La libertad de prensa atraviesa un momento especialmente difícil. A los asesinatos de periodistas en zonas de guerra se suman las amenazas, la vigilancia y los procedimientos judiciales utilizados para frenar informaciones incómodas. Carlos Escote, portavoz de Amnistía Internacional en España, considera que estos ataques no pueden entenderse sin observar el deterioro general de los derechos humanos. En una entrevista con El Plural, relaciona las dificultades para informar con el avance del autoritarismo y con la voluntad de determinados dirigentes de reducir el espacio para la crítica.
La ofensiva contra los derechos humanos alcanza a la prensa
"Nos encontramos en el momento más difícil en cuanto a derechos humanos de nuestra época", sostiene Escote. Su valoración remite al informe de Amnistía Internacional sobre 2025, publicado en abril de 2026, que describe un escenario de ataques al derecho internacional, debilitamiento de las instituciones multilaterales y represión de la disidencia. La organización analiza cómo esas tendencias afectan tanto a los países en guerra como a sociedades en las que el ejercicio de las libertades depende cada vez más de decisiones políticas y herramientas de control.
El portavoz habla del avance de los "poderosos depredadores" y cita a Benjamin Netanyahu, Donald Trump y Vladímir Putin como ejemplos del fenómeno denunciado por Amnistía. La organización les atribuye responsabilidades distintas en actuaciones contrarias a los derechos humanos, dentro de un contexto en el que identifica una apuesta por la confrontación y el uso de la fuerza. Escote resume parte de esa tendencia con una expresión inequívoca: "Apuestan por la guerra en lugar de la diplomacia". Para el portavoz, el debilitamiento de los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas también afecta al periodismo.
Su argumento parte de una relación directa entre información y democracia: "El poder hacer crítica al poder es fundamental". Si las autoridades o los grupos influyentes castigan las investigaciones y las denuncias, no solo queda comprometida la seguridad de quienes las publican. También se deterioran las posibilidades de conocer abusos, exigir explicaciones y debatir decisiones que afectan a toda la ciudadanía. Escote lo formula de manera sencilla: "La crítica es un derecho, no es un delito".
Un récord de 129 muertos en un solo año
El balance del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) da una dimensión concreta a esa preocupación. Según sus registros, 129 periodistas y trabajadores de los medios murieron en 2025, la cifra más alta desde que comenzó a reunir estos datos en 1992. Al menos 104 fallecieron en contextos de conflicto. El CPJ advierte, además, de una impunidad persistente: documentó 47 casos de asesinatos deliberados vinculados con el trabajo periodístico y señaló la ausencia de responsables condenados en esos expedientes al presentar su balance.
Israel aparece en el centro de las estadísticas. La Federación Internacional de Periodistas contabilizó 56 periodistas y trabajadores palestinos de los medios muertos por el genocidio que perpetran las fuerzas israelíes en 2025, cifra que recoge Amnistía Internacional. El CPJ, con otra metodología y un ámbito territorial más amplio, atribuyó a Israel 86 muertes de profesionales de la prensa durante ese año.
Gaza y la dificultad de investigar los ataques
El CPJ sostiene que la ofensiva israelí convirtió de nuevo 2025 en un año excepcionalmente letal para la prensa y denuncia las dificultades para investigar cada muerte, entre ellas las restricciones al acceso de medios extranjeros a Gaza y la destrucción de pruebas. Israel niega que sus fuerzas ataquen deliberadamente a periodistas. Las organizaciones de defensa de la libertad de prensa reclaman investigaciones independientes y recuerdan que el derecho internacional humanitario protege a los profesionales de los medios como población civil, salvo que participen directamente en hostilidades.
Escote sitúa los asesinatos de periodistas dentro de un deterioro internacional que, a su juicio, no puede desligarse de las vulneraciones más amplias de derechos humanos. El portavoz advierte de que las agresiones contra la prensa son una forma de impedir el conocimiento público de hechos que las autoridades deberían explicar y que las sociedades tienen derecho a examinar.
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México y Colombia: violencia y acoso judicial
Fuera de las zonas de guerra, América Latina ofrece otros ejemplos. Amnistía recoge la denuncia de ARTICLE 19 de siete periodistas asesinados en México durante 2025 en represalia por su labor informativa. El CPJ documentó al menos seis muertes, conforme a sus propios criterios. La organización internacional también advierte del uso creciente de procedimientos legales contra periodistas mexicanos: ARTICLE 19 registró 51 casos de acoso judicial contra 39 profesionales solo entre enero y julio de 2025.
En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 468 ataques contra los medios y sus profesionales en 2025. Entre ellos figuran 191 amenazas, 61 episodios de estigmatización, 26 hechos de acoso judicial, un asesinato y una tentativa de homicidio. El balance incluye también desplazamientos forzados y casos de exilio. Para Escote, la acumulación de agresiones, restricciones y procesos judiciales muestra que el peligro no se reduce al asesinato: también hay formas de presión capaces de condicionar el trabajo cotidiano de una redacción.
Las leyes y la vigilancia como formas de silenciamiento
El portavoz menciona desapariciones forzadas de periodistas en países como Afganistán, China, Rusia y Venezuela, además de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento en Nigeria, Etiopía y Uganda. Amnistía ha denunciado también la utilización de tecnologías de vigilancia contra voces críticas. En distintos contextos, los programas espía y el acceso ilegítimo a dispositivos ponen en peligro las fuentes periodísticas y permiten conocer anticipadamente investigaciones que todavía no han sido publicadas.
Escote identifica otra vía menos visible: "El uso malintencionado y abusivo de tácticas legales por parte de actores poderosos para intimidar, silenciar o castigar a quienes critican". Esa descripción enlaza con las demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas por las siglas inglesas SLAPP. Su carácter abusivo no depende simplemente de que un periodista sea demandado, sino del uso del proceso para impedir o penalizar el debate sobre asuntos de interés público. Los costes económicos, el tiempo dedicado a la defensa y la presión personal pueden producir efectos, incluso cuando el litigio fracasa.
Documentar los abusos para exigir responsabilidades
Amnistía Internacional intenta responder a este escenario mediante investigaciones, informes, denuncias públicas y reclamaciones a las autoridades. Escote explica que el trabajo de la organización consiste en advertir de las limitaciones que sufren tanto las personas que protestan como aquellas que ejercen la labor de informar. La defensa de una prensa independiente se vincula así con los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y acceso a la información.
La organización reclama que los Estados protejan a los profesionales, investiguen los ataques y revisen las normas que facilitan restricciones desproporcionadas. También señala el efecto de la impunidad sobre nuevas agresiones. El mensaje central de Escote es que no basta con contabilizar las muertes o denunciar un proceso judicial aislado. Detrás de esas prácticas se juega la capacidad de la sociedad para vigilar a quienes concentran poder. Sin garantías para informar, el derecho a conocer lo que ocurre queda seriamente debilitado.
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