Luis Barcala, alcalde de Alicante, saltaba a la palestra mediática por un escándalo de vivienda, ahora investigado por Anticorrupción, vinculado al proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan, donde los pisos fueron adjudicados a personas vinculadas con el PP, así como con altos funcionarios del consistorio e incluso un notario. Poco después se sabía que su mujer, Sagrario Martín, cobra desde 2006 un alquiler por una VPO en la que nunca ha vivido. Y ahora, como colofón, ElPlural.com ha sabido que su hija, María del Valle Barcala, está enchufada en el Ayuntamiento de Pozuelo, el mismo donde es concejala Patricia Peinado, la hija del juez Peinado, como asesora con un sueldo de 49.050 euros al año.
María del Valle Barcala, como otros hijos de ilustres populares, fue contrata por un ayuntammiento del Partido Popular con un sueldo mmuy por encima de la media de España. Según las fuentes consultadas por ElPlural.com, en este caso, la hija de Barcala fue contratada por primera vez en este ayuntamiento del PP en 2021 como cargo de confianza, es decir a dedo, para hacer labores de secretaria. Cuatro años después, ha sido premiada, también a dedo, y en febrero de 2025 fue nombrada como responsable de Diseño y Creatividad del mismo ayuntamiento a casi 50.000 euros al año.
Los ‘líos’ de los Barcala
Este 2026 pasará a la historia como el año en el que el periodico Información de Aicante destapó una de las tramas urbanísticas más indecentes que se recuerdan, y que está directamente relacionada con Luis Barcala, el padre de la flamante responsable de Diseño y Creatividad del Ayuntamiento de Pozuelo. El Gobierno Municipal dirigido Barcala ha vulnerado el derecho de acceso a la vivienda de las personas más vulnerables para entregar esos pisos a 'amiguetes', cuando hay más de 4.500 familias en lista de espera de una casa de protección oficial.
Pero por si eso no fuera suficiente, poco después Eldiario.es destapaba que su mujer, Sagrario Martín, esposa del regidor, obtuvo una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en el año 2006, cuando ya llevaba casada con el político 15 años y compartían un despacho de abogados. Allí no ha residido en ella en ningún momento, y no parece el perfil que necesite una VPO. En torno a 90 metros cuadrados ubicados en Alicante, dentro de la promoción de Los Lirios (cercana a la promoción del escándalo), que a priori se orientó al alquiler asequible para jóvenes y familias monoparentales.
No obstante, Martín la compró vía subrogación a través de un préstamos de 68.483,79 euros, concedido por Caja Madrid con un plazo de 132 meses y vencimiento en 2016. Por aquel entonces, Román no ostentaba el cargo de alcalde, pero ya era secretario de Estudios y Programas de la ejecutiva del Partido Popular de Alicante. El acceso a esta vivienda, pese a que el matrimonio parecía tener ingresos suficientes para no necesitar un inmueble de protección pública, estuvo regulado por un decreto de 2002 emitido por la Generalitat Valenciana.