Los funcionarios de Justicia dependientes del Gobierno de España han alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Justicia para una subida salarial, que zanja la pugna laboral que llevaba sobre la mesa desde hace ya un año. El ministerio dirigido por Félix Bolaños rubrica así un acuerdo que, según han confirmado fuentes de ambas partes de la negociación, contempla incrementos salariales de entre 165 y 250 euros mensuales, que se aplicarán a través del complemento específico, y que beneficiarán a unos 12.000 trabajadores de las comunidades que no tienen transferidas las competencias en Justicia (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Baleares, y las ciudades de Ceuta y Melilla) y de los órganos centrales (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, juzgados centrales, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología-INTFC). El acuerdo se firmará este jueves en el propio Ministerio.

El pasado mes de abril de 2023, los funcionarios empezaron a movilizarse para exigir mejoras en sus salarios hasta alcanzar cifras similares a las logradas por los letrados de la Administración de Justicia. A estas protestas se adscribieron los representantes de los 45.000 funcionarios de justicia, incluso los de las comunidades con las competencias transferidas. Sin embargo, cuando comenzaron las negociaciones, el Ministerio ya advirtió de que solamente podría acordar subidas salariales para los funcionarios dependientes de la Administración de Gobierno. CSIF (principal sindicato de Justicia) y UGT accedieron, y el acuerdo se suscribirá el jueves con su participación. No fue el caso de CCOO, que se retiró de las negociaciones y ha criticado duramente el acuerdo alcanzado.

El incremento salarial irá aplicándose progresivamente. A partir de la nómina de mayo se cobrará el 50%, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, y el mismo día pero del año que viene se cobrará ya el 100% de lo firmado. Este pacto puede compararse a otros autonómicos con las competencias transferidas, como Madrid, Asturias y País Vasco.

Por su parte, fuentes del Ministerio señalan que no es posible obligar a ninguna comunidad a acordar con sus funcionarios condiciones similares, pero que lo más deseable sería alcanzar acuerdos de la misma índole en todos los territorios españoles.

Puntos clave del acuerdo

Además del incremento en el salario del funcionariado, el acuerdo contempla otros puntos importantes como la convocatoria de la mesa delegada en el plazo de tres meses para mejorar las condiciones en materias como la reducción de la temporalidad, el nombramiento de personal de refuerzo, la formación y la protección de la salud en el trabajo.

Las negociaciones, que llevaban tiempo bloqueadas, llegan así a su fin con este texto, que se enmarca, siempre en palabras de las fuentes gubernamentales, "en la línea política seguida por el Ministerio desde que Félix Bolaños asumió la cartera, que consiste en la búsqueda de acuerdos con todos los operadores jurídicos y en una transformación a gran escala del servicio público de Justicia". Desde su entrada a este Ministerio, Bolaños ha suscrito acuerdos con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, la Carrera Fiscal, los sindicatos de Justicia y la abogacía.

"Esta política de diálogo se desarrolla al tiempo que se está llevando a cabo el mayor impulso reformista de la Justicia en décadas. Una transformación que se centra en la digitalización de todos los procesos judiciales, la modernización de la estructura del poder judicial con la creación de los tribunales de instancia y el impulso de una Justicia abierta y centrada en las personas, con iniciativas como las oficinas de atención a las víctimas de delitos o la próxima ampliación del programa de becas para opositores", apuntan y zanjan las propias fuentes de Justicia.

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