Los juzgados gallegos se encuentran bloqueados después de 12 días hábiles de huelga. Según fuentes sindicales se han suspendido más de 6.000 juicios y 20.000 trámites. El ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijoo lo reduce a unas 3.000 vistas.

A pesar de que el conflicto tiene visos de generar graves consecuencias en el sistema judicial gallego, desde la Xunta ni siquiera se ha implicado el vicepresidente y responsable de justicia, Alfonso Rueda, a pesar del reto que hizo el presidente públicamente, tal y como hemos publicado en El Plural.com.

Feijoo: “Ni patacón” en el Parlamento mientras externaliza la justicia

En estos momentos la negociación entre la Administración y los sindicatos parece haber llegado a un punto muerto, pese a que ha habido algunos avances. Si bien los representantes de los trabajadores de justicia, habían pedido la devolución íntegra de lo que se les había descontado a lo largo de los diez últimos años, es decir, 4.800 euros al año repartidos en tres anualidades; en estos momentos han bajado sus pretensiones a 2.700 euros por trabajador, que se implementarían durante los tres próximos años.

Desde la Xunta también se ha hecho una nueva oferta, esto es, de los 2.304 euros se ha pasado a 2.808 euros a incrementar en tres años.

En resumen, es fácil comprobar que mientras el Gobierno gallego ha considerado una subida de 504 euros, las formaciones sindicales han rebajado sus exigencias en 2.100 euros.

Lo sorprendente, tal y como denunció UGT en su momento,  es que mientras Feijoo recortaba el sueldo a los funcionarios de justicia, se encargaba un informe a la empresa privada Everis para la creación de la nueva Oficina Judicial de Galicia, cuando un año antes la Dirección General de  Justicia ya había elaborado el modelo, plasmándolo en un borrador que trasladó al Consejo General del Poder Judicial para informe, tras la previa negociación con las organizaciones sindicales en la mesa sectorial de Justicia

Manuel González Carvajal, responsable de justicia de UGT-Galicia, ha aseverado a este medio, que tal y como han denunciado en su día: “no entendemos porqué se encarga un estudio a una empresa externa (EVERIS), cuando la Dirección Xeral de Xustiza ya elaboró el modelo de la Nueva Oficina Judicial en un borrador que está pendiente de publicar”. Además, añade el sindicalista, “ es la dirección general quien tiene todos los datos necesarios para la realización del análisis y del diagnóstico, es decir,  dispone de las estadísticas, de las cargas de trabajo y de su distribución; al mismo tiempo que tiene los datos de todos los recursos humanos y materiales, ya que es quien los gestiona”.

Para terminar, González Carvajal recuerda que “esto es la repetición de lo que ya se hizo con las Fiscalías de Galicia hace ocho años. La Xunta encargó a una empresa un estudio para aplicar un sistema de gestión de la calidad que fue un absoluto fracaso”. En aquella ocasión, explica el representante sindical,  “el ‘conejillo de indias’ utilizado para la experiencia piloto fue la fiscalía de Santiago de Compostela. El estudio no sirvió absolutamente para nada, se derrochó el dinero de la ciudadanía gallega en plena crisis y se benefició sin causa ni argumento a una empresa externa, ya que no se implementó absolutamente nada”.

Patricia Vilán, portavoz socialista de Justicia en la Cámara autonómica, recuerda a este medio que “en el mes de Febrero el PSdeG preguntó al gobierno sobre el informe que había encargado a la empresa Everis, ya que resulta extraño -añade Vilán- que por una parte sea necesario encargar este tipo de consultorías cuando en la Administración existen suficientes técnicos para realizarlo y cuando por otra parte, todavía no existe el decreto necesario que especifique la creación de la Nueva Oficina Judicial; ya que en la actualidad existe un borrador, que no ha llegado a manos de nadie, afirma la diputada socialista, con el que llevan trabajando desde el año 2014, pero no un decreto. La Xunta a seis preguntas que planteó el grupo parlamentario socialista sobre este tema, confirma Vilán, contestó solamente a una en pleno, donde no se mencionó en ningún momento a la empresa sobre la que se le preguntaba.”

Para terminar, la socialista narra que “ no es de recibo que este tipo de informes se encarguen a una empresa privada, cuando existe un organismo público competente que se dedica única y exclusivamente a eso”.

Esta semana termina, con la huelga de la justicia gallega en la sesión parlamentaria de control al presidente autonómico. Luís Villares, portavoz de En Marea,  recriminaba al jefe del ejecutivo la subida de un 7% a los miembros de su gobierno, al tiempo que se recortaban derechos a los funcionarios públicos. Feijoo para sorpresa de los presentes negó la mayor argumentando que : “mi gobierno no cobra ni un patacón más de lo que cobraba”.

Llegados a este punto, la conclusión es clara. El PP gallego está demostrando su incapacidad tanto para dialogar como para negociar las distintas demandas sociales.