Booking, Expedia, TripAdvisor y Airbnb, gigantes del turismo online, figuran entre las primeras compañías señaladas por Amnistía Internacional en su último informe sobre la complicidad empresarial y estatal en las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel. La organización advierte de que ambas plataformas, junto con otras como Expedia o TripAdvisor, han contribuido al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado, pese a los reiterados llamamientos a cortar sus vínculos con esas actividades.
La denuncia no se limita al sector turístico. Amnistía apunta directamente a gobiernos, instituciones públicas y grandes corporaciones de todo el mundo por facilitar, sostener o beneficiarse de un sistema que engloba la ocupación ilegal, el apartheid y lo que la organización ya define abiertamente como genocidio en la Franja de Gaza. “Estados, universidades, empresas y entidades privadas han priorizado sus beneficios económicos frente a la dignidad humana, sosteniendo durante décadas la maquinaria israelí de opresión”, subraya el documento.
La secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, fue tajante: “La dignidad humana no es una mercancía. Mientras miles de madres palestinas ven morir de hambre a sus hijos en Gaza, empresas armamentísticas, tecnológicas y turísticas continúan obteniendo beneficios millonarios”. Callamard pidió un cambio inmediato de rumbo y exigió tanto a Estados como a corporaciones la suspensión de contratos, inversiones y actividades que respalden los crímenes de Israel.
Empresas bajo el foco
El informe incluye una lista de quince compañías especialmente implicadas, aunque Amnistía aclara que se trata solo de “la punta del iceberg”. Entre ellas figuran gigantes de la industria militar como Boeing y Lockheed Martin, responsables de proveer aviones y bombas utilizadas en los bombardeos sobre Gaza, así como las principales empresas armamentísticas israelíes - Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries -.
También aparecen señaladas la tecnológica china Hikvision, vinculada a sistemas de vigilancia en los territorios ocupados; la estadounidense Palantir Technologies, proveedora de software de inteligencia artificial al ejército israelí; o Corsight, especializada en reconocimiento facial. La española CAF, por su parte, ha sido denunciada reiteradamente por participar en el tranvía de Jerusalén, proyecto que consolida la expansión de asentamientos ilegales.
Mención aparte merece Mekorot, empresa estatal israelí del agua, acusada de gestionar la infraestructura hídrica en Cisjordania de manera discriminatoria contra la población palestina y en beneficio de los colonos. El conglomerado surcoreano HD Hyundai también aparece por suministrar maquinaria usada en demoliciones ilegales.
Falta de acción internacional
El informe coincide con el aniversario de la resolución de la Asamblea General de la ONU que, en septiembre de 2024, instaba a Israel a poner fin a su ocupación en un plazo de doce meses. La Corte Internacional de Justicia había dictaminado previamente que dicha ocupación era ilegal y que las políticas de Israel equivalían a un régimen de segregación racial y apartheid.
Un año después, advierte Amnistía, Israel sigue imponiendo hambre y muerte a la población palestina mientras la comunidad internacional permanece en gran medida inmóvil. “La mayoría de los Estados no han hecho nada para implementar la resolución de la ONU. Esta inacción los convierte en cómplices del genocidio y del apartheid”, recalcó Callamard.
No podemos permitir que la muerte y el sufrimiento del pueblo palestino se conviertan en un negocio rentable. La pasividad es complicidad
La organización exige medidas concretas: desde la suspensión inmediata de la venta de armas y equipos de vigilancia a Israel hasta sanciones económicas y diplomáticas a quienes sostienen la ocupación. Pide también prohibir la participación de empresas cómplices en ferias comerciales, licitaciones públicas o contratos con administraciones estatales.
En el caso español, la atención vuelve a centrarse en CAF. Amnistía Internacional en España recuerda que tanto el Gobierno Vasco como Kutxabank y Mayoral, accionistas de la empresa, deben presionar para que esta abandone de inmediato el proyecto del tranvía de Jerusalén. Esteban Beltrán, director de la sección española, insiste en que “no es admisible que CAF ignore las recomendaciones internacionales y participe en la consolidación de los asentamientos ilegales”.
Llamamiento a la sociedad civil
Amnistía concluye con un llamamiento a la movilización ciudadana. Insta a los consumidores a exigir transparencia y responsabilidad a las empresas, y a presionar a los gobiernos para que cumplan sus obligaciones internacionales. “No podemos permitir que la muerte y el sufrimiento del pueblo palestino se conviertan en un negocio rentable. La pasividad es complicidad”, enfatizó Callamard.
El mensaje es claro: mientras empresas como Booking, Airbnb, Boeing o CAF mantengan relaciones económicas que sostienen el aparato de ocupación israelí, y mientras los Estados continúen mirando hacia otro lado, la tragedia en Gaza y en todo el territorio palestino ocupado seguirá prolongándose. El fin del genocidio, advierte Amnistía, no llegará sin la ruptura de esos vínculos económicos y políticos que hoy alimentan la impunidad de Israel.