El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha evocado con sus palabras a un periodo en la historia en la que el Ejecutivo estaba totalmente ligado al mensaje eclesiástico. En una entrevista con el diario ABC, el arzobispo de Valladolid aseguró que deben convocarse elecciones anticipadas por la situación que se vive en España, que “muestra hasta qué punto es un timbre de alarma fuerte el respetar las reglas del juego”. Estas declaraciones representan la primera vez, desde la llegada de la democracia, que el presidente de la Conferencia Episcopal solicita al presidente del Gobierno en funciones la convocatoria de elecciones.
Estas declaraciones cogen más significado al haberse dado previas a la presentación del último libro del filósofo y teólogo Miguel Ángel Quintana Paz, celebrado este lunes en la sede de la Fundación Pablo VI. En esta conferencia se han encontrado cara a cara Luis Argüello y Santiago Abascal, entre otros. Además, el arzobispo ha declarado la necesidad de una “batalla espiritual” para que los creyentes participen en la “batalla cultural” de este país.
La opinión eclesiástica sobre el Gobierno
“Veíamos al presidente pidiendo perdón, que es un gesto humanamente reconocible, pero políticamente es irrelevante en el sentido de cómo el perdón debe traducirse en otro tipo de medidas”, subraya Argüello, en alusión a la necesidad de que la autocrítica institucional se acompañe de decisiones concretas.
El prelado también pone el foco en la gravedad de los hechos, al recordar que “los principales implicados han sido los dos últimos secretarios de organización de un partido político (Ábalos y Cerdán), con lo cual la significación institucional va más allá de lo personal”.
Para Argüello, el contexto político actual exige algo más que palabras: “Aunque la petición de perdón siempre es un hecho valioso, hay una dimensión institucional que precisa ser abordada y que debe ser coherente con la misma petición de perdón. Y, sobre todo, hay que buscar salidas a lo que parece claro que es una situación de bloqueo institucional, parlamentario y en el propio poder ejecutivo. Yo creo que esto pide una salida y en democracia pareciera que la salida más evidente es dar voz a los propios ciudadanos”.
Las afirmaciones del presidente de los obispos han provocado reacciones tanto dentro como fuera del ámbito religioso. Algunos analistas, como el sociólogo Fernando Vidal, advierten sobre el impacto que este tipo de intervenciones pueden tener en la imagen de neutralidad de la Iglesia: “Es una clara extralimitación y estas son las cosas por las cuales gran parte de la sociedad española aviva su rechazo a una Iglesia politizada”, apunta, al tiempo que considera que pedir la dimisión del presidente del Gobierno “es cruzar una línea roja”.
El cruce de acusaciones ha dado pie a un nuevo episodio de reproches cruzados. Mientras los defensores de Argüello invocan su derecho a expresarse como ciudadano, críticos recuerdan la reciente polémica en la que sectores eclesiásticos reclamaron respeto institucional cuando la ministra de Igualdad, Ana Redondo, solicitó un encuentro con la Conferencia Episcopal a raíz de las terapias de conversión. Entonces, la respuesta fue tajante: el poder civil no debía interferir en las doctrinas eclesiásticas.
Desde el entorno del Gobierno se denuncia ahora lo que consideran un “doble rasero” por parte del arzobispo. Fuentes del Ejecutivo sostienen que Argüello “se siente capacitado para criticar las acciones de un Gobierno legítimamente constituido, o para exigir dimisiones o elecciones anticipadas”, pero “no tolera que le digamos que algunas de sus normas son inconstitucionales”.