Zapatero celebra el fallo del TJUE: "La amnistía refuerza nuestro Estado de Derecho"

En política hay silencios que pesan tanto como las palabras. Y cuando esos silencios se rompen, rara vez ocurre por casualidad. José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido volver al primer plano del debate público para defender una de las leyes más controvertidas de la democracia reciente: la Ley de Amnistía. Lo hace después de meses apartado de los focos y en un momento especialmente delicado de su trayectoria personal, marcado por la investigación judicial abierta en su contra en el denominado caso Plus Ultra.

En declaraciones concedidas en exclusiva a El Mundo, el expresidente del Gobierno celebra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho comunitario. Para Zapatero, el fallo no solo supone un respaldo jurídico a una norma que ayudó a negociar en representación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino que constituye un hito político e institucional. "Refuerza nuestro Estado de Derecho, que se renueva en sus principios democráticos", ha sostenido.

Las palabras del exlíder socialista han llegado después de un largo periodo de silencio. Desde que la Audiencia Nacional acordó investigarlo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, contrabando, falsedad documental y fraude a la Hacienda pública, Zapatero había evitado cualquier intervención pública por recomendación de su equipo jurídico. Su decisión de romper ahora ese silencio evidencia la importancia que concede a una resolución europea que considera decisiva para el futuro político de España.

"La sentencia del máximo tribunal de la Unión Europea, guardián de los principios y valores del espacio de libertad y de derechos humanos al que pertenecemos, ha respaldado la Ley de Amnistía de forma contundente y fundamentada en los principios democráticos del Estado de Derecho", ha apostillado en dicha declaraciones el socialista. 

A juicio del expresidente, la sentencia del TJUE tiene un valor que trasciende el ámbito estrictamente jurídico. Considera que el máximo tribunal europeo, al validar de forma amplia la Ley de Amnistía, ha enviado un mensaje claro sobre la fortaleza de los principios democráticos que inspiran el Estado de Derecho. En su opinión, el fallo representa una oportunidad para cerrar definitivamente la crisis política e institucional abierta en Cataluña tras el referéndum ilegal de 2017 y el posterior proceso independentista.

Zapatero ha recordado que la norma nació con un objetivo muy concreto: favorecer la reconciliación y la convivencia tras años de enfrentamiento político. La ley, aprobada en 2024, benefició a más de 300 personas, entre dirigentes políticos, agentes policiales, ciudadanos y otros afectados por procedimientos judiciales relacionados con el procés.  "Nació para la pacificación de las consecuencias de la grave crisis política, institucional y social", ha añadido. 

El socialista ha sostenido que una democracia sólida no solo se apoya en el cumplimiento de la ley como “expresión de la voluntad popular, sino también en la reconciliación y la convivencia”, valores que considera imprescindibles para superar conflictos políticos de gran calado.

La sentencia responde a las cuestiones prejudiciales planteadas tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Audiencia Nacional acerca de la posible vulneración del derecho europeo. Entre las dudas figuraban si los gastos derivados del proceso independentista comprometían los intereses financieros de la Unión Europea o si la amnistía podía entrar en conflicto con la normativa comunitaria en materia de terrorismo. El TJUE ha despejado esas incógnitas, reforzando la posición del Gobierno y de quienes defendieron la constitucionalidad y legalidad de la norma.

Pero Zapatero no limita su mensaje al plano jurídico. También lanza una reflexión política dirigida tanto a los detractores como a los defensores de la amnistía. Considera que, tras años de una intensa confrontación política y social, sería conveniente abrir un periodo de reflexión colectiva. "Sería muy conveniente que quienes hostigaron esta ley y quienes la defendimos tuviesen un proceso de reflexión, tan conveniente en una sociedad plural", ha afirmado de forma contundente.

Sus palabras también contienen una crítica implícita al clima político vivido desde 2023, cuando comenzaron las negociaciones que desembocaron en la aprobación de la ley. Durante aquellos meses, el debate sobre la amnistía monopolizó la actualidad política, generó movilizaciones ciudadanas y alimentó una profunda división entre Gobierno y oposición.

"Personalmente pienso que hoy el futuro de la democracia en España es más sólido gracias a esta histórica sentencia del TJUE, lo cual es un motivo de esperanza para todos", ha declarado.

No puede entenderse el protagonismo de Zapatero en este episodio sin recordar el papel que desempeñó durante las negociaciones con Junts per Catalunya. El expresidente fue uno de los principales interlocutores del PSOE con Carles Puigdemont durante las reuniones celebradas en Suiza bajo la mediación de la fundación Henri Dunant. Su misión consistía en mantener abierto el diálogo que permitió la investidura de Pedro Sánchez y en trasladar personalmente al presidente el estado de unas conversaciones extremadamente complejas.

Sin embargo, la relación entre ambas partes terminó deteriorándose. Junts acabó retirando su apoyo al Ejecutivo y acusó al Gobierno de haber generado falsas expectativas respecto a la aplicación práctica de la Ley de Amnistía. Según un documento interno remitido por el entorno de Puigdemont, los negociadores socialistas habrían asegurado que el Tribunal Constitucional avalaría plenamente la norma y facilitaría el regreso del expresidente catalán, algo que finalmente no ocurrió.

El Tribunal Supremo mantiene que la amnistía no puede aplicarse a Puigdemont por el delito de malversación de caudales públicos, una interpretación que continúa bloqueando su regreso a España. Esa circunstancia ha provocado un profundo desencuentro entre el Gobierno y Junts, cuyos dirigentes consideran que las expectativas generadas durante la negociación no se han cumplido.

Zapatero intentó sin éxito reconducir esa crisis política. Durante las conversaciones con los dirigentes independentistas defendió que el Gobierno había llevado hasta el límite sus posibilidades políticas con la aprobación de la ley y que las decisiones posteriores de los tribunales escapaban completamente al control del Ejecutivo. En varias ocasiones recordó que él mismo tuvo que asumir durante su etapa como presidente resoluciones judiciales con las que no compartía plenamente el criterio, como ocurrió con la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.

La intervención pública de Zapatero llega, por tanto, en un momento cargado de simbolismo político. Mientras continúa preparando su defensa judicial en el caso que investiga la Audiencia Nacional, el expresidente ha querido reivindicar el legado de una ley que considera esencial para la estabilidad democrática del país. Sus palabras reabren un debate que nunca llegó a cerrarse del todo y que, previsiblemente, seguirá marcando la agenda política española durante los próximos meses.