Vox ha elevado este jueves el tono de su discurso sobre la crisis migratoria de Ceuta al expresar su respaldo a los vecinos que han protagonizado protestas y enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad contra los asentamientos de migrantes. La portavoz del partido en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha calificado de «ejemplaridad» la respuesta de quienes, según sus palabras, se están defendiendo "con lo que tienen" y ha llegado a proclamar «honor» hacia los ceutíes movilizados.
Las declaraciones se producen después de una noche marcada por el incremento de la tensión social en la ciudad autónoma. Cientos de personas se concentraron para reclamar la expulsión de los migrantes, mientras la Policía detuvo a doce ciudadanos marroquíes presuntamente implicados en una agresión contra militares en la zona de Benzú. Según la información facilitada por la Jefatura Superior de Policía a Europa Press, entre 30 y 40 personas habrían tendido una emboscada a efectivos del Ejército y lanzado piedras de grandes dimensiones, causando heridas a cuatro militares.
El episodio refleja hasta qué punto la crisis abierta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio ha dejado de ser únicamente una cuestión fronteriza para convertirse también en una disputa sobre seguridad, convivencia y cohesión social. Y sitúa a Vox ante una frontera política especialmente delicada: la que separa la defensa de los ciudadanos y la denuncia de una gestión gubernamental deficiente de la legitimación de respuestas violentas.
“Una lección de dignidad”
Rodríguez de Millán ha trasladado el "respeto y apoyo" de Vox a los ceutíes, a quienes ha presentado como protagonistas de una «lección de dignidad» frente a un Gobierno que, a su juicio, habría abandonado sus obligaciones.
"Al pueblo ceutí se le mintió y está defendiendo lo suyo", ha afirmado la portavoz parlamentaria, que ha acusado al Ejecutivo de haber permitido una situación de desprotección en la ciudad. En su relato, la movilización vecinal no constituye una reacción espontánea de hostilidad, sino una respuesta a la ausencia de una actuación suficiente por parte del Estado.
La dirigente de Vox ha sostenido, además, que al Gobierno le interesa un "estallido social" en Ceuta para justificar su supuesta "claudicación" ante Marruecos. Se trata de una acusación política de extrema gravedad para la que no ha aportado pruebas públicas que permitan corroborar que el Ejecutivo busque deliberadamente una escalada social.
El señalamiento coloca la crisis en un terreno de máxima confrontación: para Vox, el conflicto no sería únicamente consecuencia de una emergencia migratoria mal gestionada, sino expresión de una política deliberada de sometimiento ante Rabat.
De la protesta al elogio de la confrontación
El aspecto más controvertido de las declaraciones reside en el respaldo explícito a quienes se han enfrentado a los asentamientos migratorios. El uso del término "honor" y la calificación de esos actos como una muestra de "ejemplaridad" desplazan el discurso desde la protesta política hacia una interpretación moral de la confrontación. La diferencia es sustancial.
Manifestarse, reclamar al Gobierno el retorno de personas que se encuentran irregularmente en España o exigir mayor presencia policial forman parte del debate político y de los derechos de reunión y expresión, dentro de los límites establecidos por la ley. Otra cuestión distinta es recurrir a la violencia, lanzar objetos, perseguir personas o intentar desalojar asentamientos por la fuerza.
La respuesta del Estado de derecho no puede depender de la identidad de quien ejerce la violencia. La protección de los vecinos y el mantenimiento del orden público son compatibles con la defensa de los derechos fundamentales de las personas migrantes y con la persecución de cualquier delito cometido, independientemente de quién sea su autor.
La propia realidad de las últimas horas ofrece una imagen paradójica: mientras Vox reivindica la defensa de los ceutíes frente a la inseguridad, cuatro militares han resultado heridos durante un ataque con piedras y doce migrantes han sido detenidos como presuntos responsables.
“Alfombra roja al invasor”
La portavoz de Vox ha endurecido también su retórica contra Marruecos. Ha acusado al Ejecutivo de poner recursos españoles "al servicio del invasor marroquí" y de haber dejado «abandonados» a los ceutíes.
"Se ha puesto una alfombra roja al invasor", ha sostenido, al tiempo que ha reclamado al Gobierno que se enfrente a Rabat y ha cuestionado qué compromisos podría tener el PSOE con Marruecos.
Estas acusaciones se insertan en una narrativa que Vox viene utilizando desde el inicio de la crisis: interpretar la entrada masiva de julio como una forma de presión deliberada de Marruecos sobre España y como una manifestación de una supuesta política de fronteras abiertas.
El Gobierno, sin embargo, ha sostenido una lectura diferente. El Ejecutivo ha descrito la entrada masiva como una crisis extraordinaria de seguridad, control fronterizo y atención humanitaria y ha articulado su respuesta mediante la cooperación con Marruecos, los retornos y la movilización de recursos estatales. El pasado 25 de agosto declaró oficialmente la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, al considerar que la permanencia de un elevado número de migrantes estaba superando las capacidades ordinarias de gestión y afectando al funcionamiento de los servicios públicos.
