Los gobiernos nacen y ejercen su legislatura para resolver problemas. A la llegada de este gobierno de progreso sabíamos que nos íbamos a encontrar ratios de desigualdad inaceptables y que la movilización, tanto del ejecutivo, como de los grupos parlamentarios que lo sostienen debía ser ágil. No sabíamos, en cambio, que este proyecto que incide en conseguir equipararnos a Europa en protección social, iba a tener que empezar con la explosión de la mayor tragedia que jamás hemos vivido.

Tenemos demasiados malos ejemplos de gobiernos que se empeñan en actuar para grupos concretos que benefician sus propios intereses, algunos, en suelo patrio. Y esa actitud es difícil de combatir desde las posiciones democráticas habituales, por eso hay que acompañarlas de acciones contundentes que no dejen lugar a dudas del compromiso de que se gobierna para todos, sin excepción, y que, en la consecución de nuevos derechos la ampliación del Estado del Bienestar es para el conjunto de la población.

Por ello, más allá de las eventualidades técnicas de una medida como el Ingreso Mínimo Vital, su alcance tiene dos elementos que debemos resaltar. El primero de ellos es que abarca a la totalidad de la población vulnerable sin que ésta tenga que estar de manera permanente, a modo probatorio, en esa situación de indefensión. La llegada del IMV reconoce desde la inmediata etapa anterior que se precisa ayuda de los poderes públicos y la resuelve en un plazo que, cada vez, será más corto. El segundo elemento importante, definitivo, es que nuestro país se incorpora al conjunto de naciones que luchan contra la pobreza y el riesgo de exclusión de manera directa. Éste es uno de los pasos que nos adhieren a los Objetivos del Desarrollo Sostenible que el gobierno progresista de España tiene como bandera.

El momento de la aprobación y puesta en marcha de esta medida ha sido una crisis brutal que ha sacudido a España hasta los cimientos. La pandemia, después de decenas de miles de fallecidos, casi nos ha arrancado el alma y el dolor de la desolación nos llevará años cicatrizarlo, aunque siempre estará ahí. 

Cabe preguntarse pues, qué hubiera pasado si además de todo lo que estamos padeciendo no hubiéramos implementado la totalidad de las medidas de rescate y, en concreto, qué hubiera pasado si este gobierno no hubiera tirado hacia delante con la confirmación de un nuevo derecho para todos. Y digo más, qué hubiera pasado si el gobierno hubiera sido otro con otras recetas que ya conocemos y que hace una década dejaron por el camino las esperanzas e ilusiones de amplias capas de la población de nuestro país.

Estamos todavía en el inicio del camino, todavía no sabemos cuál será el alcance total ni en número de beneficiarios, ni en el coste total, ni si realmente servirá para paliar el global de las situaciones complicadas por las que muchas familias están pasando. Sean como sean esas familias, merecen todo nuestro apoyo. Para saber todo esto tendremos que esperar a las diferentes evaluaciones que se realicen y que estas evaluaciones tengan como prioridad examinar el nivel de desarrollo posterior a la percepción del IMV por parte de las unidades de convivencia. Ése será el momento de mirarnos al espejo por primera vez en mucho tiempo y decirnos hasta donde más tenemos que llegar, porque de seguro habrá que continuar.

La inclusión es el concepto que nos convierte en mejores personas, en una ciudadanía más completa y democrática, pero sobre todo, la inclusión nos hace mejor país. Un país en el que reconocernos como personas valientes que no se desentienden de sus semejantes y que actúa cuando es preciso con los recursos que son necesarios.

Este gobierno vino a resolver problemas, algunos heredados de una etapa de parálisis y otros que son nuevos y de los que debemos aprender, en ambos casos para no volver a ellos. Pero todos estos problemas que parecen más profundos por los tiempos que nos está tocando vivir y que precisan también de una llamada a la seguridad de todas y todos, a la seguridad de que seas quien seas, vivas donde vivas, esta vez el Estado no mirará a otra parte. Esta vez no.

Carmen Baños es diputada del PSOE por Murcia y portavoz socialista de Inclusión Social