El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha reunido este martes con los funcionarios de Prisiones, tras múltiples concentraciones de este colectivo ante cárceles de todo el país para reclamar la equiparación salarial, más personal y que se pare el plan privatizador impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Frente a Grande-Marlaska, su jefe de Gabinete, Rafael Pérez y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se han sentado representantes de UGT Prisiones, CSIF, Comisiones Obreras, ACAIP-USO, AFP, APFP, CIG y ELA.
Subidas salariales, más personal y parar la privatización
Los sindicatos, que han parado su plan de movilizaciones ante la llegada del nuevo Gobierno, han reclamado al ministro subidas salariales y “subida de dos niveles en el complemento de destino, ya que ahora tenemos el más bajo y tienen que pasar mucho años para que podamos escalar en mayores puestos de responsabilidad”, según ha explicado a El Plural el portavoz de UGT Prisiones, Antonio González.
Los funcionarios de Prisiones han pedido, además, la eliminación de la escala de categorías actuales de centros penitenciarios, que es del año 1989, y que provoca diferencias salariales de unos 400 euros entre funcionarios que desempeñan las mismas funciones.
Los sindicatos quieren que se regularice las diferencias salariales entre centros del País Vasco y Navarra, donde los funcionarios gozan de "una categoría especial", y el resto de comunidades autónomas. Una diferenciación que se estableció durante la lucha antiterrorista contra ETA.
Parar las privatizaciones de Rajoy
Los representantes sindicales esperan el compromiso por parte de Interior de que revertirá la privatización de servicios (seguridad exterior, limpieza y mantenimiento) en las cárceles españolas, impulsada por el Gobierno de Rajoy.
“Cumplimos un mandato constitucional, que establece la reinserción de las personas que están privadas de libertad. Esto es un servicio público, y queremos que siga siendo así. La Guardia Civil y la Policía Nacional deben ocuparse de la seguridad exterior en las cárceles y los funcionarios, encargarse de la seguridad en el interior. Esto es algo que afecta a la Seguridad del Estado”, afirma el portavoz de UGT.
Según han explicado los sindicados en un comunicado, el ministro del Interior ha coincidido en que Prisiones es un servicio público y apuesta porque la vigilancia exterior sea asumida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Otra de las reivindicaciones que los sindicatos plantearon a Grande-Marlaska fue el aumento de la plantilla, unas 3.000 vacantes, según sus datos. “Pedimos una oferta de empleo público en los próximos años para acabar con este déficit anacrónico, que es estructural”, subraya Antonio González.
Los sindicatos advierten que podrían volver a las calles
Los sindicatos anuncian en su comunicado que el próximo día 24 de julio, "la Administración Penitenciaria deberá contestar a las cuestiones planteadas y dar una solución más objetiva a la problemática descrita. Tal como hemos indicado al Ministro, las movilizaciones no están abandonadas sino suspendidas hasta ver cuáles son las ofertas que se proponen a nuestro colectivo. Hasta este momento, ha habido una serie de gestos que deben concretarse en hechos. En caso contrario, retomaremos la situación previa", advierten estas organizaciones.