La formación de la derecha ha anunciado en un comunicado que se ha presentado una querella ante el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de Madrid contra Pablo Iglesias y su exasesora, Dina Bousselham, además de la abogada Marta Flor y el fiscal Ignacio Stampa por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, así como tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal.

Les imputa un total de seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que la abogada Flor comentaba alguna información que había obtenido del representante del Ministerio Público. Esta querella se presenta, en concreto, por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, de los artículos 456 y 457 Código Penal, estafa procesal, del artículo 250.1.7º Código Penal, tráfico de influencias del artículo 428 Código Penal, revelación de secretos, de los artículos 417 y 418 del Código Penal y estafa procesal del artículo 250.1.7ª del Código Penal. Así se informa en el comunicado de la formación ultraderechista.

En su escrito, la vicesecretaria Jurídica de Vox, Marta Castro, denuncia una presunta implicación en los hechos del miembro de Fiscalía Anticorrupción querellado, en una presunta connivencia con la abogada de la formación morada, y que en el marco de una posible relación sentimental, para la obtención de información secreta y privilegiada. Además, también habla de las contradicciones de las declaraciones de los implicados ante el juez hasta llegar a lo que considera como “ocultación y manipulación de la información ofrecida por los querellados al Juzgado para obtener diferentes réditos”.

Según la formación liderada por Santiago Abascal, Bousselham ocultó al juez haber compartido las capturas de pantalla en las que el vicepresidente segundo del Gobierno realizaba una serie de comentarios machistas sobre Mariló Montero: “La línea era culpar a Villarejo, sin embargo, más tarde la Policía Nacional acreditó que había mentido y tuvo que reconocer que las había pasado a terceros”.

También argumentan que el marido de Dina, Ricardo Sa Ferreira, “dijo a las autoridades que tras el robo del móvil, él no había vuelto a saber nada sobre la tarjeta”, pero que “para acreditar que ella no la destruyó, aportó como prueba una serie de correos electrónicos que había mandado a una tienda para intentar recuperar los datos”. En este sentido añaden que la exasesora dijo que los intentos de recurar la información tuvieron lugar en el verano de 2016, aunque “los correos son de febrero de 2017”.

Castro destaca que en el caso de Iglesias, obedece a una estrategia por la que “victimizarse” para sacar rédito político y que los abogados del partido concertaron con la Fiscalía Anticorrupción para intentar implicar al medio digital OK Diario en el caso Dina. La denuncia de José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, supone una ”prueba más de todo ello”, según la formación de la extrema derecha.

Finalmente, la querella solicita que los cuatro querellados declaren y que “se recabe la información publicada sobre los hechos referidos en  los medios  de  comunicación  y  páginas  web  sobre  los  hechos  que  hayan  sido publicadas,  para  que  sean  contrastadas por la unidad  correspondiente a fin de certificar las mismas”.