Vox anuncia que recurrirá la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno va a aprobar, previsiblemente, en el Consejo de Ministros de este martes. El secretario general de la ultraderecha, Ignacio Garriga, ha asegurado que solicitarán su suspensión cautelar ante el Tribunal Supremo. Los de Santiago Abascal siguen así la estela de Isabel Díaz Ayuso, que anunció el pasado jueves que liderará la ofensiva del PP ante la iniciativa del Ejecutivo.
Vox considera que la iniciativa, avalada la pasada semana por el Consejo de Estado, es otra forma de "corrupción", y carga contra ella en línea con su discurso antimigratorio: "Mañana lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria", ha dicho Garriga. El número dos de Abascal ha señalado en la sede nacional de Vox que el Gobierno "va a lanzar un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España", y ha amenazado: "Nosotros no nos vamos a quedar parados ante este enésimo ataque al pueblo español".
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de enero iniciar el trámite para regularizar a medio millón de personas que ya residen en España, tras pactarlo con Podemos y después de que los morados impulsaran la iniciativa de varias plataformas. El real decreto del Ministerio de Migraciones -que dirige Elma Saiz- se encontraba paralizado, a la espera de la revisión del Consejo de Estado. El órgano consultivo, que preside Carmen Calvo, ha dado luz verde, aunque ha pedido al Gobierno mayor rigor para comprobar los antecedentes penales de los beneficiarios de permisos de residencia en España.
PP y Vox fían a los tribunales su cruzada contra la migración
Y antes de que se apruebe, que previsiblemente ocurrirá este martes, el PP primero, y Vox ahora, han anunciado que van a llevar el real decreto a los tribunales. Ambas derechas llevan criticando la regularización desde su aprobación, pero coinciden ahora en desactivarla por la vía judicial. Los dos partidos encuentran en el discurso antiinmigratorio un punto de acuerdo -después de que los de Alberto Núñez Feijóo se hayan endurecido en ese sentido- en plenas negociaciones para formar Gobiernos autonómicos y con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina.
Eso sí, fue Isabel Díaz Ayuso la que tomó la delantera. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya dijo exprésamente el jueves que recurrirá el decreto del Gobierno cuando se apruebe. La baronesa está en contra de "regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales", como dijo en su discurso. Ayuso enmarca esto en el discurso habitual de su partido y Vox sobre la migración, asegurando que satura los servicios públicos que ella misma descuida: "Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos", aseguró.
A ojos de la presidenta autonómica, esto se corresponde con un "desorden" y una "ilegalidad". Ayuso anunció su intención de "frenar ese disparate", que, según ella, promueve el Ejecutivo central: "Lo que tenemos que seguir haciendo es reclamar orden y ley a este Gobierno y no permitir ni los asentamientos ilegales, tampoco el reparto ilegal de menores", dijo. "Todo que está intentando hacer el Gobierno de Pedro Sánchez, que es promover la inmigración irregular para multiplicar el desorden", añadió.
Cuatro días después, la ultraderecha toma la palabra, aunque ya habían dado señas de que van a seguir la estela en este asunto. En ese sentido, hace unas semanas Vox apoyó -junto a Junts- una iniciativa del PP para instar al Gobierno a endurecer las condiciones de regularización de personas migrantes. El endurecimiento de las políticas de inmigración es una de las demandas principales de los de Abascal al PP en sus pactos autonómicos.
En el Congreso, el diputado de la ultraderecha Alberto Asalta tomó la palabra para reiterar los mensajes del 'popular' Rafael Hernando, que ya había agotado el argumentario de la ultraderecha. "Las mafias operan con total impunidad. Entrar ilegalmente en España acaba teniendo recompensa. No es solidaridad, sino irresponsabilidad", clamaba el portavoz, que también lanzaba una pregunta a sus señorías: "¿Se puede garantizar la seguridad nacional cuando se pierde el control efectivo de quien entra?".