El Gobierno de Ignacio González concedió al exconsejero de Sanidad Javier Rodríguez la posibilidad de que un abogado público lleve su defensa frente a la querella presentada contra él por la auxiliar de enfermería Teresa Romero, una decisión "ilegal", ya que Rodríguez ya no es un cargo de la Comunidad de Madrid y, además, la querella le afecta a él personalmente y no a los intereses de la Comunidad, según denuncia el PSOE.

Los insultos del exconsejero a Romero
De hecho, la querella de Teresa Romero tiene como base los insultos que le dedicó Javier Rodríguez cuando estaba convaleciente, contagiada de ébola. El entonces consejero la acusó de “mentir” sobre las circunstancias del contagio y luego pronunció afirmaciones despectivas para defender su gestión, al decir que tenía que “felicitarla porque no se ha muerto y porque haya tenido un final feliz”.

La querella afecta al consejero, no a la Comunidad
Javier Rodríguez pidió ser defendido por un abogado público después de dejar la Consejería de Sanidad. La Ley de Ordenación de Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid establece que podrán usar esos servicios las autoridades, funcionarios y empleados de la Comunidad cuando afecte a los intereses de ésta, que no es el caso, ya que la querella de la enfermera va contra Rodríguez por sus insultos, y de hecho estos fueron el detonante de la dimisión del consejero.

El PSOE denuncia que se usa los recursos públicos para fines privados
La diputada socialista Amparo Valcarce, en declaraciones a ELPLURAL.COM, ha considerado un “escándalo” la “utilización de recursos públicos en beneficio propio, para fines privados”, que refleja, según ha remarcado, “el autoritarismo y sectarismo que pone en práctica el PP en este caso y en ocasiones anteriores”.

González usó los abogados públicos para el caso de su ático marbellí
Valcarce, diputada autonómica y exsecretaria de Estado de Servicios Sociales y Política Social, ha recordado que el propio Ignacio González "utilizó los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para actuar contra el portal Idealista.com y forzarle a retirar la información referida a su polémico ático en Marbella, posible fruto de una corruptela. Y lo mismo hizo con su demanda contra el diario Público, aunque en este caso los periodistas recurrieron y un tribunal les dio la razón. Ni Ignacio González ni Javier Rodríguez pueden utilizar los letrados de la Comunidad de Madrid para fines privados. El presidente madrileño incurre en una ilegalidad y, además, es inaceptable”, remarca la diputada socialista.