El Congreso de los Diputados ha debatido este jueves el límite de gasto no financiero, conocido coloquialmente como techo de gasto, la antesala de los Presupuestos Generales del Estado 2023. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido un techo de gasto récord que contará con 198.221 millones de euros, un 1,1% más que las cuentas de 2022. Se incluyen 25.156 millones de los fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% más que en 2022. Los socios del Ejecutivo ven con buenos ojos las cifras, pero ha urgido a diseñar unos PGE valientes, dedicando todos los recursos disponibles a medidas sociales y no así a Defensa.

Montero ha aplacado los ánimos de Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y Más País, entre otros, asegurando que no descarta prorrogar o aprobar nuevas medidas para afrontar la crisis energética y de precios provocada por la invasión rusa de Ucrania, pero las ha desvinculado del proyecto de Presupuestos que llevará próximamente a las Cortes.

En su intervención para informar a la Cámara del techo de gasto para el próximo año y defender la suspensión de las reglas fiscales por la situación de excepcionalidad, Montero ha dicho que el nuevo Presupuesto "va a responder a ese gasto estructural, con independencia de las medidas extraordinarias que sea necesario prorrogar”. En este sentido, ha explicado que conforme se aproxime la conclusión de su vigencia, el Ejecutivo decidirá qué medidas deben ser prorrogadas o incluso "si es necesario incorporar medidas adicionales".

Reglas fiscales suspendidas

Montero ha defendido la necesidad de mantener suspendidas las reglas fiscales por cuarto año consecutivo. La Comisión Europea y el Consejo Europeo decidieron en el año 2020 establecer una cláusula de salvaguarda con motivo de la crisis derivada del Covid-19. Así, decretaron suprimir los objetivos de estabilidad, que fueron sustituidos por tasas de referencia de déficit. Desde hace tres años, esta excepción se ha aplicado con motivo de la pandemia, mientras que en 2023, se prevé repetir aunque por una causa bien distinta: la guerra en Ucrania y la crisis energética.

El déficit conjunto de las administraciones públicas para el 2023 se situará en el 3,9% del PIB, frente al 5% del 2022. Las comunidades autónomas atesorarán un mayor margen de gasto, pasado del 0,1% al 0,3%; dos décimas que serán asumidas por la Administración central (del 3,4% al 3,2%). Para las entidades locales esta tasa será un superávit del 0,1% del PIB, mientras que para la Seguridad Social será del 0,5%.

Críticas al gasto militar

El incremento del gasto en Defensa al que Pedro Sánchez se comprometió ante la OTAN tendrá su primer reflejo en estos Presupuestos. El objetivo es llegar al 2% del PIB en 2029, pero el aumento será paulatino. Sin embargo, pese a la progresividad, todos los aliados habituales del PSOE, incluido Unidas Podemos, ha solicitado más valentía y menos armas.

Unidas Podemos no aprueba el gesto ya que creen que todos los recursos debieran destinarse a medidas sociales. Para evitar el choque, Hacienda ha diseñado un plan para encajar la inversión militar al margen del hecho de gasto. El grueso del incremento quedará plasmado en los Programas Especiales de Armamento, proyectos independientes con partidas especiales.

Según el Programa de Estabilidad enviado a la Unión Europea, la previsión de Moncloa es subir un 0,2% del PIB la inversión en Defensa. La cifra aún no es definitiva, puesto que corresponde al Programa 2022-2025 enviado por España a Bruselas. De confirmarse, se pasaría de un 1% a un 1,2%, dos décimas extra.

Toxicidad política

Finalmente, Montero ha apelado a los grupos de la oposición a abandonar la "toxicidad política", apelando al PP para salir del "catastrofismo, el negacionismo y obstruccionismo" que, ha dicho, "no es proyecto de país”. Por ello, ha pedido respaldo parlamentario para mantener una suspensión de las reglas fiscales "necesaria", y a los socios dispuestos a continuar su alianza en los próximos Presupuestos, asumiendo que la votación no supone "un cheque en blanco" para las nuevas cuentas, ha apelado a ellos para "abrir una senda de diálogo" para enmendar y mejorar las nuevas cuentas.