La crisis no terminó con el cierre de la frontera
La magnitud del episodio explica parte de la tensión acumulada. Más de 70.000 personas entraron irregularmente en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, según las cifras manejadas posteriormente por el Gobierno. Más del 90% regresó a Marruecos, pero miles permanecen todavía en la ciudad, entre ellos un número significativo de menores.
El Ejecutivo ha reconocido que la crisis ha obligado a afrontar sucesivas fases: detener el flujo de entradas, atender humanitariamente a quienes permanecieron en Ceuta y, posteriormente, abordar los procedimientos de retorno, acogida y protección internacional.
El problema, por tanto, no desapareció cuando dejó de producirse la llegada masiva. La presión sobre los servicios públicos, la escasez de espacios, la presencia de menores no acompañados y la incertidumbre sobre la situación jurídica de quienes permanecen en la ciudad han mantenido abierta la emergencia.
En ese contexto se han multiplicado las protestas vecinales. El miércoles, la Policía Nacional tuvo que intervenir para evitar enfrentamientos entre ciudadanos y migrantes en la playa de El Trampolín, donde se habían instalado asentamientos improvisados. La tensión llegó a incluir intentos de agresión y lanzamiento de piedras.
El discurso de la “invasión”
Vox ha elegido para describir la crisis un vocabulario deliberadamente bélico. La portavoz parlamentaria ha hablado de «invasor» y, en anteriores intervenciones, dirigentes de la formación han definido la entrada masiva como una "invasión" y un "acto de guerra híbrida".
En Murcia, el portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rubén Martínez Alpañez, ha reproducido este marco conceptual al denunciar la llegada de embarcaciones a las costas murcianas. Ha reclamado un refuerzo de los medios marítimos, la expulsión de quienes hayan entrado irregularmente y responsabilidades políticas y judiciales para Pedro Sánchez.
El dirigente autonómico ha acusado también al Gobierno central de mantener una política de "fronteras abiertas" y ha atribuido a Marruecos la promoción de una supuesta guerra híbrida. Son afirmaciones políticas que forman parte del discurso de Vox, pero cuya formulación como hechos acreditados exigiría evidencias que no han sido aportadas públicamente.
La elección de la palabra "invasión" no es inocua. Convierte un fenómeno migratorio, por extraordinario y grave que sea, en una categoría de conflicto bélico. Y cuando el lenguaje de la guerra entra en una crisis social, también cambia la percepción del adversario: el migrante deja de ser únicamente una persona en situación irregular o potencial solicitante de protección para convertirse en una figura presentada como amenaza colectiva.
El Gobierno, bajo presión
El Ejecutivo se encuentra sometido a una presión política creciente. El PP acusa al Gobierno de falta de previsión y de una respuesta insuficiente, mientras Vox reclama una política de expulsiones mucho más contundente y utiliza la crisis para cuestionar la relación con Marruecos.
Las propias discrepancias públicas entre miembros del Gobierno sobre la información previa disponible antes de la entrada masiva han alimentado la controversia. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que no existió información previa y precisa sobre la magnitud del episodio, mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que el CNI había comunicado previamente la existencia de una convocatoria para entrar a nado. El Gobierno intenta ahora encajar ambas versiones distinguiendo entre la existencia de señales preventivas y la ausencia de una previsión concreta sobre la dimensión final de la entrada.
La oposición interpreta esas diferencias como una prueba de descoordinación. Vox las utiliza para reforzar su diagnóstico de abandono y desprotección.
Pero el deterioro de la convivencia plantea un desafío que excede la pugna partidista. La respuesta institucional debe ser capaz de proteger simultáneamente a los ciudadanos, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los militares desplegados y a las personas migrantes que permanecen en la ciudad.
La defensa de Ceuta no puede confundirse con la violencia
La crisis ha situado a Ceuta ante una de las pruebas más complejas de su historia reciente. Una ciudad fronteriza, sometida a una presión extraordinaria y con recursos limitados, soporta ahora el peso de una emergencia que mezcla migración, seguridad, relaciones internacionales, menores, servicios públicos y convivencia.
La indignación de una parte de la población merece ser escuchada. También merece una respuesta institucional eficaz. Pero una democracia no puede convertir la indignación en una licencia para ejercer la violencia.
La defensa de Ceuta corresponde al Estado, a sus instituciones y a los mecanismos legales previstos para garantizar la seguridad y la soberanía. La defensa de los derechos corresponde igualmente al Estado, incluso cuando esos derechos pertenecen a personas que han entrado irregularmente en el territorio.
El principio es incómodo, pero precisamente por ello resulta esencial: la legalidad no puede ser selectiva. Si se condena la violencia cuando la ejerce un grupo y se la presenta como "ejemplar" cuando la protagoniza otro, el Estado de derecho pierde la consistencia que lo define.
La crisis de Ceuta exige firmeza fronteriza, cooperación internacional, retorno de quienes legalmente deban ser retornados, protección de quienes tengan derecho a ella y una política de acogida que no desborde las capacidades de la ciudad. Exige también combatir las mafias, la desinformación y los discursos de odio.
Pero exige, sobre todo, que las instituciones no permitan que el miedo termine gobernando allí donde debería hacerlo la ley.
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