Tras el error de ayer de la Audiencia Provincial de Madrid con la citación, hoy Ignacio González ha testificado en el juicio de los espías por supuestos seguimientos a políticos. Según el expresidente de la Comunidad de Madrid, el tribunal está juzgando algo que no pasó y que no es real.
Se ha defendido diciendo al tribunal que “yo sí fui espiado en 2008 y lo denuncié. Es el único espionaje que yo he conocido en la Comunidad de Madrid”, según ha informado El Periódico. Estaba haciendo referencia a los seguimientos y las fotografías que al político le hicieron durante unos viajes a Colombia mientras intentaba realizar negocios con el Canal de Isabel II.
González ha desmentido que conociera ningún tipo de operación sobre la obtención de información sobre políticos rivales de Esperanza Aguirre, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Entre estos políticos se encuentran miembros que estaban dentro del PP madrileño como Cristina Cifuentes, y los acusadores Alfredo Prada, expresidente de la Comunidad de Madrid, y Manuel Cobo, exvicealcalde madrileño durante el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.
González ha declarado que ni Prada ni Cobo hablaron con él sobre “ningún tipo de actuación”, ni le avisaron de que estuvieran siendo perseguidos en 2008, ni cuando denunciaron al año siguiente. También ha negado que tratara con los guardias civiles acusados, José Oreja y Antonio Coronado. Los dos agentes acusaron al expresidente de ser el “instigador de los seguimientos”, apuntando también que Sergio Gamón, el que fue director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, les decretó realizar el espionaje ilegal “por especial interés de González”. El político, sin embargo, ha asegurado que “ni conocía ni ordené jamás nada. Yo no tenía competencias en Interior”.
La actitud de Ignacio González durante toda su comparecencia, que no ha llegado a la media hora de duración, ha sido relajada. Fue llamado como testigo, pero ya no por el hecho mismo del espionaje, sino por la posible malversación y mal uso de medios de propiedad pública para los seguimientos.
