro años, estos recursos se prolongarán durante los cuatro años posteriores al cese. Además, podrán ofrecer “servicios de asesoramiento”, sin percibir retribución alguna, si así lo solicita el Ejecutivo autonómico.
Madrid defiende la norma
Desde el Ejecutivo autonómico han defendido que Madrid es, junto a Cantabria, la única comunidad que aún carece de una normativa que “dé seguridad jurídica a este ámbito de su Gobierno”.
La futura regulación establece “expresamente que en ningún caso se tendrá derecho a una pensión de jubilación ni a recursos personales o materiales vitalicios”, y subraya que su aplicación estará limitada “a un máximo de dos a cuatro años, en función de la permanencia en la Administración autonómica”.
Además, desde el Gobierno regional insisten en que su modelo es “austero, restrictivo, exigente y transparente”, y subrayan que cuenta con “una previsión económica muy inferior a la de estas regiones”, en comparación con los sistemas similares vigentes en otras comunidades autónomas.