Yolanda Díaz se mantiene firme y sólida a pesar de no haber podido sacar adelante la reducción de la jornada laboral. Sin abandonar la idea de conseguir ese cambio en el día a día de los trabajadores, la vicepresidenta segunda del Gobieno de España abordar amplía su abanico de objetivos y a las negociaciones por la reforma de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, esperando alcanzar en este aspecto un consenso antes de noviembre, anuncia ahora que procederá a abordar el despido restaurativo y que convocará en octubre la primera mesa de diálogo social para introducir cambios en esta materia. 

En este sentido, en su participación en la jornada de hoy en un acto organizado por UGT ha agradecido a esta organización sindical y a CCOO el haber denunciado a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), acción que han puesto en marcha por vulnerar la Carta Social Europea al no ser lo suficientemente disuasorias ni reparadoras las indemnizaciones por despido improcedente en el país. Precisamente, en la jornada del 17 de septiembre el Congreso de los Diputados apoyó una proposición no de ley de Sumar en la que se insta al Gobierno a reformar el despido improcedente, con el objetivo de volver a este realmente disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas. De esta manera, la ministra asegura que se logrará,  por primera vez, implementar modificaciones en este apartado que jueguen "a favor" de los trabajadores. 

¿Cómo funciona el despido restaurativo?

La normativa que trata de modificar Yolanda Díaz no contempla a día de hoy circunstancias personales de los trabajadores ni el impacto que causa en la persona afectada por el despido.  Ante ello, el objetivo de la ministra es cambiar este proceso, pues la improcedencia solo compensa de manera económica al trabajador sin tener en cuenta el daño moral y personal, estando simplicado a entregar un dinero cuya cantidad corresponde a un número de días concreto, según la modalidad del despido, por año trabajado. 

De esta manera, la ministra persigue introducir cambios que lleven a que, cuando el despido se produzca, se dé lugar al cálculo de unas indemnizaciones que hagan que, por ejemplo, si una empresa procede a despedir a un trabajador de 23 años y a otro de 52, aunque lleven el mismo tiempo en la empresa y ostenten el mismo puesto o rango, la indemnización de la persona de 52 será mayor, pues su edad se convertirá en un importante condicionante a la hora de encontrar un nuevo empleo.

Así, se buscaría, por ejemplo, limitar la discrimnación por edad de las plantillas conforme los trabajadores acumulan años y que no se conviertan en los más afectados cuando es necesario llevar a cabo ajustes en la plantilla. Con esta medida, el despido de los más mayores saldría más caro, lo que supone dar una especial protección a aquellos que lo pueden tener más complicado para volver a trabajar si sufren un despido.

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